La Corte Suprema estableció que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana debe pagar una indemnización de más de 2 millones 900 mil pesos a cada una de las 10 familias por daños en las viviendas construidas mediante el Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (PET) de la Villa Estación Ferroviaria, que resultaron inundadas en junio de 1997.
Las casas fueron construidas la empresa Copeva, de propiedad de Francisco Pérez Yoma, quien es hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Arturo Prado, acogieron recurso de casación y determinaron que el Serviu es responsable por los daños que sufrieron las viviendas.
El fallo determina que el monto de la indemnización se divide en 1 millón 130 mil pesos por concepto de daño emergente, y 1 millón 800 mil pesos por concepto de daño moral.
Respecto al daño emergente, el monto corresponde a la cifra “signada por el perito para las viviendas sin ampliación (fojas 982), en atención a que no resulta posible determinar cuáles de ellas tienen ampliación y cuáles no, por lo que resulta razonable aplicar la misma suma a todos los inmuebles, dada la imposibilidad de materializar la distinción”.
En cuanto al daño moral, “además de lo dicho por los testigos, resultó en su momento un hecho público y notorio todo el sufrimiento que experimentaron los habitantes de esta población en Puente Alto, quienes vieron dañadas sus casas por la lluvia en pleno mes de invierno. Por ello, se concuerda con la regulación de daño moral que ha hecho la sentencia apelada, es decir 1 millón 800 mil pesos para cada uno de los actores”.
La Corte Suprema estableció que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana debe pagar una indemnización de más de 2 millones 900 mil pesos a cada una de las 10 familias por daños en las viviendas construidas mediante el Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (PET) de la Villa Estación Ferroviaria, que resultaron inundadas en junio de 1997.
Las casas fueron construidas la empresa Copeva, de propiedad de Francisco Pérez Yoma, quien es hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Arturo Prado, acogieron recurso de casación y determinaron que el Serviu es responsable por los daños que sufrieron las viviendas.
El fallo determina que el monto de la indemnización se divide en 1 millón 130 mil pesos por concepto de daño emergente, y 1 millón 800 mil pesos por concepto de daño moral.
Respecto al daño emergente, el monto corresponde a la cifra “signada por el perito para las viviendas sin ampliación (fojas 982), en atención a que no resulta posible determinar cuáles de ellas tienen ampliación y cuáles no, por lo que resulta razonable aplicar la misma suma a todos los inmuebles, dada la imposibilidad de materializar la distinción”.
En cuanto al daño moral, “además de lo dicho por los testigos, resultó en su momento un hecho público y notorio todo el sufrimiento que experimentaron los habitantes de esta población en Puente Alto, quienes vieron dañadas sus casas por la lluvia en pleno mes de invierno. Por ello, se concuerda con la regulación de daño moral que ha hecho la sentencia apelada, es decir 1 millón 800 mil pesos para cada uno de los actores”.
La Corte Suprema estableció que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana debe pagar una indemnización de más de 2 millones 900 mil pesos a cada una de las 10 familias por daños en las viviendas construidas mediante el Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (PET) de la Villa Estación Ferroviaria, que resultaron inundadas en junio de 1997.
Las casas fueron construidas la empresa Copeva, de propiedad de Francisco Pérez Yoma, quien es hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Arturo Prado, acogieron recurso de casación y determinaron que el Serviu es responsable por los daños que sufrieron las viviendas.
El fallo determina que el monto de la indemnización se divide en 1 millón 130 mil pesos por concepto de daño emergente, y 1 millón 800 mil pesos por concepto de daño moral.
Respecto al daño emergente, el monto corresponde a la cifra “signada por el perito para las viviendas sin ampliación (fojas 982), en atención a que no resulta posible determinar cuáles de ellas tienen ampliación y cuáles no, por lo que resulta razonable aplicar la misma suma a todos los inmuebles, dada la imposibilidad de materializar la distinción”.
En cuanto al daño moral, “además de lo dicho por los testigos, resultó en su momento un hecho público y notorio todo el sufrimiento que experimentaron los habitantes de esta población en Puente Alto, quienes vieron dañadas sus casas por la lluvia en pleno mes de invierno. Por ello, se concuerda con la regulación de daño moral que ha hecho la sentencia apelada, es decir 1 millón 800 mil pesos para cada uno de los actores”.
