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Año XIV, 17 de agosto de 2022

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Abogados valoran dictamen de la Suprema que obliga a pagar costos del Caso Bombas

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones rechazó los recursos presentados por distintos organismos, quienes refutan el pago de costas desde el Estado a los imputados por el Caso Bombas, que finalmente resultaron absueltos. La defensa no descarta además la solicitud de indemnización al Estado de Chile.

Narayan Vila

  Jueves 31 de enero 2013 21:05 hrs. 
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En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de queja presentados por la Fiscalía, el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado, Hoteles de Chile y la parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, que buscaban evitar el pago de las costas del “Caso Bombas”.

De esta manera, la Sala Penal del Máximo Tribunal del país ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en noviembre del año pasado ordenó al Fisco indemnizar por un millón de dólares a las seis personas inculpadas en el juicio y a sus representantes.

Julio Cortés, abogado defensor de Carlos Riveros, calificó como importante y positivo el fallo de la Corte Suprema, ya que “definitivamente, se termina el caso bombas”, y apuntó que “si todavía subsisten recursos, es por la porfía de los persecutores, en vez de aceptar que nunca tuvieron elementos para fundamentar las acusaciones. No quieren aceptar las consecuencias, no se resignan a perder el caso y luego objetaron las costas y el costo de ellas, que es lo que se discutió acá”.

Con el dictamen ejecutoriado, Gustavo Fuentes Aliaga y Francisco Solar deberán recibir 100 millones de pesos cada uno, mientras que Felipe Guerra, Omar Hermosilla, Carlos Riveros y Mónica Caballero serán indemnizados con 80 millones.

Recursos que, según Julio Cortés, están completamente justificados por todos los perjuicios que debieron padecer las personas inculpadas: “Mucha gente le parece que son montos excesivos, pero fue un proceso penal de dos años, que requirió defensa especializada, además de diez meses de prisión preventiva, elementos que requieren una compensación, además de indemnizaciones que debe asumir el Estado que serán presentadas en su momento”.

Según indicó el jurista, el pago de las costas no tiene relación con posibles demandas indemnizatorias que quieran emprender algunas defensa, de las que, según adelantó, ya hay algunas adelantadas.

Los magistrados  Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Luis Bates, se mostraron a favor de condenar al Ministerio Público y a los querellantes, mientras que los jueces Hugo Dolmestch y el abogado integrante Ricardo Peralta fallaron en contra.

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