Diputados presentarán proyecto para explicitar derecho a manifestarse en lugares públicos
La iniciativa busca reemplazar el artículo 19 de la Constitución que establece esta garantía de forma general, pero que, en la práctica, se ha pasado a llevar. A juicio de los legisladores, el Gobierno debe hacerse cargo de la represión que han sufrido los movimientos sociales. "Esta administración no ha entendido que la libertad de expresión es una de las formas más evidentes de un Estado de Derecho y un sistema democrático", dijeron.
Miércoles 22 de agosto 2012 15:40 hrs.
Parlamentarios presentaron un proyecto de ley que busca reformar la Constitución y establecer el derecho a manifestarse pacíficamente en cualquier lugar de uso público.
La moción, patrocinada por los diputados René Alinco (IND), Pedro Araya (PRI), Pepe Auth (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Ramón Farías (PPD), José Miguel Ortiz (DC), Gaspar Rivas (RN) y Alejandra Sepúlveda (PRI), se presentó debido a los últimos hechos de violencia y represión que han sufrido los estudiantes al intentar movilizarse.
Los diputados explicaron que la Constitución reconoce el derecho a reunirse en forma pacífica y sin armas en un lugar de uso público, sin necesidad de permiso previo. Sin embargo, esta garantía es de carácter general y ha conducido a constantes interpretaciones de dicha norma.
Para el diputado Marcos Espinosa, el Ministerio del Interior debe hacerse responsable de la violencia ejercida por la policía uniformada: “Hemos visto con preocupación cómo es el actuar de Carabineros, muchas veces desproporcionado y desmedido. Por lo tanto, creemos necesario empezar a legislar en esta materia, porque no olvidemos que quien está encargado del orden público y la seguridad, de acuerdo a la Constitución, es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, cuando las policías dicen que han actuado de manera autónoma e independiente respecto de una situación determinada, nos parece que se está vulnerando una disposición constitucional”, dijo.
El parlamentario agregó que estos hechos son una muestra que el Gobierno no tolera los movimientos sociales: “Sin lugar a dudas, a este Gobierno le incomodan los movimientos ciudadanos y toda forma de expresión. Me da la impresión de que ellos no han entendido que estamos en una democracia donde justamente la libertad de expresión es una de las formas más evidentes de expresión de un Estado de Derecho y un sistema democrático. Por lo tanto, esto de criminalizar y estigmatizar los movimientos estudiantiles, y ciudadanos en su conjunto, es un error de proporciones”, indicó.
Los autores de la moción reconocen además que debe rechazarse enérgicamente la violencia, pero no por ello se debe castigar a los ciudadanos que no la ejercen: “En democracia se debe rechazar tanto la violencia como a sus autores, pero también se debe dar el espacio a los ciudadanos” afirmaron.
Con este proyecto se busca reemplazar el artículo 19 de la Constitución y las dependencias en las que funcionen servicios públicos, administrativos, municipales o judiciales no se considerarán lugar de uso público.
Parlamentarios presentaron un proyecto de ley que busca reformar la Constitución y establecer el derecho a manifestarse pacíficamente en cualquier lugar de uso público.
La moción, patrocinada por los diputados René Alinco (IND), Pedro Araya (PRI), Pepe Auth (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Ramón Farías (PPD), José Miguel Ortiz (DC), Gaspar Rivas (RN) y Alejandra Sepúlveda (PRI), se presentó debido a los últimos hechos de violencia y represión que han sufrido los estudiantes al intentar movilizarse.
Los diputados explicaron que la Constitución reconoce el derecho a reunirse en forma pacífica y sin armas en un lugar de uso público, sin necesidad de permiso previo. Sin embargo, esta garantía es de carácter general y ha conducido a constantes interpretaciones de dicha norma.
Para el diputado Marcos Espinosa, el Ministerio del Interior debe hacerse responsable de la violencia ejercida por la policía uniformada: “Hemos visto con preocupación cómo es el actuar de Carabineros, muchas veces desproporcionado y desmedido. Por lo tanto, creemos necesario empezar a legislar en esta materia, porque no olvidemos que quien está encargado del orden público y la seguridad, de acuerdo a la Constitución, es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, cuando las policías dicen que han actuado de manera autónoma e independiente respecto de una situación determinada, nos parece que se está vulnerando una disposición constitucional”, dijo.
El parlamentario agregó que estos hechos son una muestra que el Gobierno no tolera los movimientos sociales: “Sin lugar a dudas, a este Gobierno le incomodan los movimientos ciudadanos y toda forma de expresión. Me da la impresión de que ellos no han entendido que estamos en una democracia donde justamente la libertad de expresión es una de las formas más evidentes de expresión de un Estado de Derecho y un sistema democrático. Por lo tanto, esto de criminalizar y estigmatizar los movimientos estudiantiles, y ciudadanos en su conjunto, es un error de proporciones”, indicó.
Los autores de la moción reconocen además que debe rechazarse enérgicamente la violencia, pero no por ello se debe castigar a los ciudadanos que no la ejercen: “En democracia se debe rechazar tanto la violencia como a sus autores, pero también se debe dar el espacio a los ciudadanos” afirmaron.
Con este proyecto se busca reemplazar el artículo 19 de la Constitución y las dependencias en las que funcionen servicios públicos, administrativos, municipales o judiciales no se considerarán lugar de uso público.
Parlamentarios presentaron un proyecto de ley que busca reformar la Constitución y establecer el derecho a manifestarse pacíficamente en cualquier lugar de uso público.
La moción, patrocinada por los diputados René Alinco (IND), Pedro Araya (PRI), Pepe Auth (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Ramón Farías (PPD), José Miguel Ortiz (DC), Gaspar Rivas (RN) y Alejandra Sepúlveda (PRI), se presentó debido a los últimos hechos de violencia y represión que han sufrido los estudiantes al intentar movilizarse.
Los diputados explicaron que la Constitución reconoce el derecho a reunirse en forma pacífica y sin armas en un lugar de uso público, sin necesidad de permiso previo. Sin embargo, esta garantía es de carácter general y ha conducido a constantes interpretaciones de dicha norma.
Para el diputado Marcos Espinosa, el Ministerio del Interior debe hacerse responsable de la violencia ejercida por la policía uniformada: “Hemos visto con preocupación cómo es el actuar de Carabineros, muchas veces desproporcionado y desmedido. Por lo tanto, creemos necesario empezar a legislar en esta materia, porque no olvidemos que quien está encargado del orden público y la seguridad, de acuerdo a la Constitución, es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, cuando las policías dicen que han actuado de manera autónoma e independiente respecto de una situación determinada, nos parece que se está vulnerando una disposición constitucional”, dijo.
El parlamentario agregó que estos hechos son una muestra que el Gobierno no tolera los movimientos sociales: “Sin lugar a dudas, a este Gobierno le incomodan los movimientos ciudadanos y toda forma de expresión. Me da la impresión de que ellos no han entendido que estamos en una democracia donde justamente la libertad de expresión es una de las formas más evidentes de expresión de un Estado de Derecho y un sistema democrático. Por lo tanto, esto de criminalizar y estigmatizar los movimientos estudiantiles, y ciudadanos en su conjunto, es un error de proporciones”, indicó.
Los autores de la moción reconocen además que debe rechazarse enérgicamente la violencia, pero no por ello se debe castigar a los ciudadanos que no la ejercen: “En democracia se debe rechazar tanto la violencia como a sus autores, pero también se debe dar el espacio a los ciudadanos” afirmaron.
Con este proyecto se busca reemplazar el artículo 19 de la Constitución y las dependencias en las que funcionen servicios públicos, administrativos, municipales o judiciales no se considerarán lugar de uso público.
