El jefe de la prefectura central de Carabineros, Víctor Tapia, informó que decidieron dar de baja al funcionario que fue grabado por un trabajador – cuando con golpes de puños y patadas en la cabeza – agredía a un estudiante que en compañía de otros jóvenes se guarecían de un operativo represivo, en un edificio en construcción.
Víctor Tapia indicó precisó que “se estableció la identidad de un funcionario, que citado a presencia, reconoció su participación en un hecho que se aparta absolutamente de los lineamientos de nuestro general director y en forma inmediata fue desvinculado de la institución el miércoles a las 20:00 horas. Quiero acotar que aparte de eso, se instruyó un sumario para poder establecer eventuales responsabilidades de otros integrantes del personal”.
Por su parte, el general director de Carabineros, Gustavo González, comentó que van “a hacer todos los esfuerzos necesarios para que este tipo de hechos no se vuelvan a dar, que haya un mayor control, una mayor capacitación de nuestro personal. Sin embargo, no puedo asegurar que ningún hecho va a volver a ocurrir. Eso no es posible en una entidad tan grande como la nuestra donde hay cerca de 50 mil carabineros”
Desde el Gobierno, el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, respaldó a la policía y cuestionó las críticas de las que ha sido presa este cuerpo policial.
“Muchas veces escucho a parlamentarios de partidos políticos que hablan y acusan a Carabineros y a personas en general o particular y después tímidamente o no condenan al tema de la violencia o ponen énfasis en una supuesta violencia de la institución”, dijo la autoridad.
Atropello a los derechos humanos
En tanto, Sebastián Donoso, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach), afirmó que estos casos hacen más inaceptable la aprobación de la denominada Ley Hinzpeter.
“Si bien, hay pronunciamientos, éstos no han sido del calibre del que deberían ser en relación a estos hechos y también entendiendo que hoy hay una ley que se busca aprobar en el Senado, que finalmente lo que hace es potenciar este tipo de hechos. No ayuda a tener un mayor control de lo que hace Carabineros y así también lo ha manifestado el Ministro del Interior a través de la omisión de estos casos”, sentenció el dirigente.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos humanos aseveró que no se puede comparar un delito de un manifestante con una violación a los derechos humanos de aparatos del Estado como es el abuso policial.
“Cuando estamos frente a actos violentos que se realizan fuera del marco legal carabineros con civiles, se trata de una violación a los derechos humanos. Cuando esos actos provienen de personas encapuchadas que cometen delitos, estamos hablando de eso, de un delito y lo que corresponde es que Carabineros focalice su acción en aquellos que cometen actos violentos, los detenga, se procesen y si efectivamente se prueba la participación, se sanciona, pero esos son delitos, para eso está la policía, pero no está para cometer atropellos en contra de los derechos humanos”, sentenció la abogada.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene en su poder a lo menos ocho denuncias de abusos policiales en el contexto de las movilizaciones de este año y pondrá los antecedentes en poder de la justicia en los próximos días.
El jefe de la prefectura central de Carabineros, Víctor Tapia, informó que decidieron dar de baja al funcionario que fue grabado por un trabajador – cuando con golpes de puños y patadas en la cabeza – agredía a un estudiante que en compañía de otros jóvenes se guarecían de un operativo represivo, en un edificio en construcción.
Víctor Tapia indicó precisó que “se estableció la identidad de un funcionario, que citado a presencia, reconoció su participación en un hecho que se aparta absolutamente de los lineamientos de nuestro general director y en forma inmediata fue desvinculado de la institución el miércoles a las 20:00 horas. Quiero acotar que aparte de eso, se instruyó un sumario para poder establecer eventuales responsabilidades de otros integrantes del personal”.
Por su parte, el general director de Carabineros, Gustavo González, comentó que van “a hacer todos los esfuerzos necesarios para que este tipo de hechos no se vuelvan a dar, que haya un mayor control, una mayor capacitación de nuestro personal. Sin embargo, no puedo asegurar que ningún hecho va a volver a ocurrir. Eso no es posible en una entidad tan grande como la nuestra donde hay cerca de 50 mil carabineros”
Desde el Gobierno, el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, respaldó a la policía y cuestionó las críticas de las que ha sido presa este cuerpo policial.
“Muchas veces escucho a parlamentarios de partidos políticos que hablan y acusan a Carabineros y a personas en general o particular y después tímidamente o no condenan al tema de la violencia o ponen énfasis en una supuesta violencia de la institución”, dijo la autoridad.
Atropello a los derechos humanos
En tanto, Sebastián Donoso, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach), afirmó que estos casos hacen más inaceptable la aprobación de la denominada Ley Hinzpeter.
“Si bien, hay pronunciamientos, éstos no han sido del calibre del que deberían ser en relación a estos hechos y también entendiendo que hoy hay una ley que se busca aprobar en el Senado, que finalmente lo que hace es potenciar este tipo de hechos. No ayuda a tener un mayor control de lo que hace Carabineros y así también lo ha manifestado el Ministro del Interior a través de la omisión de estos casos”, sentenció el dirigente.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos humanos aseveró que no se puede comparar un delito de un manifestante con una violación a los derechos humanos de aparatos del Estado como es el abuso policial.
“Cuando estamos frente a actos violentos que se realizan fuera del marco legal carabineros con civiles, se trata de una violación a los derechos humanos. Cuando esos actos provienen de personas encapuchadas que cometen delitos, estamos hablando de eso, de un delito y lo que corresponde es que Carabineros focalice su acción en aquellos que cometen actos violentos, los detenga, se procesen y si efectivamente se prueba la participación, se sanciona, pero esos son delitos, para eso está la policía, pero no está para cometer atropellos en contra de los derechos humanos”, sentenció la abogada.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene en su poder a lo menos ocho denuncias de abusos policiales en el contexto de las movilizaciones de este año y pondrá los antecedentes en poder de la justicia en los próximos días.
El jefe de la prefectura central de Carabineros, Víctor Tapia, informó que decidieron dar de baja al funcionario que fue grabado por un trabajador – cuando con golpes de puños y patadas en la cabeza – agredía a un estudiante que en compañía de otros jóvenes se guarecían de un operativo represivo, en un edificio en construcción.
Víctor Tapia indicó precisó que “se estableció la identidad de un funcionario, que citado a presencia, reconoció su participación en un hecho que se aparta absolutamente de los lineamientos de nuestro general director y en forma inmediata fue desvinculado de la institución el miércoles a las 20:00 horas. Quiero acotar que aparte de eso, se instruyó un sumario para poder establecer eventuales responsabilidades de otros integrantes del personal”.
Por su parte, el general director de Carabineros, Gustavo González, comentó que van “a hacer todos los esfuerzos necesarios para que este tipo de hechos no se vuelvan a dar, que haya un mayor control, una mayor capacitación de nuestro personal. Sin embargo, no puedo asegurar que ningún hecho va a volver a ocurrir. Eso no es posible en una entidad tan grande como la nuestra donde hay cerca de 50 mil carabineros”
Desde el Gobierno, el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, respaldó a la policía y cuestionó las críticas de las que ha sido presa este cuerpo policial.
“Muchas veces escucho a parlamentarios de partidos políticos que hablan y acusan a Carabineros y a personas en general o particular y después tímidamente o no condenan al tema de la violencia o ponen énfasis en una supuesta violencia de la institución”, dijo la autoridad.
Atropello a los derechos humanos
En tanto, Sebastián Donoso, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach), afirmó que estos casos hacen más inaceptable la aprobación de la denominada Ley Hinzpeter.
“Si bien, hay pronunciamientos, éstos no han sido del calibre del que deberían ser en relación a estos hechos y también entendiendo que hoy hay una ley que se busca aprobar en el Senado, que finalmente lo que hace es potenciar este tipo de hechos. No ayuda a tener un mayor control de lo que hace Carabineros y así también lo ha manifestado el Ministro del Interior a través de la omisión de estos casos”, sentenció el dirigente.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos humanos aseveró que no se puede comparar un delito de un manifestante con una violación a los derechos humanos de aparatos del Estado como es el abuso policial.
“Cuando estamos frente a actos violentos que se realizan fuera del marco legal carabineros con civiles, se trata de una violación a los derechos humanos. Cuando esos actos provienen de personas encapuchadas que cometen delitos, estamos hablando de eso, de un delito y lo que corresponde es que Carabineros focalice su acción en aquellos que cometen actos violentos, los detenga, se procesen y si efectivamente se prueba la participación, se sanciona, pero esos son delitos, para eso está la policía, pero no está para cometer atropellos en contra de los derechos humanos”, sentenció la abogada.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene en su poder a lo menos ocho denuncias de abusos policiales en el contexto de las movilizaciones de este año y pondrá los antecedentes en poder de la justicia en los próximos días.
