Con la intervención de los abogados defensores se reiniciarán este viernes los alegatos relativos al recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior, que busca invalidar la sentencia absolutoria de las seis personas incriminadas en el caso bombas.
La causa, que está siendo revisada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, podría concluir este viernes o extenderse hasta el lunes, dependiendo de las pruebas que presente el Ministerio Público.
Este jueves, el fiscal Raúl Guzmán exhibió archivos de audio que, a su juicio, demostrarían las falencias al debido proceso en el que incurrió el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que dicen relación con la exclusión de cerca de 4 mil pruebas.
El Fiscal Metropolitano Sur precisó que se produjeron ciertos incumplimientos de formalidades legales, que habrían vulnerado ciertas garantías.
En esa perspectiva, el fiscal señaló que “no se dio cumplimiento al principio de legalidad en cuanto a la tramitación de la audiencia del juicio oral en relación a la recepción de ciertas pruebas. Como ha quedado de manifiesto tanto de los audios que hoy se reprodujeron durante la audiencia, pero además de los documentos que se incorporaron a través de la lectura resumida. Se denunció acá una serie de infracciones a las leyes que regulan el procedimiento durante la audiencia del juicio oral y en particular la producción y recepción de la prueba que fue limitada en relación al Ministerio Público”.
Esta hipótesis fue rechazada por el abogado Miguel Soto, representante de Francisco Solar: “Ninguno de los audios que se pusieron hoy configura vulneración de garantías constitucionales. El tribunal tiene obligación de salvaguardar las garantías constitucionales y todas las resoluciones que adoptó estaban en función de esa salvaguarda de garantías constitucionales”.
Claudio Aspe, defensor de Gustavo Fuentes Aliaga, dijo que los archivos de audio presentados por la fiscalía sólo dan cuenta de cómo el Tribunal dirigió, correctamente, los debates durante el juicio.
Para el jurista, el resto de la audiencia fue sólo la reiteración de argumentos “escuchados hasta el cansancio” y que intentaron rectificar las enormes falencias que demostró la investigación del Ministerio Público.
Aspe precisó que estos errores quedaron de manifiesto cuando la propia Fiscalía solicitó la absolución de 8 imputados, debido a la falta de pruebas.
En este sentido, el abogado Aspe señaló que “ellos ofrecieron ocho mil pruebas para acreditar una asociación. Si ellos estimaban que había asociación y querían rendir toda la prueba jamás debían haber pedido el sobreseimiento y la fiscalía tendría que haber llegado hoy a discutir si había o no infracción de garantías cuando la Corte de Apelaciones le excluyó y confirmó todo lo que había obrado el Juez de Garantía”.
Finalmente, el abogado defensor Mauricio Daza dijo que el recurso de nulidad no tiene sustento jurídico, por lo que se mostró optimista de cara a la reanudación de los alegatos durante la mañana de este viernes.
En esa línea el abogado defensor indicó que “vamos a señalar que no existe ningún argumento jurídico consistente para poder solicitar la nulidad de un juicio de más de seis meses en los cuales se estableció claramente la inocencia de un conjunto de personas imputadas falsamente respecto de un delito que no cometieron en el cual además aparecieron graves irregularidades cometidas precisamente por el Ministerio del Interior y por el Ministerio Público y esperamos que la Corte Suprema pueda acoger nuestra posición”.
La sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema se conocería durante la próxima semana, la que debería ratificar la absolución de las personas inculpadas o anular el juicio que, recordemos, se extendió por cerca de seis meses.
Las otras aristas de este juicio se encuentran en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y en la Fiscalía Militar, donde se investiga a funcionarios de Carabineros que habrían entregado falso testimonio y adulterado informes periciales.
Con la intervención de los abogados defensores se reiniciarán este viernes los alegatos relativos al recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior, que busca invalidar la sentencia absolutoria de las seis personas incriminadas en el caso bombas.
La causa, que está siendo revisada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, podría concluir este viernes o extenderse hasta el lunes, dependiendo de las pruebas que presente el Ministerio Público.
Este jueves, el fiscal Raúl Guzmán exhibió archivos de audio que, a su juicio, demostrarían las falencias al debido proceso en el que incurrió el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que dicen relación con la exclusión de cerca de 4 mil pruebas.
El Fiscal Metropolitano Sur precisó que se produjeron ciertos incumplimientos de formalidades legales, que habrían vulnerado ciertas garantías.
En esa perspectiva, el fiscal señaló que “no se dio cumplimiento al principio de legalidad en cuanto a la tramitación de la audiencia del juicio oral en relación a la recepción de ciertas pruebas. Como ha quedado de manifiesto tanto de los audios que hoy se reprodujeron durante la audiencia, pero además de los documentos que se incorporaron a través de la lectura resumida. Se denunció acá una serie de infracciones a las leyes que regulan el procedimiento durante la audiencia del juicio oral y en particular la producción y recepción de la prueba que fue limitada en relación al Ministerio Público”.
Esta hipótesis fue rechazada por el abogado Miguel Soto, representante de Francisco Solar: “Ninguno de los audios que se pusieron hoy configura vulneración de garantías constitucionales. El tribunal tiene obligación de salvaguardar las garantías constitucionales y todas las resoluciones que adoptó estaban en función de esa salvaguarda de garantías constitucionales”.
Claudio Aspe, defensor de Gustavo Fuentes Aliaga, dijo que los archivos de audio presentados por la fiscalía sólo dan cuenta de cómo el Tribunal dirigió, correctamente, los debates durante el juicio.
Para el jurista, el resto de la audiencia fue sólo la reiteración de argumentos “escuchados hasta el cansancio” y que intentaron rectificar las enormes falencias que demostró la investigación del Ministerio Público.
Aspe precisó que estos errores quedaron de manifiesto cuando la propia Fiscalía solicitó la absolución de 8 imputados, debido a la falta de pruebas.
En este sentido, el abogado Aspe señaló que “ellos ofrecieron ocho mil pruebas para acreditar una asociación. Si ellos estimaban que había asociación y querían rendir toda la prueba jamás debían haber pedido el sobreseimiento y la fiscalía tendría que haber llegado hoy a discutir si había o no infracción de garantías cuando la Corte de Apelaciones le excluyó y confirmó todo lo que había obrado el Juez de Garantía”.
Finalmente, el abogado defensor Mauricio Daza dijo que el recurso de nulidad no tiene sustento jurídico, por lo que se mostró optimista de cara a la reanudación de los alegatos durante la mañana de este viernes.
En esa línea el abogado defensor indicó que “vamos a señalar que no existe ningún argumento jurídico consistente para poder solicitar la nulidad de un juicio de más de seis meses en los cuales se estableció claramente la inocencia de un conjunto de personas imputadas falsamente respecto de un delito que no cometieron en el cual además aparecieron graves irregularidades cometidas precisamente por el Ministerio del Interior y por el Ministerio Público y esperamos que la Corte Suprema pueda acoger nuestra posición”.
La sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema se conocería durante la próxima semana, la que debería ratificar la absolución de las personas inculpadas o anular el juicio que, recordemos, se extendió por cerca de seis meses.
Las otras aristas de este juicio se encuentran en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y en la Fiscalía Militar, donde se investiga a funcionarios de Carabineros que habrían entregado falso testimonio y adulterado informes periciales.
Con la intervención de los abogados defensores se reiniciarán este viernes los alegatos relativos al recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior, que busca invalidar la sentencia absolutoria de las seis personas incriminadas en el caso bombas.
La causa, que está siendo revisada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, podría concluir este viernes o extenderse hasta el lunes, dependiendo de las pruebas que presente el Ministerio Público.
Este jueves, el fiscal Raúl Guzmán exhibió archivos de audio que, a su juicio, demostrarían las falencias al debido proceso en el que incurrió el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que dicen relación con la exclusión de cerca de 4 mil pruebas.
El Fiscal Metropolitano Sur precisó que se produjeron ciertos incumplimientos de formalidades legales, que habrían vulnerado ciertas garantías.
En esa perspectiva, el fiscal señaló que “no se dio cumplimiento al principio de legalidad en cuanto a la tramitación de la audiencia del juicio oral en relación a la recepción de ciertas pruebas. Como ha quedado de manifiesto tanto de los audios que hoy se reprodujeron durante la audiencia, pero además de los documentos que se incorporaron a través de la lectura resumida. Se denunció acá una serie de infracciones a las leyes que regulan el procedimiento durante la audiencia del juicio oral y en particular la producción y recepción de la prueba que fue limitada en relación al Ministerio Público”.
Esta hipótesis fue rechazada por el abogado Miguel Soto, representante de Francisco Solar: “Ninguno de los audios que se pusieron hoy configura vulneración de garantías constitucionales. El tribunal tiene obligación de salvaguardar las garantías constitucionales y todas las resoluciones que adoptó estaban en función de esa salvaguarda de garantías constitucionales”.
Claudio Aspe, defensor de Gustavo Fuentes Aliaga, dijo que los archivos de audio presentados por la fiscalía sólo dan cuenta de cómo el Tribunal dirigió, correctamente, los debates durante el juicio.
Para el jurista, el resto de la audiencia fue sólo la reiteración de argumentos “escuchados hasta el cansancio” y que intentaron rectificar las enormes falencias que demostró la investigación del Ministerio Público.
Aspe precisó que estos errores quedaron de manifiesto cuando la propia Fiscalía solicitó la absolución de 8 imputados, debido a la falta de pruebas.
En este sentido, el abogado Aspe señaló que “ellos ofrecieron ocho mil pruebas para acreditar una asociación. Si ellos estimaban que había asociación y querían rendir toda la prueba jamás debían haber pedido el sobreseimiento y la fiscalía tendría que haber llegado hoy a discutir si había o no infracción de garantías cuando la Corte de Apelaciones le excluyó y confirmó todo lo que había obrado el Juez de Garantía”.
Finalmente, el abogado defensor Mauricio Daza dijo que el recurso de nulidad no tiene sustento jurídico, por lo que se mostró optimista de cara a la reanudación de los alegatos durante la mañana de este viernes.
En esa línea el abogado defensor indicó que “vamos a señalar que no existe ningún argumento jurídico consistente para poder solicitar la nulidad de un juicio de más de seis meses en los cuales se estableció claramente la inocencia de un conjunto de personas imputadas falsamente respecto de un delito que no cometieron en el cual además aparecieron graves irregularidades cometidas precisamente por el Ministerio del Interior y por el Ministerio Público y esperamos que la Corte Suprema pueda acoger nuestra posición”.
La sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema se conocería durante la próxima semana, la que debería ratificar la absolución de las personas inculpadas o anular el juicio que, recordemos, se extendió por cerca de seis meses.
Las otras aristas de este juicio se encuentran en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y en la Fiscalía Militar, donde se investiga a funcionarios de Carabineros que habrían entregado falso testimonio y adulterado informes periciales.
