En la reciente elección municipal me tocó votar en el Liceo de Aplicación, en la avenida Cumming, en pleno barrio histórico de Santiago, lugar de armonía urbana, belleza arquitectónica y una de las pocas partes de la ciudad en que aún persiste la mezcla funcional (conviven distintas actividades) y la mezcla social (habitan distintas clases sociales).

Emociona recorrer este colegio, recién restaurado, ya que constituye un edificio elegante,  digno, generoso y con espacios adecuados. Enorgullece comprobar cómo el Estado chileno, desde comienzos del siglo XX, se comprometió con la educación pública y con las dotaciones materiales necesarias, promoviendo de esa manera la movilidad social. Es decir, la educación pública no tan solo de entregó contenidos y formación de calidad, sino que fundamentalmente promovió el encuentro social. Este formidable proceso democratizador fue complementado por las excelentes dotaciones físicas que el Estado proveyó, como lo es el edificio del colegio en cuestión, que no tiene nada que envidiar a los colegios privados tradicionales.

Esta relación complementaria entre distintas políticas públicas, educación y construcción de colegios, se dio en un contexto de una ciudad más igualitaria.

Lamentablemente, esta complementariedad entre distintas políticas públicas se rompió absolutamente, al incorporar religiosamente al mercado en todas las actividades del quehacer nacional. Es así que en el campo de la educación no tan solo perdió calidad, sino que se segregaron los colegios (para ricos, para clases medias y para pobres); las dotaciones físicas se deterioraron ostensiblemente, ya que el Estado construyó colegios de mala calidad para los sectores pobres. Algo similar hicieron los empresarios de la educación que sagazmente lucraron con los aportes del Estado y con la entrega de una educación deficiente. Es así que se dio una relación inversamente proporcional entre la ganancia obtenida por los propietarios y la calidad de la educación impartida.

Por lo tanto, el gran desafío que hoy se presenta es volver a la complementariedad de las políticas públicas. Es decir, una política de educación de calidad, pública y gratuita debe ir acompañada por una política de construcción de edificios escolares de calidad, que sea el centro del barrio y sobre todo, de una política de desarrollo urbano más igualitaria, donde convivan distintos sectores sociales.

Por eso es falaz, cuando frente a la demanda por educación pública, de calidad y gratuita, que hacen los movimientos sociales, se responde solamente generando mayores recursos, que si bien es fundamental, esconde el peligro de mejorar la educación para los pobres, para los sectores medios y para los ricos, pero dejando de lado el principal aporte de la educación pública que es la integración social.