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Seguridad minera sigue pendiente a dos años del rescate de los 33

El Gobierno conmemoró hoy los dos años del rescate de los 33 mineros del yacimiento San José, en la que participaron sólo tres de los 33 trabajadores rescatados el 12 de octubre del 2010. El diputado radical, Marcos Espinosa, dijo que “Hoy está pendiente una institucionalidad que nos permita decir que el hecho de haber rescatado con vida a estos 33 mineros, significó un aprendizaje en el rol que tiene que tener el Estado en materia de seguridad".

Narayan Vila

  Viernes 12 de octubre 2012 16:12 hrs. 
RESCATE MINEROS

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El Gobierno conmemoró hoy los dos años del rescate de los 33 mineros del yacimiento San José, con la presencia de diversas autoridades que participaron de la operación San Lorenzo y sólo tres de los 33 trabajadores rescatados el 12 de octubre del 2010.

El Presidente Sebastián Piñera valoró la asistencia de Mario Sepúlveda, Samuel Ávalos y Juan Carlos Aguilar, afirmando que “Chile es un país más conocido, más respetado y más querido, gracias al ejemplo que dieron ustedes, los mineros”.

Sin embargo, entre todas las autoridades presentes, incluidos el actual ministro de Minería, Hernán de Solminihac, y su antecesor, el actual titular de Obras Públicas, Laurence Golborne, no hubo referencia a la seguridad minera en nuestro país, el gran tema que instaló el accidente en la región de Atacama.

El resguardo de los trabajadores y una nueva institucionalidad, que reemplace al cuestionado Sernageomin, es materia pendiente según el diputado Marcos Espinosa, quien expresó que la conmemoración tiene una gran carga de frustración.

En este sentido, el parlamentario del Partido Radical señaló que “se suponía que esta exitosa operación iba a significar una oportunidad para avanzar en materia de legislación y donde el Estado también jugara un rol importante en entregar los instrumentos y las herramientas a los pequeños productores mineros y a los pirquineros para poder desarrollar sus faenas en mejores condiciones de seguridad. Hoy esta conmemoración está pendiente de una institucionalidad que de alguna manera nos permita decir que efectivamente, el hecho de haber rescatado con vida a estos 33 mineros, significó un aprendizaje en materia del rol que tiene que tener el Estado en el avance en materia de seguridad”.

Cabe señalar que el Gobierno ingresó en 2010 un mensaje presidencial sobre seguridad e institucionalidad Minera, el que, luego de un año de tramitación, fue rechazado por la Cámara de Diputados.

En esa línea, Marcos Espinosa, miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, precisó que el Gobierno nunca estuvo disponible a flexibilizar su postura en relación a reconocer en el mismo proyecto, la existencia de los pequeños productores mineros como uno de los enclaves importantes dentro de la cadena de producción Minera de nuestro país. Aquí siempre se habló de Pequeña Minería, Mediana Minería y Gran Minería y jamás se hizo alusión a los pequeños productores mineros y los pirquineros. Ellos reconocían que esto les iba a significar la muerte de la Pequeña Minería en Chile y de los pequeños productores mineros”.

Este texto legislativo incluía varios aspectos contenidos en el Convenio 176 sobre seguridad y salud Minera, de la Organización Internacional del Trabajo, según precisó el diputado Espinosa.

La ratificación de este acuerdo fue otro de los compromisos adquiridos por el Presidente Sebastián Piñera.

“Chile ha ratificado todos los convenios de la OIT, y éste es uno de los que vamos a ratificar” afirmó el mandatario a la cadena BBC a pocos días de concretado el rescate de los 33 trabajadores.

Sin embargo, este acuerdo aún no se ha firmado, pese a la insistencia de varios parlamentarios a través de oficios enviados a La Moneda.

El incumplimiento del Gobierno es una muestra más de su desinterés por el respeto y cuidado de los trabajadores.

En esa perspectiva, el presidente de la CUT provincial de Copiapó, Javier Castillo, señaló que “el Convenio 176 y su no ratificación significa la voluntad absoluta que tiene el gobierno de derecha de imponer el libertinaje total para que los empresarios hagan lo que quieran, sin que nadie pueda evitarlo, incluso poniendo en riesgo la vida de los trabajadores”.

Entre las principales obligaciones del Convenio 176 se incluyen que el país firmante debe disponer de una política nacional sobre seguridad y salud minera de acuerdo a una legislación, que contemple la obligación de los empleadores de eliminar los riesgos de la actividad y que garantice los derechos de los trabajadores, destacando el de elegir, colectivamente, el abandonar una mina cuando exista un grave peligro para su seguridad.

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