El año 2004 se estipularon un conjunto de condiciones entre la empresa Endesa y un grupo de familias pehuenches del sector de Alto Biobío, Octava Región, luego de la aprobación de la central hidroeléctrica Ralco. La represa inundó tres mil 500 hectáreas ancestralmente habitadas por los pehuenche, y obligó a la relocalización de alrededor de 500 integrantes de sus comunidades.
Las compensaciones estipuladas en aquel tiempo, dicen relación con procesos de entendimiento y de diálogo con los pueblos originarios, compromisos adoptados en materia de vivienda, compra de tierras y la ratificación de aspectos del convenio 169 de la OIT.
Es por esto que ahora, el vocero de las familias pehuenche que encabezaron la oposición al proyecto, Eduardo Cáceres Quintreman, anunció que presentarán un documento a la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, por el incumplimiento de este convenio.
El portavoz explicó que el Estado es garante del acuerdo entre Endesa y los Pehuenche, pero lamentablemente la multinacional no ha cumplido con un solo aspecto del convenio, a pesar de que “llevamos más de ocho años en trámite, en espera de que el Gobierno pueda cumplir los acuerdos, porque ellos son garantes y por lo tanto ellos tienen la primera palabra para poder solucionar el problema”, señaló.
Cáceres Quintreman, agudizó la crítica al Estado y a los Gobiernos de turno, pues “ninguno de los que han pasado han hecho cosas concretas, sino que solamente nos hemos juntado a conversar y no queda en nada. Después cuando nosotros tomamos acciones violentas, somos extremistas y terroristas”, aseguró Quintreman. Agrega además, que toda deficiencia en este rol garante, podría traerle una “sanción al Estado de Chile por el incumplimiento de un acuerdo”.
Quien en su tiempo observó con cuidado el conflicto, fue Juan Pablo Orrego, presidente de la organización Ecosistemas, quien se refirió a la gravedad de la situación; “absolutamente justificado que haya este reclamo”, aseguró, observando con asombro “la pasividad del estado chileno. El caso del alto Biobío es realmente una cosa escandalosa”. Por ellos, Orrego se cuestiona el “por qué las personas pehuenches no han sido más proactivas en reclamar sus derechos y en denunciar el incumplimiento de los acuerdos”.
Orrego agregó que el comportamiento de Endesa no es una sorpresa, pues “son empresas implacables que lo único que buscan es su lucro, su rentabilidad, y pasan por encima de todo, de los derechos de las comunidades”. Sin embargo, Orrego lamenta que ni siquiera el Poder Judicial defendieran los derechos de las personas y las comunidades pehuenche, pues “durante las campañas de defensa del Biobío, acudimos a las cortes y fuimos defraudados una y otra vez. Vimos fallos absolutamente surrealistas, que resultaban privilegiando los derechos de la empresa versus los derechos más fundamentales de las personas”, señaló.
El ecólogo explicó que producto de esto, localidades como Santa Bárbara y Alto Biobío cuentan con problemas como una de las tasas más altas de suicidios, altos niveles de pobreza y una de la tarificación de electricidad más caras.
El año 2004 se estipularon un conjunto de condiciones entre la empresa Endesa y un grupo de familias pehuenches del sector de Alto Biobío, Octava Región, luego de la aprobación de la central hidroeléctrica Ralco. La represa inundó tres mil 500 hectáreas ancestralmente habitadas por los pehuenche, y obligó a la relocalización de alrededor de 500 integrantes de sus comunidades.
Las compensaciones estipuladas en aquel tiempo, dicen relación con procesos de entendimiento y de diálogo con los pueblos originarios, compromisos adoptados en materia de vivienda, compra de tierras y la ratificación de aspectos del convenio 169 de la OIT.
Es por esto que ahora, el vocero de las familias pehuenche que encabezaron la oposición al proyecto, Eduardo Cáceres Quintreman, anunció que presentarán un documento a la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, por el incumplimiento de este convenio.
El portavoz explicó que el Estado es garante del acuerdo entre Endesa y los Pehuenche, pero lamentablemente la multinacional no ha cumplido con un solo aspecto del convenio, a pesar de que “llevamos más de ocho años en trámite, en espera de que el Gobierno pueda cumplir los acuerdos, porque ellos son garantes y por lo tanto ellos tienen la primera palabra para poder solucionar el problema”, señaló.
Cáceres Quintreman, agudizó la crítica al Estado y a los Gobiernos de turno, pues “ninguno de los que han pasado han hecho cosas concretas, sino que solamente nos hemos juntado a conversar y no queda en nada. Después cuando nosotros tomamos acciones violentas, somos extremistas y terroristas”, aseguró Quintreman. Agrega además, que toda deficiencia en este rol garante, podría traerle una “sanción al Estado de Chile por el incumplimiento de un acuerdo”.
Quien en su tiempo observó con cuidado el conflicto, fue Juan Pablo Orrego, presidente de la organización Ecosistemas, quien se refirió a la gravedad de la situación; “absolutamente justificado que haya este reclamo”, aseguró, observando con asombro “la pasividad del estado chileno. El caso del alto Biobío es realmente una cosa escandalosa”. Por ellos, Orrego se cuestiona el “por qué las personas pehuenches no han sido más proactivas en reclamar sus derechos y en denunciar el incumplimiento de los acuerdos”.
Orrego agregó que el comportamiento de Endesa no es una sorpresa, pues “son empresas implacables que lo único que buscan es su lucro, su rentabilidad, y pasan por encima de todo, de los derechos de las comunidades”. Sin embargo, Orrego lamenta que ni siquiera el Poder Judicial defendieran los derechos de las personas y las comunidades pehuenche, pues “durante las campañas de defensa del Biobío, acudimos a las cortes y fuimos defraudados una y otra vez. Vimos fallos absolutamente surrealistas, que resultaban privilegiando los derechos de la empresa versus los derechos más fundamentales de las personas”, señaló.
El ecólogo explicó que producto de esto, localidades como Santa Bárbara y Alto Biobío cuentan con problemas como una de las tasas más altas de suicidios, altos niveles de pobreza y una de la tarificación de electricidad más caras.
El año 2004 se estipularon un conjunto de condiciones entre la empresa Endesa y un grupo de familias pehuenches del sector de Alto Biobío, Octava Región, luego de la aprobación de la central hidroeléctrica Ralco. La represa inundó tres mil 500 hectáreas ancestralmente habitadas por los pehuenche, y obligó a la relocalización de alrededor de 500 integrantes de sus comunidades.
Las compensaciones estipuladas en aquel tiempo, dicen relación con procesos de entendimiento y de diálogo con los pueblos originarios, compromisos adoptados en materia de vivienda, compra de tierras y la ratificación de aspectos del convenio 169 de la OIT.
Es por esto que ahora, el vocero de las familias pehuenche que encabezaron la oposición al proyecto, Eduardo Cáceres Quintreman, anunció que presentarán un documento a la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, por el incumplimiento de este convenio.
El portavoz explicó que el Estado es garante del acuerdo entre Endesa y los Pehuenche, pero lamentablemente la multinacional no ha cumplido con un solo aspecto del convenio, a pesar de que “llevamos más de ocho años en trámite, en espera de que el Gobierno pueda cumplir los acuerdos, porque ellos son garantes y por lo tanto ellos tienen la primera palabra para poder solucionar el problema”, señaló.
Cáceres Quintreman, agudizó la crítica al Estado y a los Gobiernos de turno, pues “ninguno de los que han pasado han hecho cosas concretas, sino que solamente nos hemos juntado a conversar y no queda en nada. Después cuando nosotros tomamos acciones violentas, somos extremistas y terroristas”, aseguró Quintreman. Agrega además, que toda deficiencia en este rol garante, podría traerle una “sanción al Estado de Chile por el incumplimiento de un acuerdo”.
Quien en su tiempo observó con cuidado el conflicto, fue Juan Pablo Orrego, presidente de la organización Ecosistemas, quien se refirió a la gravedad de la situación; “absolutamente justificado que haya este reclamo”, aseguró, observando con asombro “la pasividad del estado chileno. El caso del alto Biobío es realmente una cosa escandalosa”. Por ellos, Orrego se cuestiona el “por qué las personas pehuenches no han sido más proactivas en reclamar sus derechos y en denunciar el incumplimiento de los acuerdos”.
Orrego agregó que el comportamiento de Endesa no es una sorpresa, pues “son empresas implacables que lo único que buscan es su lucro, su rentabilidad, y pasan por encima de todo, de los derechos de las comunidades”. Sin embargo, Orrego lamenta que ni siquiera el Poder Judicial defendieran los derechos de las personas y las comunidades pehuenche, pues “durante las campañas de defensa del Biobío, acudimos a las cortes y fuimos defraudados una y otra vez. Vimos fallos absolutamente surrealistas, que resultaban privilegiando los derechos de la empresa versus los derechos más fundamentales de las personas”, señaló.
El ecólogo explicó que producto de esto, localidades como Santa Bárbara y Alto Biobío cuentan con problemas como una de las tasas más altas de suicidios, altos niveles de pobreza y una de la tarificación de electricidad más caras.
