El pasado 20 de agosto, en medio de una semana de radicalización del movimiento, el Instituto Nacional aparecía custodiado por un bus policial. Un resguardo garantizado desde el interior mismo del establecimiento, donde se encontraba estacionado el vehículo, acompañado de un amplio contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La prolongada permanencia del bus alertó a estudiantes y dirigentes, mientras que las autoridades policiales no emitían declaraciones al respecto. Eso hasta el día de hoy, cuando el coronel Ramiro Larraín, jefe del Departamento de Información Pública de la policía uniformada, justificó la ocupación del establecimiento ante la responsabilidad recaída en la institución de “velar por el resguardo y mantención del orden público”. Incluso cuando “permanecer en un recinto educacional no es tarea asignada de Carabineros”, precisó.
Carabineros entregó los detalles del operativo en una carta dirigida a Ismael Calderón, presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Santiago. Esta carta es la respuesta de la institución policial a una solicitud efectuada por Calderón para informar si el procedimiento se ajustó al accionar habitual de Carabineros.
La misiva no solo aclara los motivos que culminaron en la ocupación del Instituto Nacional por parte de Carabineros, sino que además precisó, en voz del coronel Larraín, que “la permanencia del personal policial en el citado establecimiento educacional, se debió al requerimiento del sostenedor mismo y solo se mantuvo mientras se concretaban las reparaciones correspondientes, luego de lo cual el colegio fue entregado, bajo acta, a su director”. Es decir, Carabineros sindica como emisor de la orden de ocupación al alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, sostenedor del establecimiento municipal.
Ante esta declaración, el edil declaró a una radioemisora que la solicitud emitida a Carabineros requería resguardo para el establecimiento, pero no especificó el mecanismo que debería utilizar la fuerza policial para efectuarlo. “El que dio la orden de solicitar el guardo del lugar fui yo, obviamente, porque soy sostenedor; pero no indicó la forma, entonces ahí es donde está la falacia”, aseguró Zalaquett.
Esta información llega en medio de reiteradas denuncias de parte de manifestantes ante abusos y sobresaltos de las fuerzas especiales. Sin ir más lejos, estos exabruptos fueron condenados por el Grupo de Padres Movilizados del Instituto Nacional, ante el rol que cumpliría Carabineros como “ejecutor de las políticas represivas del gobierno chileno, que llevó a cabo golpeando, maltratando, humillando y vejando a nuestros hijos”.
En tanto, el Instituto Nacional terminó su toma. Sin embargo y de acuerdo a un referendum efectuado entre su plantel estudiantil, seguirán haciendo efectiva su participación en el movimiento a través de un paro reflexivo.
El pasado 20 de agosto, en medio de una semana de radicalización del movimiento, el Instituto Nacional aparecía custodiado por un bus policial. Un resguardo garantizado desde el interior mismo del establecimiento, donde se encontraba estacionado el vehículo, acompañado de un amplio contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La prolongada permanencia del bus alertó a estudiantes y dirigentes, mientras que las autoridades policiales no emitían declaraciones al respecto. Eso hasta el día de hoy, cuando el coronel Ramiro Larraín, jefe del Departamento de Información Pública de la policía uniformada, justificó la ocupación del establecimiento ante la responsabilidad recaída en la institución de “velar por el resguardo y mantención del orden público”. Incluso cuando “permanecer en un recinto educacional no es tarea asignada de Carabineros”, precisó.
Carabineros entregó los detalles del operativo en una carta dirigida a Ismael Calderón, presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Santiago. Esta carta es la respuesta de la institución policial a una solicitud efectuada por Calderón para informar si el procedimiento se ajustó al accionar habitual de Carabineros.
La misiva no solo aclara los motivos que culminaron en la ocupación del Instituto Nacional por parte de Carabineros, sino que además precisó, en voz del coronel Larraín, que “la permanencia del personal policial en el citado establecimiento educacional, se debió al requerimiento del sostenedor mismo y solo se mantuvo mientras se concretaban las reparaciones correspondientes, luego de lo cual el colegio fue entregado, bajo acta, a su director”. Es decir, Carabineros sindica como emisor de la orden de ocupación al alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, sostenedor del establecimiento municipal.
Ante esta declaración, el edil declaró a una radioemisora que la solicitud emitida a Carabineros requería resguardo para el establecimiento, pero no especificó el mecanismo que debería utilizar la fuerza policial para efectuarlo. “El que dio la orden de solicitar el guardo del lugar fui yo, obviamente, porque soy sostenedor; pero no indicó la forma, entonces ahí es donde está la falacia”, aseguró Zalaquett.
Esta información llega en medio de reiteradas denuncias de parte de manifestantes ante abusos y sobresaltos de las fuerzas especiales. Sin ir más lejos, estos exabruptos fueron condenados por el Grupo de Padres Movilizados del Instituto Nacional, ante el rol que cumpliría Carabineros como “ejecutor de las políticas represivas del gobierno chileno, que llevó a cabo golpeando, maltratando, humillando y vejando a nuestros hijos”.
En tanto, el Instituto Nacional terminó su toma. Sin embargo y de acuerdo a un referendum efectuado entre su plantel estudiantil, seguirán haciendo efectiva su participación en el movimiento a través de un paro reflexivo.
El pasado 20 de agosto, en medio de una semana de radicalización del movimiento, el Instituto Nacional aparecía custodiado por un bus policial. Un resguardo garantizado desde el interior mismo del establecimiento, donde se encontraba estacionado el vehículo, acompañado de un amplio contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La prolongada permanencia del bus alertó a estudiantes y dirigentes, mientras que las autoridades policiales no emitían declaraciones al respecto. Eso hasta el día de hoy, cuando el coronel Ramiro Larraín, jefe del Departamento de Información Pública de la policía uniformada, justificó la ocupación del establecimiento ante la responsabilidad recaída en la institución de “velar por el resguardo y mantención del orden público”. Incluso cuando “permanecer en un recinto educacional no es tarea asignada de Carabineros”, precisó.
Carabineros entregó los detalles del operativo en una carta dirigida a Ismael Calderón, presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Santiago. Esta carta es la respuesta de la institución policial a una solicitud efectuada por Calderón para informar si el procedimiento se ajustó al accionar habitual de Carabineros.
La misiva no solo aclara los motivos que culminaron en la ocupación del Instituto Nacional por parte de Carabineros, sino que además precisó, en voz del coronel Larraín, que “la permanencia del personal policial en el citado establecimiento educacional, se debió al requerimiento del sostenedor mismo y solo se mantuvo mientras se concretaban las reparaciones correspondientes, luego de lo cual el colegio fue entregado, bajo acta, a su director”. Es decir, Carabineros sindica como emisor de la orden de ocupación al alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, sostenedor del establecimiento municipal.
Ante esta declaración, el edil declaró a una radioemisora que la solicitud emitida a Carabineros requería resguardo para el establecimiento, pero no especificó el mecanismo que debería utilizar la fuerza policial para efectuarlo. “El que dio la orden de solicitar el guardo del lugar fui yo, obviamente, porque soy sostenedor; pero no indicó la forma, entonces ahí es donde está la falacia”, aseguró Zalaquett.
Esta información llega en medio de reiteradas denuncias de parte de manifestantes ante abusos y sobresaltos de las fuerzas especiales. Sin ir más lejos, estos exabruptos fueron condenados por el Grupo de Padres Movilizados del Instituto Nacional, ante el rol que cumpliría Carabineros como “ejecutor de las políticas represivas del gobierno chileno, que llevó a cabo golpeando, maltratando, humillando y vejando a nuestros hijos”.
En tanto, el Instituto Nacional terminó su toma. Sin embargo y de acuerdo a un referendum efectuado entre su plantel estudiantil, seguirán haciendo efectiva su participación en el movimiento a través de un paro reflexivo.
