Este martes el Gobierno concretará la suma urgencia para el controvertido proyecto de ley que fortalece el orden público, conocido como “Ley antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”. Esto, luego del ataque incendiario y la agudización del conflicto en la región de La Araucanía.
Así lo detalló la vocera Cecilia Pérez, quien sostuvo que la norma apuntará a “cualquier tipo de manifestación donde estos cobardes se disfracen para crear inseguridad, destrucción o lesionar a personas o bienes en particular”.
La medida busca reactivar la tramitación de una iniciativa que fue ingresada en 2011 y fue apoyada con fuerza por el presidente de la UDI, diputado Patricio Melero: “De una vez por todas tenemos que dar una señal muy clara y categórica: que aquellos que ocultan su identidad y tapan su rostro es porque nada bueno traen debajo de esa máscara o de esa capucha. Por consiguiente, hay que apoyarla con resolución, no solamente en el ámbito de lo que está pasando en La Araucanía. Basta de personas de rostro cubierto, que no dan la cara, delinquen y propician el terrorismo”, indicó.
Sin embargo, la suma urgencia fue recibida con malestar por distintas bancadas parlamentarias de oposición. Diputados como Gabriel Silber (DC), Ricardo Rincón (DC) y Felipe Harboe (PPD), entre otros, anunciaron su rechazo al proyecto y cuestionaron que el Gobierno pretenda buscar acuerdos en La Araucanía mientras promueve la ley.
Por su parte, el diputado socialista Fidel Espinoza afirmó que “lo que quiere hacer la Ley Hinzpeter, sin ninguna duda, es truncar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse. Quiere ver a una ciudadanía encerrada, que no se manifieste, que no exprese disconformidad con las acciones que el Estado está llevando adelante. Eso nos parece preocupante. La Ley Hinzpeter es anti movimiento sociales más que una ley que busque desterrar conductas impropias que todos repudiamos y castigamos”.
Asimismo, Espinoza se mostró molesto ante las críticas recibidas desde el oficialismo: “Yo soy socialista, presidente de la comisión de DD.HH., y fui el primero en salir repudiando lo que ocurrió en La Araucanía. No puede ser que el Presidente diga que algunos estamos por amparar los actos terroristas, es una falta de respeto a quienes tenemos una voz disonante”, dijo.
La medida del Gobierno también reactivó la oposición en organizaciones sociales que han manifestado sus reparos desde que la ley fue presentada.
La directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, subrayó que la ley no puede vulnerar derechos fundamentales que se encuentran protegidos, además, por acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno: “Se correría el riesgo, por ejemplo, de que una persona que participa pacíficamente de una manifestación que termina en violencia, podría terminar en la cárcel y con una pena de hasta tres años. Nos preocupa el hecho de que se penalizan conductas muy disímiles. Está bien que se juzgue de manera independiente e imparcial y se sancionen como delito los hechos de violencia, pero conductas que son simplemente el ejercicio de DD.HH., como hacer una reunión masiva en lugar público sin armas, es algo que tiene que estar protegido por la ley, que no puede vulnerarse ni convertirse en delito”, explicó.
En Amnistía Internacional esperan reactivar los contactos con parlamentarios para buscar el rechazo a la ley y continúan con una campaña de recolección de firmas que ya suma más de seis mil adherentes.
Este martes el Gobierno concretará la suma urgencia para el controvertido proyecto de ley que fortalece el orden público, conocido como “Ley antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”. Esto, luego del ataque incendiario y la agudización del conflicto en la región de La Araucanía.
Así lo detalló la vocera Cecilia Pérez, quien sostuvo que la norma apuntará a “cualquier tipo de manifestación donde estos cobardes se disfracen para crear inseguridad, destrucción o lesionar a personas o bienes en particular”.
La medida busca reactivar la tramitación de una iniciativa que fue ingresada en 2011 y fue apoyada con fuerza por el presidente de la UDI, diputado Patricio Melero: “De una vez por todas tenemos que dar una señal muy clara y categórica: que aquellos que ocultan su identidad y tapan su rostro es porque nada bueno traen debajo de esa máscara o de esa capucha. Por consiguiente, hay que apoyarla con resolución, no solamente en el ámbito de lo que está pasando en La Araucanía. Basta de personas de rostro cubierto, que no dan la cara, delinquen y propician el terrorismo”, indicó.
Sin embargo, la suma urgencia fue recibida con malestar por distintas bancadas parlamentarias de oposición. Diputados como Gabriel Silber (DC), Ricardo Rincón (DC) y Felipe Harboe (PPD), entre otros, anunciaron su rechazo al proyecto y cuestionaron que el Gobierno pretenda buscar acuerdos en La Araucanía mientras promueve la ley.
Por su parte, el diputado socialista Fidel Espinoza afirmó que “lo que quiere hacer la Ley Hinzpeter, sin ninguna duda, es truncar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse. Quiere ver a una ciudadanía encerrada, que no se manifieste, que no exprese disconformidad con las acciones que el Estado está llevando adelante. Eso nos parece preocupante. La Ley Hinzpeter es anti movimiento sociales más que una ley que busque desterrar conductas impropias que todos repudiamos y castigamos”.
Asimismo, Espinoza se mostró molesto ante las críticas recibidas desde el oficialismo: “Yo soy socialista, presidente de la comisión de DD.HH., y fui el primero en salir repudiando lo que ocurrió en La Araucanía. No puede ser que el Presidente diga que algunos estamos por amparar los actos terroristas, es una falta de respeto a quienes tenemos una voz disonante”, dijo.
La medida del Gobierno también reactivó la oposición en organizaciones sociales que han manifestado sus reparos desde que la ley fue presentada.
La directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, subrayó que la ley no puede vulnerar derechos fundamentales que se encuentran protegidos, además, por acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno: “Se correría el riesgo, por ejemplo, de que una persona que participa pacíficamente de una manifestación que termina en violencia, podría terminar en la cárcel y con una pena de hasta tres años. Nos preocupa el hecho de que se penalizan conductas muy disímiles. Está bien que se juzgue de manera independiente e imparcial y se sancionen como delito los hechos de violencia, pero conductas que son simplemente el ejercicio de DD.HH., como hacer una reunión masiva en lugar público sin armas, es algo que tiene que estar protegido por la ley, que no puede vulnerarse ni convertirse en delito”, explicó.
En Amnistía Internacional esperan reactivar los contactos con parlamentarios para buscar el rechazo a la ley y continúan con una campaña de recolección de firmas que ya suma más de seis mil adherentes.
Este martes el Gobierno concretará la suma urgencia para el controvertido proyecto de ley que fortalece el orden público, conocido como “Ley antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”. Esto, luego del ataque incendiario y la agudización del conflicto en la región de La Araucanía.
Así lo detalló la vocera Cecilia Pérez, quien sostuvo que la norma apuntará a “cualquier tipo de manifestación donde estos cobardes se disfracen para crear inseguridad, destrucción o lesionar a personas o bienes en particular”.
La medida busca reactivar la tramitación de una iniciativa que fue ingresada en 2011 y fue apoyada con fuerza por el presidente de la UDI, diputado Patricio Melero: “De una vez por todas tenemos que dar una señal muy clara y categórica: que aquellos que ocultan su identidad y tapan su rostro es porque nada bueno traen debajo de esa máscara o de esa capucha. Por consiguiente, hay que apoyarla con resolución, no solamente en el ámbito de lo que está pasando en La Araucanía. Basta de personas de rostro cubierto, que no dan la cara, delinquen y propician el terrorismo”, indicó.
Sin embargo, la suma urgencia fue recibida con malestar por distintas bancadas parlamentarias de oposición. Diputados como Gabriel Silber (DC), Ricardo Rincón (DC) y Felipe Harboe (PPD), entre otros, anunciaron su rechazo al proyecto y cuestionaron que el Gobierno pretenda buscar acuerdos en La Araucanía mientras promueve la ley.
Por su parte, el diputado socialista Fidel Espinoza afirmó que “lo que quiere hacer la Ley Hinzpeter, sin ninguna duda, es truncar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse. Quiere ver a una ciudadanía encerrada, que no se manifieste, que no exprese disconformidad con las acciones que el Estado está llevando adelante. Eso nos parece preocupante. La Ley Hinzpeter es anti movimiento sociales más que una ley que busque desterrar conductas impropias que todos repudiamos y castigamos”.
Asimismo, Espinoza se mostró molesto ante las críticas recibidas desde el oficialismo: “Yo soy socialista, presidente de la comisión de DD.HH., y fui el primero en salir repudiando lo que ocurrió en La Araucanía. No puede ser que el Presidente diga que algunos estamos por amparar los actos terroristas, es una falta de respeto a quienes tenemos una voz disonante”, dijo.
La medida del Gobierno también reactivó la oposición en organizaciones sociales que han manifestado sus reparos desde que la ley fue presentada.
La directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, subrayó que la ley no puede vulnerar derechos fundamentales que se encuentran protegidos, además, por acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno: “Se correría el riesgo, por ejemplo, de que una persona que participa pacíficamente de una manifestación que termina en violencia, podría terminar en la cárcel y con una pena de hasta tres años. Nos preocupa el hecho de que se penalizan conductas muy disímiles. Está bien que se juzgue de manera independiente e imparcial y se sancionen como delito los hechos de violencia, pero conductas que son simplemente el ejercicio de DD.HH., como hacer una reunión masiva en lugar público sin armas, es algo que tiene que estar protegido por la ley, que no puede vulnerarse ni convertirse en delito”, explicó.
En Amnistía Internacional esperan reactivar los contactos con parlamentarios para buscar el rechazo a la ley y continúan con una campaña de recolección de firmas que ya suma más de seis mil adherentes.
