Un grupo de vecinos de Puchuncaví presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando que se declare ilegal la renovación de patente que permite el funcionamiento de la refinería y fundición de cobre Codelco Ventanas.
El recurso fue presentado a través de la organización internacional Océana contra la municipalidad de Puchuncaví, por otorgar la potestad para continuar en funcionamiento a través de un decreto alcaldicio.
No obstante, “la empresa no cuenta con los requisitos que según el informe sanitario realizado por ley, es facultativo para otorgar la renovación de estas patentes”.
Así lo señaló Natalia Alfieri, abogada de la organización, recalcando que el municipio de Puchuncaví le había otorgado doce meses (plazo máximo legal) a Codelco Ventanas para que regularizara su situación; Esto, por cierto, no ocurrió.
“La autoridad sanitaria emitió una resolución en abril de 2012 que establece expresamente que no cumple con los requisitos sanitarios básicos, porque tiene déficits estructurales en sus instalaciones que emiten gases fugitivos tóxicos a la comunidad, que traspasan los deslindes de la fundición y refinería. El funcionamiento de una industria en estas condiciones afecta el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de los habitantes de la comuna de Puchuncaví y también su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, explicó Natalia Alfieri.
Puchuncaví es una de las 108 comunas declaradas por el Gobierno como zona de catástrofe y en “emergencia agrícola”, esencialmente por la contaminación emanada desde las termoeléctricas a carbón e industrias de la región; y por la crisis hídrica, producto del delito sistemático de usurpación de aguas, acusado por la ciudadanía y confirmado por la Dirección General de Aguas (DGA).
En esa línea, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, de la Tierra y del Medioambiente (Modatima), recalcó que la comunidad ha exigido y denunciado desde hace años los conflictos de interés que se producen entre los poderes económicos y las autoridades, “que cediendo ante ambiciones personales, conceden todo tipo de permisos por inmorales que éstos sean”.
“En Chile no existe una política ambiental que haya sido capaz de conjugar efectivamente desarrollo económico con protección del medio ambiente. En este escenario, son los ciudadanos los que finalmente quedan expuestos a cuadros de contaminación que comprometen seriamente la vida de las personas y, en particular, de los niños. Durante mucho tiempo, la autoridad ha privilegiado el emprendimiento económico por sobre la protección de las personas”, aseguró.
El dirigente agregó que “la región de Valparaíso exhibe indicadores que confirman la tesis que hemos formulado siempre: se han privilegiado los emprendimientos económicos por sobre la protección de la vida”.
El recurso de protección ya ha sido presentado y ahora se encuentra a la revisión y respuesta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En tanto, Mundaca recalcó que esta práctica no cesará hasta que las leyes sancionen a los responsables y permitan una autodeterminación de la ciudadanía. Para ello, dijo, “se debe rehacer la Constitución heredada de la dictadura y avanzar hacia una Asamblea Constituyente”.
Un grupo de vecinos de Puchuncaví presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando que se declare ilegal la renovación de patente que permite el funcionamiento de la refinería y fundición de cobre Codelco Ventanas.
El recurso fue presentado a través de la organización internacional Océana contra la municipalidad de Puchuncaví, por otorgar la potestad para continuar en funcionamiento a través de un decreto alcaldicio.
No obstante, “la empresa no cuenta con los requisitos que según el informe sanitario realizado por ley, es facultativo para otorgar la renovación de estas patentes”.
Así lo señaló Natalia Alfieri, abogada de la organización, recalcando que el municipio de Puchuncaví le había otorgado doce meses (plazo máximo legal) a Codelco Ventanas para que regularizara su situación; Esto, por cierto, no ocurrió.
“La autoridad sanitaria emitió una resolución en abril de 2012 que establece expresamente que no cumple con los requisitos sanitarios básicos, porque tiene déficits estructurales en sus instalaciones que emiten gases fugitivos tóxicos a la comunidad, que traspasan los deslindes de la fundición y refinería. El funcionamiento de una industria en estas condiciones afecta el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de los habitantes de la comuna de Puchuncaví y también su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, explicó Natalia Alfieri.
Puchuncaví es una de las 108 comunas declaradas por el Gobierno como zona de catástrofe y en “emergencia agrícola”, esencialmente por la contaminación emanada desde las termoeléctricas a carbón e industrias de la región; y por la crisis hídrica, producto del delito sistemático de usurpación de aguas, acusado por la ciudadanía y confirmado por la Dirección General de Aguas (DGA).
En esa línea, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, de la Tierra y del Medioambiente (Modatima), recalcó que la comunidad ha exigido y denunciado desde hace años los conflictos de interés que se producen entre los poderes económicos y las autoridades, “que cediendo ante ambiciones personales, conceden todo tipo de permisos por inmorales que éstos sean”.
“En Chile no existe una política ambiental que haya sido capaz de conjugar efectivamente desarrollo económico con protección del medio ambiente. En este escenario, son los ciudadanos los que finalmente quedan expuestos a cuadros de contaminación que comprometen seriamente la vida de las personas y, en particular, de los niños. Durante mucho tiempo, la autoridad ha privilegiado el emprendimiento económico por sobre la protección de las personas”, aseguró.
El dirigente agregó que “la región de Valparaíso exhibe indicadores que confirman la tesis que hemos formulado siempre: se han privilegiado los emprendimientos económicos por sobre la protección de la vida”.
El recurso de protección ya ha sido presentado y ahora se encuentra a la revisión y respuesta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En tanto, Mundaca recalcó que esta práctica no cesará hasta que las leyes sancionen a los responsables y permitan una autodeterminación de la ciudadanía. Para ello, dijo, “se debe rehacer la Constitución heredada de la dictadura y avanzar hacia una Asamblea Constituyente”.
Un grupo de vecinos de Puchuncaví presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando que se declare ilegal la renovación de patente que permite el funcionamiento de la refinería y fundición de cobre Codelco Ventanas.
El recurso fue presentado a través de la organización internacional Océana contra la municipalidad de Puchuncaví, por otorgar la potestad para continuar en funcionamiento a través de un decreto alcaldicio.
No obstante, “la empresa no cuenta con los requisitos que según el informe sanitario realizado por ley, es facultativo para otorgar la renovación de estas patentes”.
Así lo señaló Natalia Alfieri, abogada de la organización, recalcando que el municipio de Puchuncaví le había otorgado doce meses (plazo máximo legal) a Codelco Ventanas para que regularizara su situación; Esto, por cierto, no ocurrió.
“La autoridad sanitaria emitió una resolución en abril de 2012 que establece expresamente que no cumple con los requisitos sanitarios básicos, porque tiene déficits estructurales en sus instalaciones que emiten gases fugitivos tóxicos a la comunidad, que traspasan los deslindes de la fundición y refinería. El funcionamiento de una industria en estas condiciones afecta el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de los habitantes de la comuna de Puchuncaví y también su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, explicó Natalia Alfieri.
Puchuncaví es una de las 108 comunas declaradas por el Gobierno como zona de catástrofe y en “emergencia agrícola”, esencialmente por la contaminación emanada desde las termoeléctricas a carbón e industrias de la región; y por la crisis hídrica, producto del delito sistemático de usurpación de aguas, acusado por la ciudadanía y confirmado por la Dirección General de Aguas (DGA).
En esa línea, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, de la Tierra y del Medioambiente (Modatima), recalcó que la comunidad ha exigido y denunciado desde hace años los conflictos de interés que se producen entre los poderes económicos y las autoridades, “que cediendo ante ambiciones personales, conceden todo tipo de permisos por inmorales que éstos sean”.
“En Chile no existe una política ambiental que haya sido capaz de conjugar efectivamente desarrollo económico con protección del medio ambiente. En este escenario, son los ciudadanos los que finalmente quedan expuestos a cuadros de contaminación que comprometen seriamente la vida de las personas y, en particular, de los niños. Durante mucho tiempo, la autoridad ha privilegiado el emprendimiento económico por sobre la protección de las personas”, aseguró.
El dirigente agregó que “la región de Valparaíso exhibe indicadores que confirman la tesis que hemos formulado siempre: se han privilegiado los emprendimientos económicos por sobre la protección de la vida”.
El recurso de protección ya ha sido presentado y ahora se encuentra a la revisión y respuesta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En tanto, Mundaca recalcó que esta práctica no cesará hasta que las leyes sancionen a los responsables y permitan una autodeterminación de la ciudadanía. Para ello, dijo, “se debe rehacer la Constitución heredada de la dictadura y avanzar hacia una Asamblea Constituyente”.
