El gobierno de la Presidenta Cristina Fernández ha vuelto a polemizar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) después que el organismo “censurara” la falta de exactitud de las estadísticas sobre inflación y crecimiento del PIB que publica Buenos Aires.  En efecto, de acuerdo con los datos oficiales, la inflación en 2012 habría alcanzado a 10,8 por ciento, menos de la mitad de lo que calculaban consultoras privadas, que estimaban el guarismo en 25,6 por ciento. El PIB, en tanto, cerró sobre el 2 por ciento, mientras que las estimaciones privadas ubicaban la cifra en menos del 1 por ciento.

Las críticas del FMI a las estadísticas trasandinas, según diversos analistas nacionales e internacionales, serían justificadas, puesto que en 2007 el Gobierno intervino el Instituto de Estadísticas y colocó a cargo a un dirigente político afín a los intereses del gobierno, lo que ha hecho poco creíble sus cifras.

“Controlar” por vía administrativa los índices de inflación tiene ventajas y desventajas.  De un lado sirve para negociaciones salariales, lo que para un Estado grande y endeudado es relevante, en la medida que disminuye el costo de sus remuneraciones y, por otra, reduce la deuda pública interna. Pero lo que parece una ventaja para el Estado, no lo es ni para ahorrantes ni inversionistas que calculan sus ingresos por sobre inflación. Al no haber cifras confiables, se frena la inversión y ahorro, disminuyendo el ritmo de crecimiento. Al mismo tiempo, al reajustarse los sueldos a un compás artificialmente inferior al de las alzas de precios, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye, llevando al conjunto de la economía a la baja, por menor consumo e inversión.

Según diversos sondeos de opinión, la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos. Por eso, como se sabe, recientemente y con el propósito de frenarla, el gobierno llegó a un acuerdo con las principales cadenas de supermercados para congelar los precios de sus productos durante dos meses. Según el retail, aceptaron la apuesta con el propósito de probar que no son ellos los causantes de las alzas de precios.

En efecto, congelar los precios no es la solución puesto que sólo se ataca la fiebre y no la causa de la enfermedad, es decir, la asimetría entre lo que las empresas producen y la masa de dinero circulante para adquirir esos bienes. En Argentina las causas del alto IPC son la gran cantidad de pesos y el pequeño volumen de dólares accesible debido al control cambiario establecido por el gobierno, lo que ha generado un activo mercado negro de esa divisa.

Los especialistas apuestan a que con el congelamiento de los precios, las empresas tenderán a reducir su producción para ajustar costos. Esto generará desabastecimiento que impulsará el mercado negro de productos de alta demanda, como los alimentos. Pero según la mandataria trasandina “la verdadera causa” del enojo del Fondo es que Argentina “le pagó al FMI y reestructuró dos veces su deuda (…) sin volver a pedir prestado al mercado para terminar con la lógica del endeudamiento eterno y el negocio de bancos, intermediarios, comisionistas, que acabó en el ‘default’ del 2001”, según dijo en su cuenta de Twitter. Sin embargo una derivada de aquello es la crítica falta de dólares en esa economía y el aumento de la liquidez en pesos a que ha obligado dicha escases.

Si la inflación se pudiera terminar con el control de precios y la pobreza con más dinero en los bolsillos de las personas, entonces bastaría con que los bancos centrales del mundo emitieran grandes cantidades de papel moneda y que los Estados decretaran la congelación de los precios. Pero desgraciadamente la economía no funciona así, pues a mayor emisión, menor es el valor del dinero y mayor el aumento de los precios, hasta ajustarse a la producción. La clave está, pues, en la productividad de la economía y no en el control de precios.

De allí que sea tan relevante contar con entidades estadísticas nacionales que den confianza interna e internacional en sus cifras; con bancos centrales autónomos que resistan las presiones de los Gobiernos cuando quieren gastar más de lo que ingresa y con empresas que produzcan sus bienes y servicios eficientemente, de modo que los precios bajen como consecuencia de la abundancia y competencia y los salarios aumenten, a raíz de la mayor productividad. Lo demás es fantasía.