Una de las razones que explicaría la alta abstención que se produjo en las pasadas elecciones municipales, se relaciona con el desencanto que tienen las personas respecto de la influencia que tienen en el ámbito político, ya sea a nivel local o regional.
Esta baja sintonía con la administración pública intentó ser superada con la promulgación de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana. Sin embargo, en muchos municipios, este articulado se transforma en letra muerta.
Así lo constató un estudio realizado por Ciudad Viva y Santiago Cómo Vamos, que reveló que “al menos 70 municipios del país, caen en la ilegalidad al no cumplir con la ley que promueve la participación ciudadana en la gestión pública municipal”.
Si bien, este estudio se realizó a nivel nacional, en la Región Metropolitana caen en la negra, Cerro Navia, La Florida, San Bernardo, Quinta Normal y Las Condes, comunas que ni siquiera cumplirían con los mínimos exigidos por la normativa, afirma la investigación.
En la otra cara de la moneda están Maipú, La Pintana y Peñalolén con un alto grado de cumplimiento a la legislación.
Por lo mismo, este miércoles organizaciones civiles solicitaron a Contraloría que fiscalice el cumplimiento de esta ley.
“Hay dos leyes fundamentales hoy para garantizar los derechos de los ciudadanos. Una de ellas es la de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la otra, la de Participación. La Ley de Transparencia tiene un ente de control que es el Consejo para la Transparencia, pero lamentablemente la ley de Participación Ciudadana no contempla un organismo que monitoree cómo se está cumpliendo la normativa y es por eso que hemos pedido a la Contraloría que ejerza ese rol”, explicó el autor del estudio, Tomás Marín de Ciudad Viva.
Por su parte, Nicolas Facuse, secretario ejecutivo de Acción Ciudadana, indicó que la petición a Contraloría se funda en la necesidad de seguir dotando a la población de herramientas de participación real.
“La Contraloría emitió un dictamen en que hubo varios puntos en que nos concedió lo que habíamos manifestado, entonces por eso hoy venimos a apoyar esta presentación porque creemos que la participación ciudadana, en este momento de desarrollo político de nuestro país, es muy relevante. Además tenemos que saber utilizar un instrumento legal que todavía no está correctamente aplicada como esta ley”, dijo Facuse.
Las organizaciones ciudadanas también han promovido el voto programático, donde los candidatos se comprometieron a implementar un programa que incluso fue inscrito ante notario.
En las últimas elecciones municipales resultaron electos cuatro alcaldes que firmaron ese compromiso, Josefina Errázuriz en Providencia, Carolina Tohá en Santiago, Gonzalo Durán en Independencia y Daniel Jadue en Recoleta.
Una de las razones que explicaría la alta abstención que se produjo en las pasadas elecciones municipales, se relaciona con el desencanto que tienen las personas respecto de la influencia que tienen en el ámbito político, ya sea a nivel local o regional.
Esta baja sintonía con la administración pública intentó ser superada con la promulgación de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana. Sin embargo, en muchos municipios, este articulado se transforma en letra muerta.
Así lo constató un estudio realizado por Ciudad Viva y Santiago Cómo Vamos, que reveló que “al menos 70 municipios del país, caen en la ilegalidad al no cumplir con la ley que promueve la participación ciudadana en la gestión pública municipal”.
Si bien, este estudio se realizó a nivel nacional, en la Región Metropolitana caen en la negra, Cerro Navia, La Florida, San Bernardo, Quinta Normal y Las Condes, comunas que ni siquiera cumplirían con los mínimos exigidos por la normativa, afirma la investigación.
En la otra cara de la moneda están Maipú, La Pintana y Peñalolén con un alto grado de cumplimiento a la legislación.
Por lo mismo, este miércoles organizaciones civiles solicitaron a Contraloría que fiscalice el cumplimiento de esta ley.
“Hay dos leyes fundamentales hoy para garantizar los derechos de los ciudadanos. Una de ellas es la de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la otra, la de Participación. La Ley de Transparencia tiene un ente de control que es el Consejo para la Transparencia, pero lamentablemente la ley de Participación Ciudadana no contempla un organismo que monitoree cómo se está cumpliendo la normativa y es por eso que hemos pedido a la Contraloría que ejerza ese rol”, explicó el autor del estudio, Tomás Marín de Ciudad Viva.
Por su parte, Nicolas Facuse, secretario ejecutivo de Acción Ciudadana, indicó que la petición a Contraloría se funda en la necesidad de seguir dotando a la población de herramientas de participación real.
“La Contraloría emitió un dictamen en que hubo varios puntos en que nos concedió lo que habíamos manifestado, entonces por eso hoy venimos a apoyar esta presentación porque creemos que la participación ciudadana, en este momento de desarrollo político de nuestro país, es muy relevante. Además tenemos que saber utilizar un instrumento legal que todavía no está correctamente aplicada como esta ley”, dijo Facuse.
Las organizaciones ciudadanas también han promovido el voto programático, donde los candidatos se comprometieron a implementar un programa que incluso fue inscrito ante notario.
En las últimas elecciones municipales resultaron electos cuatro alcaldes que firmaron ese compromiso, Josefina Errázuriz en Providencia, Carolina Tohá en Santiago, Gonzalo Durán en Independencia y Daniel Jadue en Recoleta.
Una de las razones que explicaría la alta abstención que se produjo en las pasadas elecciones municipales, se relaciona con el desencanto que tienen las personas respecto de la influencia que tienen en el ámbito político, ya sea a nivel local o regional.
Esta baja sintonía con la administración pública intentó ser superada con la promulgación de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana. Sin embargo, en muchos municipios, este articulado se transforma en letra muerta.
Así lo constató un estudio realizado por Ciudad Viva y Santiago Cómo Vamos, que reveló que “al menos 70 municipios del país, caen en la ilegalidad al no cumplir con la ley que promueve la participación ciudadana en la gestión pública municipal”.
Si bien, este estudio se realizó a nivel nacional, en la Región Metropolitana caen en la negra, Cerro Navia, La Florida, San Bernardo, Quinta Normal y Las Condes, comunas que ni siquiera cumplirían con los mínimos exigidos por la normativa, afirma la investigación.
En la otra cara de la moneda están Maipú, La Pintana y Peñalolén con un alto grado de cumplimiento a la legislación.
Por lo mismo, este miércoles organizaciones civiles solicitaron a Contraloría que fiscalice el cumplimiento de esta ley.
“Hay dos leyes fundamentales hoy para garantizar los derechos de los ciudadanos. Una de ellas es la de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la otra, la de Participación. La Ley de Transparencia tiene un ente de control que es el Consejo para la Transparencia, pero lamentablemente la ley de Participación Ciudadana no contempla un organismo que monitoree cómo se está cumpliendo la normativa y es por eso que hemos pedido a la Contraloría que ejerza ese rol”, explicó el autor del estudio, Tomás Marín de Ciudad Viva.
Por su parte, Nicolas Facuse, secretario ejecutivo de Acción Ciudadana, indicó que la petición a Contraloría se funda en la necesidad de seguir dotando a la población de herramientas de participación real.
“La Contraloría emitió un dictamen en que hubo varios puntos en que nos concedió lo que habíamos manifestado, entonces por eso hoy venimos a apoyar esta presentación porque creemos que la participación ciudadana, en este momento de desarrollo político de nuestro país, es muy relevante. Además tenemos que saber utilizar un instrumento legal que todavía no está correctamente aplicada como esta ley”, dijo Facuse.
Las organizaciones ciudadanas también han promovido el voto programático, donde los candidatos se comprometieron a implementar un programa que incluso fue inscrito ante notario.
En las últimas elecciones municipales resultaron electos cuatro alcaldes que firmaron ese compromiso, Josefina Errázuriz en Providencia, Carolina Tohá en Santiago, Gonzalo Durán en Independencia y Daniel Jadue en Recoleta.
