De aquí a septiembre debería estar listo el proyecto de ley que endurece las sanciones a quienes agredan a los trabajadores de la prensa, sean periodistas, camarógrafos o reporteros gráficos.
Este fue al menos el compromiso que adquirió el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, con representantes del Colegio de Periodistas, luego de una breve reunión en La Moneda.
La iniciativa sería consensuada entre el Colegio, el Ejecutivo, académicos y sindicatos de medios de comunicación, en base a un proyecto de ley presentado por los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Patricio Walker el año pasado.
Patricio Segura, consejero nacional de la organización gremial, sostuvo que el objetivo es “profundizar las garantías de cualquier ciudadano a buscar información”, razón por la que valoró los resultados del encuentro.
“Creemos que es positivo. Estamos en conversaciones, se va a formar una mesa de trabajo y vamos a estar atentos porque lo que le interesa al Colegio de Periodistas es fundamentalmente garantizar, no sólo en el caso de periodistas sino de toda la ciudadanía, el acceso a la información y la libertad de expresión, pero particularmente con quienes ejercen roles específicos de informar”, señaló.
El dirigente agregó que la ley de fortalecimiento de orden público, aprobada este miércoles por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, también es una agresión al ejercicio del trabajo periodístico, debido al artículo que permite a las policías requisar medios de prueba a los trabajadores de la prensa.
“Nosotros estamos planteando que la agresión y cuando a los trabajadores de la prensa, en general, se les requisa el material y les coartan el derecho de acceder a la información es importante y tiene que ser protegidos frente a todos quienes hagan esa acción. Respecto de agentes del Estado, como ocurre con las policías, es más grave aún porque ellos tienen el rol contrario, permitir que se cumpla la ley, y en este caso se está vulnerando una garantía constitucional”, advirtió.
Otro de los puntos que deberá clarificarse en la mesa de trabajo es la cobertura que tenga esta hipotética normativa.
En este sentido Rodrigo Miranda, secretario ejecutivo del Colegio de Periodistas, señaló que “no solamente tenemos casos de periodistas sino también de comunicadores sociales, gente que trabaja en medios populares o radios comunitarias. Tenemos que ver cómo consensuamos una especie de registro o acreditación que permita incluir periodistas que trabajen en medios formales, en medios alternativos. ¿Será el Colegio de Periodistas el encargado de tener ese registro aunque no estén colegiados o será otro organismo? Eso es lo que tenemos que definir”.
Desde el Gobierno, el ministro Andrés Chadwick sostuvo que coinciden en el objetivo de mejorar y perfeccionar la actual legislación, pese a que la moción presentada por los senadores Ruiz-Esquide y Walker data de junio de 2011.
Además, cabe recordar que el proyecto de ley que determina el estatuto del periodista, que también incluye sanciones más duras, fue ingresado en el año 2007 y no registra variación en el Senado desde 2009.
De aquí a septiembre debería estar listo el proyecto de ley que endurece las sanciones a quienes agredan a los trabajadores de la prensa, sean periodistas, camarógrafos o reporteros gráficos.
Este fue al menos el compromiso que adquirió el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, con representantes del Colegio de Periodistas, luego de una breve reunión en La Moneda.
La iniciativa sería consensuada entre el Colegio, el Ejecutivo, académicos y sindicatos de medios de comunicación, en base a un proyecto de ley presentado por los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Patricio Walker el año pasado.
Patricio Segura, consejero nacional de la organización gremial, sostuvo que el objetivo es “profundizar las garantías de cualquier ciudadano a buscar información”, razón por la que valoró los resultados del encuentro.
“Creemos que es positivo. Estamos en conversaciones, se va a formar una mesa de trabajo y vamos a estar atentos porque lo que le interesa al Colegio de Periodistas es fundamentalmente garantizar, no sólo en el caso de periodistas sino de toda la ciudadanía, el acceso a la información y la libertad de expresión, pero particularmente con quienes ejercen roles específicos de informar”, señaló.
El dirigente agregó que la ley de fortalecimiento de orden público, aprobada este miércoles por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, también es una agresión al ejercicio del trabajo periodístico, debido al artículo que permite a las policías requisar medios de prueba a los trabajadores de la prensa.
“Nosotros estamos planteando que la agresión y cuando a los trabajadores de la prensa, en general, se les requisa el material y les coartan el derecho de acceder a la información es importante y tiene que ser protegidos frente a todos quienes hagan esa acción. Respecto de agentes del Estado, como ocurre con las policías, es más grave aún porque ellos tienen el rol contrario, permitir que se cumpla la ley, y en este caso se está vulnerando una garantía constitucional”, advirtió.
Otro de los puntos que deberá clarificarse en la mesa de trabajo es la cobertura que tenga esta hipotética normativa.
En este sentido Rodrigo Miranda, secretario ejecutivo del Colegio de Periodistas, señaló que “no solamente tenemos casos de periodistas sino también de comunicadores sociales, gente que trabaja en medios populares o radios comunitarias. Tenemos que ver cómo consensuamos una especie de registro o acreditación que permita incluir periodistas que trabajen en medios formales, en medios alternativos. ¿Será el Colegio de Periodistas el encargado de tener ese registro aunque no estén colegiados o será otro organismo? Eso es lo que tenemos que definir”.
Desde el Gobierno, el ministro Andrés Chadwick sostuvo que coinciden en el objetivo de mejorar y perfeccionar la actual legislación, pese a que la moción presentada por los senadores Ruiz-Esquide y Walker data de junio de 2011.
Además, cabe recordar que el proyecto de ley que determina el estatuto del periodista, que también incluye sanciones más duras, fue ingresado en el año 2007 y no registra variación en el Senado desde 2009.
De aquí a septiembre debería estar listo el proyecto de ley que endurece las sanciones a quienes agredan a los trabajadores de la prensa, sean periodistas, camarógrafos o reporteros gráficos.
Este fue al menos el compromiso que adquirió el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, con representantes del Colegio de Periodistas, luego de una breve reunión en La Moneda.
La iniciativa sería consensuada entre el Colegio, el Ejecutivo, académicos y sindicatos de medios de comunicación, en base a un proyecto de ley presentado por los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Patricio Walker el año pasado.
Patricio Segura, consejero nacional de la organización gremial, sostuvo que el objetivo es “profundizar las garantías de cualquier ciudadano a buscar información”, razón por la que valoró los resultados del encuentro.
“Creemos que es positivo. Estamos en conversaciones, se va a formar una mesa de trabajo y vamos a estar atentos porque lo que le interesa al Colegio de Periodistas es fundamentalmente garantizar, no sólo en el caso de periodistas sino de toda la ciudadanía, el acceso a la información y la libertad de expresión, pero particularmente con quienes ejercen roles específicos de informar”, señaló.
El dirigente agregó que la ley de fortalecimiento de orden público, aprobada este miércoles por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, también es una agresión al ejercicio del trabajo periodístico, debido al artículo que permite a las policías requisar medios de prueba a los trabajadores de la prensa.
“Nosotros estamos planteando que la agresión y cuando a los trabajadores de la prensa, en general, se les requisa el material y les coartan el derecho de acceder a la información es importante y tiene que ser protegidos frente a todos quienes hagan esa acción. Respecto de agentes del Estado, como ocurre con las policías, es más grave aún porque ellos tienen el rol contrario, permitir que se cumpla la ley, y en este caso se está vulnerando una garantía constitucional”, advirtió.
Otro de los puntos que deberá clarificarse en la mesa de trabajo es la cobertura que tenga esta hipotética normativa.
En este sentido Rodrigo Miranda, secretario ejecutivo del Colegio de Periodistas, señaló que “no solamente tenemos casos de periodistas sino también de comunicadores sociales, gente que trabaja en medios populares o radios comunitarias. Tenemos que ver cómo consensuamos una especie de registro o acreditación que permita incluir periodistas que trabajen en medios formales, en medios alternativos. ¿Será el Colegio de Periodistas el encargado de tener ese registro aunque no estén colegiados o será otro organismo? Eso es lo que tenemos que definir”.
Desde el Gobierno, el ministro Andrés Chadwick sostuvo que coinciden en el objetivo de mejorar y perfeccionar la actual legislación, pese a que la moción presentada por los senadores Ruiz-Esquide y Walker data de junio de 2011.
Además, cabe recordar que el proyecto de ley que determina el estatuto del periodista, que también incluye sanciones más duras, fue ingresado en el año 2007 y no registra variación en el Senado desde 2009.
