El cierre de la Universidad del Mar coronó una situación denunciada por el movimiento estudiantil del año 2011: el lucro ejercido por varios establecimientos de educación superior, a través de un entramado de sociedades espejo (inmobiliarias especialmente), incumplimiento de los fines para los  que fueron creados, e impunidad amparada en la falta de fiscalización del Estado.

Si bien la denuncia la hizo –en mayo último- el recién asumido rector Luis Urrutia, ésta caló hondo en una sociedad hiper sensibilizada por lo que vienen clamando los estudiantes: educación gratuita y de calidad para todos, ejercida sin fines de lucro y regulación sistemática de los privados por un Estado que actúe preferentemente y resuelta y decisivamente, que -sin imposiciones ideológicas- no ceda su responsabilidad al mercado.

La acción de Urrutia tuvo la virtud de desenrollar una madeja que incluía el cohecho como un modo de asegurar la acreditación que permitía operar a la cuestionada universidad. Revelaciones posteriores confirmaron otro alegato de los estudiantes: el conflicto de intereses que afectaba a personeros de gobierno con participación en institutos educacionales. La incompatibilidad con los negocios que se instaló en el debate nacional por las empresas del propio Sebastián Piñera y las ligazones de varios de sus ministros en diversos rubros se extendió al ámbito educacional, al reconocer Joaquín Lavín de que no había perdido dinero en la Universidad del Desarrollo.

El que fuera el primer titular de Educación del actual gobierno no salió por ello. Le ocurrió después al ministro de Justicia Teodoro Ribera, pero no por ser uno de los dueños de la Universidad Autónoma del Sur y de Inca Cea, sino por mentir y cambiar sus dichos sobre sus relaciones con el jefe de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, actualmente preso.

La caída de quien nos consta es un jurista brillante fue seguida por la dimisión a la presidencia de Renovación Nacional de Carlos Larraín. Su movida y posterior marcha atrás en medio de una ácida polémica con la UDI y el gobierno, por las relaciones dentro del oficialismo, constituyó uno de esos episodios que hacen asco a la ciudadanía y, en especial, a los crecientes movimientos sociales. En vez de centrar sus fuegos en la podredumbre que sacaba a flote el caso Acreditación y la falta de regulación pública, la institucionalidad política se ensimismaba una vez más.

Mucho se dijo en este año que termina que el movimiento estudiantil se agotó y no fue capaz de crear otras formas de lucha y movilización. Lo ocurrido con la Universidad del Mar –con sus amargas secuelas en unos 18 mil estudiantes que quedaron a la deriva y las inquietantes improvisaciones del gobierno- muestran que al movimiento le bastó lo hecho el año pasado, para permear a la sociedad en su conjunto. Esta puede exasperarse con la violencia de los infiltrados en las marchas, pero mantiene un irrestricto apoyo a las demandas de los legítimos convocantes.

Esto es algo que deberán cuidar los jóvenes líderes ya consagrados y los nuevos, como Raúl Soto, vocero de los alumnos de la universidad que hasta hoy exhibe daños. Y vale especialmente para aquellos que militan en un PC que quiere ingresar al establishment partidario y que tendrá que jugársela para que la nueva mayoría de que forme parte no repita las falencias educacionales de la Concertación en sus 20 años de gobierno.