La actividad fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes invitaron a delegados de las Defensorías de los Pueblos de Colombia y Perú y al Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH) como invitado local.
En esa línea, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que “es tiempo de asumir la paridad entre chilenos e indígenas, respetando los derechos individuales y colectivos”.
“Hay que asumir los conflictos, también lo mal hecho, para poder hacer algo bien a futuro, sobre todo de cara a lo que viene, que es la regulación de la consulta. Tenemos una historia larga de política unilateral del Estado de Chile probando ciertos modelos, después otros, después más allá o más acá, y por tanto una historia de frustración y desconfianza con el Estado chileno. Eso es algo que tenemos que asumir y dar un tratamiento distinto, debiera ser un tema de Estado y no solo de Gobierno. Hay que romper con la política unilateral y esa es la historia del Estado de Chile con los pueblos indígenas”, explicó.
Fríes aprovechó esta cita, a la que acudieron dirigentes mapuches, para recalcar que “pese a las escasas atribuciones y potestad que le ha otorgado el Gobierno, el Instituto ha estado comunicando permanentemente a los organismos internacionales de las vulneraciones sufridas por los comuneros”.
Respecto de la visión regional que se tiene del manejo del Gobierno de Sebastián Piñera con el conflicto indígena, Horacio Guerrero, delegado de la Defensoría de los Pueblos de Colombia, recalcó que “los pueblos originarios de Chile tiene que hacer valer los derechos suscritos en el convenio 169 de la OIT, basándose en experiencias internacionales”.
Sin embargo, en caso de seguir sin respuestas, “los dirigentes deberán acudir a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana o la Corte Penal”, insistió Guerrero.
“En Chile no existe realmente una institucionalidad para la defensa y protección de los derechos. Sin embargo, hay un instrumento nuevo que es la aprobación del convenio 169, que si se sabe aprovechar por parte de las organizaciones indígenas, permitiría un nuevo escenario no solo para consultas sino para la protección efectiva de los derechos de los pueblos. Hay un camino que deben empezar a recorrer las organizaciones indígenas chilenas para ver cómo se implementa ese convenio y cómo se protegen los derechos fundamentales”, dijo.
Respecto de los emplazamientos que los comuneros mapuches le hicieron al organismo chileno, y que incluso exigieron el pronunciamiento inmediato de los departamentos de Derechos Humanos de la ONU, Domingo Gineo Antinao, lonko de la comunidad José Gineo Ñanco, aseguró que parte importante del conflicto atraviesa por el desconocimiento que el Estado chileno tiene de sus pueblos originarios.
Además, Ginero aprovechó de pedir voluntad política para discutir y solucionar cuanto antes la titularidad de los terrenos, que -indicó- ancestralmente le corresponde al pueblo mapuche: “Pasa por la sensibilidad de los distintos estamentos del Estado, porque tienen un gran y profundo desconocimiento hacia nuestro pueblo y tampoco hay voluntad política para avanzar. Y no habiendo voluntad política del Estado y del Gobierno actual, poco podremos avanzar. Lo que le pedimos a todas las instituciones del Estado es que a esta altura de la vida puedan establecer horas y días para iniciar las conversaciones, los diálogos regionales, comunales y provinciales, y empezar a resolver los juicios históricos sobre la tenencia de tierras, por ejemplo, para la restitución de la tierra usurpada”, señaló.
No obstante, el Decreto 124 – que entró en vigencia el 25 de septiembre de 2009 durante la administración de Michelle Bachelet – ha sumado detractores en la comunidad indígena, ya que no se ajusta a las normas internacionales. Fue dictado sin realizar una consulta previa a los pueblos indígenas y con su aplicación, el Estado de Chile transgrediría el convenio 169 de la OIT y con ello, la Convención de Viena sobre los Tratados, la que señala en su artículo 27 que “una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
La actividad fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes invitaron a delegados de las Defensorías de los Pueblos de Colombia y Perú y al Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH) como invitado local.
En esa línea, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que “es tiempo de asumir la paridad entre chilenos e indígenas, respetando los derechos individuales y colectivos”.
“Hay que asumir los conflictos, también lo mal hecho, para poder hacer algo bien a futuro, sobre todo de cara a lo que viene, que es la regulación de la consulta. Tenemos una historia larga de política unilateral del Estado de Chile probando ciertos modelos, después otros, después más allá o más acá, y por tanto una historia de frustración y desconfianza con el Estado chileno. Eso es algo que tenemos que asumir y dar un tratamiento distinto, debiera ser un tema de Estado y no solo de Gobierno. Hay que romper con la política unilateral y esa es la historia del Estado de Chile con los pueblos indígenas”, explicó.
Fríes aprovechó esta cita, a la que acudieron dirigentes mapuches, para recalcar que “pese a las escasas atribuciones y potestad que le ha otorgado el Gobierno, el Instituto ha estado comunicando permanentemente a los organismos internacionales de las vulneraciones sufridas por los comuneros”.
Respecto de la visión regional que se tiene del manejo del Gobierno de Sebastián Piñera con el conflicto indígena, Horacio Guerrero, delegado de la Defensoría de los Pueblos de Colombia, recalcó que “los pueblos originarios de Chile tiene que hacer valer los derechos suscritos en el convenio 169 de la OIT, basándose en experiencias internacionales”.
Sin embargo, en caso de seguir sin respuestas, “los dirigentes deberán acudir a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana o la Corte Penal”, insistió Guerrero.
“En Chile no existe realmente una institucionalidad para la defensa y protección de los derechos. Sin embargo, hay un instrumento nuevo que es la aprobación del convenio 169, que si se sabe aprovechar por parte de las organizaciones indígenas, permitiría un nuevo escenario no solo para consultas sino para la protección efectiva de los derechos de los pueblos. Hay un camino que deben empezar a recorrer las organizaciones indígenas chilenas para ver cómo se implementa ese convenio y cómo se protegen los derechos fundamentales”, dijo.
Respecto de los emplazamientos que los comuneros mapuches le hicieron al organismo chileno, y que incluso exigieron el pronunciamiento inmediato de los departamentos de Derechos Humanos de la ONU, Domingo Gineo Antinao, lonko de la comunidad José Gineo Ñanco, aseguró que parte importante del conflicto atraviesa por el desconocimiento que el Estado chileno tiene de sus pueblos originarios.
Además, Ginero aprovechó de pedir voluntad política para discutir y solucionar cuanto antes la titularidad de los terrenos, que -indicó- ancestralmente le corresponde al pueblo mapuche: “Pasa por la sensibilidad de los distintos estamentos del Estado, porque tienen un gran y profundo desconocimiento hacia nuestro pueblo y tampoco hay voluntad política para avanzar. Y no habiendo voluntad política del Estado y del Gobierno actual, poco podremos avanzar. Lo que le pedimos a todas las instituciones del Estado es que a esta altura de la vida puedan establecer horas y días para iniciar las conversaciones, los diálogos regionales, comunales y provinciales, y empezar a resolver los juicios históricos sobre la tenencia de tierras, por ejemplo, para la restitución de la tierra usurpada”, señaló.
No obstante, el Decreto 124 – que entró en vigencia el 25 de septiembre de 2009 durante la administración de Michelle Bachelet – ha sumado detractores en la comunidad indígena, ya que no se ajusta a las normas internacionales. Fue dictado sin realizar una consulta previa a los pueblos indígenas y con su aplicación, el Estado de Chile transgrediría el convenio 169 de la OIT y con ello, la Convención de Viena sobre los Tratados, la que señala en su artículo 27 que “una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
La actividad fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes invitaron a delegados de las Defensorías de los Pueblos de Colombia y Perú y al Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH) como invitado local.
En esa línea, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que “es tiempo de asumir la paridad entre chilenos e indígenas, respetando los derechos individuales y colectivos”.
“Hay que asumir los conflictos, también lo mal hecho, para poder hacer algo bien a futuro, sobre todo de cara a lo que viene, que es la regulación de la consulta. Tenemos una historia larga de política unilateral del Estado de Chile probando ciertos modelos, después otros, después más allá o más acá, y por tanto una historia de frustración y desconfianza con el Estado chileno. Eso es algo que tenemos que asumir y dar un tratamiento distinto, debiera ser un tema de Estado y no solo de Gobierno. Hay que romper con la política unilateral y esa es la historia del Estado de Chile con los pueblos indígenas”, explicó.
Fríes aprovechó esta cita, a la que acudieron dirigentes mapuches, para recalcar que “pese a las escasas atribuciones y potestad que le ha otorgado el Gobierno, el Instituto ha estado comunicando permanentemente a los organismos internacionales de las vulneraciones sufridas por los comuneros”.
Respecto de la visión regional que se tiene del manejo del Gobierno de Sebastián Piñera con el conflicto indígena, Horacio Guerrero, delegado de la Defensoría de los Pueblos de Colombia, recalcó que “los pueblos originarios de Chile tiene que hacer valer los derechos suscritos en el convenio 169 de la OIT, basándose en experiencias internacionales”.
Sin embargo, en caso de seguir sin respuestas, “los dirigentes deberán acudir a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana o la Corte Penal”, insistió Guerrero.
“En Chile no existe realmente una institucionalidad para la defensa y protección de los derechos. Sin embargo, hay un instrumento nuevo que es la aprobación del convenio 169, que si se sabe aprovechar por parte de las organizaciones indígenas, permitiría un nuevo escenario no solo para consultas sino para la protección efectiva de los derechos de los pueblos. Hay un camino que deben empezar a recorrer las organizaciones indígenas chilenas para ver cómo se implementa ese convenio y cómo se protegen los derechos fundamentales”, dijo.
Respecto de los emplazamientos que los comuneros mapuches le hicieron al organismo chileno, y que incluso exigieron el pronunciamiento inmediato de los departamentos de Derechos Humanos de la ONU, Domingo Gineo Antinao, lonko de la comunidad José Gineo Ñanco, aseguró que parte importante del conflicto atraviesa por el desconocimiento que el Estado chileno tiene de sus pueblos originarios.
Además, Ginero aprovechó de pedir voluntad política para discutir y solucionar cuanto antes la titularidad de los terrenos, que -indicó- ancestralmente le corresponde al pueblo mapuche: “Pasa por la sensibilidad de los distintos estamentos del Estado, porque tienen un gran y profundo desconocimiento hacia nuestro pueblo y tampoco hay voluntad política para avanzar. Y no habiendo voluntad política del Estado y del Gobierno actual, poco podremos avanzar. Lo que le pedimos a todas las instituciones del Estado es que a esta altura de la vida puedan establecer horas y días para iniciar las conversaciones, los diálogos regionales, comunales y provinciales, y empezar a resolver los juicios históricos sobre la tenencia de tierras, por ejemplo, para la restitución de la tierra usurpada”, señaló.
No obstante, el Decreto 124 – que entró en vigencia el 25 de septiembre de 2009 durante la administración de Michelle Bachelet – ha sumado detractores en la comunidad indígena, ya que no se ajusta a las normas internacionales. Fue dictado sin realizar una consulta previa a los pueblos indígenas y con su aplicación, el Estado de Chile transgrediría el convenio 169 de la OIT y con ello, la Convención de Viena sobre los Tratados, la que señala en su artículo 27 que “una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
