Luego que la justicia revocara la medida cautelar de firma quincenal que pesaba en contra de Emilio Berkhoff, la Corte penquista ordenó la prisión preventiva para el supuesto integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por el delito de porte de armas y municiones.
Frente al fallo de la justicia, el Gobierno emitió un comunicado público a través del ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla, quien indicó que se trata de un “prófugo asociado a la CAM” y que para el gobierno es esencial que Berkhoff se mantenga en prisión durante la investigación.
Ubilla aseguró que “nosotros creemos que es fundamental que una persona de estas características esté en prisión preventiva durante el periodo de la investigación. Es un prófugo, una persona que sabemos, como lo dijo en su momento el Ministro del Interior, esta asociado a la CAM, y es fundamental para el gobierno que la investigación sea realizada con él estando en detención”.
Al ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), tanto Emilio Berkhoff como su pareja Peggy Bocaz denunciaron las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior a la justicia. Mientras Berkhoff señaló que asumía con dignidad la prisión política de la que es objeto, su pareja denunció el acoso constante del Gobierno tanto a la Coordinadora Arauco Malleco, como a los partidarios y simpatizantes de la causa mapuche.
A la salida de su domicilio en Temuco, Berkhoff declaró: “Quiero anunciar que mi detención es producto de las presiones que ejerció el Gobierno hacia los tribunales, y asumo mi prisión política con la más grande dignidad que nos da la lucha libertad a todos los presos políticos mapuche”. Peggy Bocaz, a su vez, expresó que “la presión preventiva que se le ha impuesto obedece a las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior hacia el poder judicial”.
La postura del Gobierno frente a la detención de Berkhoff también fue criticada por las organizaciones de derechos humanos. Para José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, la actuación del gobierno en este caso es delicada pues, según señaló, “resulta obvio que hay una injerencia directa de parte del Gobierno y una continua crítica a los tribunales de justicia y a la acción que realizan en la persecución penal de los delitos de violencia que han ocurrido en el sur y que involucran a comuneros mapuche”.
El especialista enfatizó que “desde el punto de vista de derechos humanos hay una situación absolutamente cuestionable. Lamentablemente el cambio de la resolución en el caso de Emilio Berkhoff responde a las presiones que ha ejercido el Gobierno contra los tribunales de justicia con el fin de que se note que se está haciendo algo en función de lo que el Gobierno considera delitos, y que finalmente ha calificado incluso como de terroristas a la serie de hechos que se investigan en el sur de Chile. Consideramos absolutamente innecesaria e improcedente esta acción permanente del Gobierno de hostigar a los tribunales de justicia”.
Posible montaje
Araya añadió, además, que las comunidades están preocupadas, ya que es precisamente la actuación del Gobierno la que hace que se hable de un posible montaje, pues la insistencia en calificar hechos sin que se haya iniciado una indagación judicial otorgaría un manto de protección política y jurídica a las personas que realizan la investigación policial. Lo que trae como correlato, recordó, situaciones de vulneración de derechos humanos en las indagaciones, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Para el representante del Observatorio Ciudadano, todo lo anterior aumenta el desprestigio de los tribunales de justicia “en momentos en que lo que la gente necesita es mayor transparencia y seguridad de que se está haciendo una investigación que cumple con todas las reglas del debido proceso”.
Luego que la justicia revocara la medida cautelar de firma quincenal que pesaba en contra de Emilio Berkhoff, la Corte penquista ordenó la prisión preventiva para el supuesto integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por el delito de porte de armas y municiones.
Frente al fallo de la justicia, el Gobierno emitió un comunicado público a través del ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla, quien indicó que se trata de un “prófugo asociado a la CAM” y que para el gobierno es esencial que Berkhoff se mantenga en prisión durante la investigación.
Ubilla aseguró que “nosotros creemos que es fundamental que una persona de estas características esté en prisión preventiva durante el periodo de la investigación. Es un prófugo, una persona que sabemos, como lo dijo en su momento el Ministro del Interior, esta asociado a la CAM, y es fundamental para el gobierno que la investigación sea realizada con él estando en detención”.
Al ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), tanto Emilio Berkhoff como su pareja Peggy Bocaz denunciaron las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior a la justicia. Mientras Berkhoff señaló que asumía con dignidad la prisión política de la que es objeto, su pareja denunció el acoso constante del Gobierno tanto a la Coordinadora Arauco Malleco, como a los partidarios y simpatizantes de la causa mapuche.
A la salida de su domicilio en Temuco, Berkhoff declaró: “Quiero anunciar que mi detención es producto de las presiones que ejerció el Gobierno hacia los tribunales, y asumo mi prisión política con la más grande dignidad que nos da la lucha libertad a todos los presos políticos mapuche”. Peggy Bocaz, a su vez, expresó que “la presión preventiva que se le ha impuesto obedece a las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior hacia el poder judicial”.
La postura del Gobierno frente a la detención de Berkhoff también fue criticada por las organizaciones de derechos humanos. Para José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, la actuación del gobierno en este caso es delicada pues, según señaló, “resulta obvio que hay una injerencia directa de parte del Gobierno y una continua crítica a los tribunales de justicia y a la acción que realizan en la persecución penal de los delitos de violencia que han ocurrido en el sur y que involucran a comuneros mapuche”.
El especialista enfatizó que “desde el punto de vista de derechos humanos hay una situación absolutamente cuestionable. Lamentablemente el cambio de la resolución en el caso de Emilio Berkhoff responde a las presiones que ha ejercido el Gobierno contra los tribunales de justicia con el fin de que se note que se está haciendo algo en función de lo que el Gobierno considera delitos, y que finalmente ha calificado incluso como de terroristas a la serie de hechos que se investigan en el sur de Chile. Consideramos absolutamente innecesaria e improcedente esta acción permanente del Gobierno de hostigar a los tribunales de justicia”.
Posible montaje
Araya añadió, además, que las comunidades están preocupadas, ya que es precisamente la actuación del Gobierno la que hace que se hable de un posible montaje, pues la insistencia en calificar hechos sin que se haya iniciado una indagación judicial otorgaría un manto de protección política y jurídica a las personas que realizan la investigación policial. Lo que trae como correlato, recordó, situaciones de vulneración de derechos humanos en las indagaciones, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Para el representante del Observatorio Ciudadano, todo lo anterior aumenta el desprestigio de los tribunales de justicia “en momentos en que lo que la gente necesita es mayor transparencia y seguridad de que se está haciendo una investigación que cumple con todas las reglas del debido proceso”.
Luego que la justicia revocara la medida cautelar de firma quincenal que pesaba en contra de Emilio Berkhoff, la Corte penquista ordenó la prisión preventiva para el supuesto integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por el delito de porte de armas y municiones.
Frente al fallo de la justicia, el Gobierno emitió un comunicado público a través del ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla, quien indicó que se trata de un “prófugo asociado a la CAM” y que para el gobierno es esencial que Berkhoff se mantenga en prisión durante la investigación.
Ubilla aseguró que “nosotros creemos que es fundamental que una persona de estas características esté en prisión preventiva durante el periodo de la investigación. Es un prófugo, una persona que sabemos, como lo dijo en su momento el Ministro del Interior, esta asociado a la CAM, y es fundamental para el gobierno que la investigación sea realizada con él estando en detención”.
Al ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), tanto Emilio Berkhoff como su pareja Peggy Bocaz denunciaron las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior a la justicia. Mientras Berkhoff señaló que asumía con dignidad la prisión política de la que es objeto, su pareja denunció el acoso constante del Gobierno tanto a la Coordinadora Arauco Malleco, como a los partidarios y simpatizantes de la causa mapuche.
A la salida de su domicilio en Temuco, Berkhoff declaró: “Quiero anunciar que mi detención es producto de las presiones que ejerció el Gobierno hacia los tribunales, y asumo mi prisión política con la más grande dignidad que nos da la lucha libertad a todos los presos políticos mapuche”. Peggy Bocaz, a su vez, expresó que “la presión preventiva que se le ha impuesto obedece a las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior hacia el poder judicial”.
La postura del Gobierno frente a la detención de Berkhoff también fue criticada por las organizaciones de derechos humanos. Para José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, la actuación del gobierno en este caso es delicada pues, según señaló, “resulta obvio que hay una injerencia directa de parte del Gobierno y una continua crítica a los tribunales de justicia y a la acción que realizan en la persecución penal de los delitos de violencia que han ocurrido en el sur y que involucran a comuneros mapuche”.
El especialista enfatizó que “desde el punto de vista de derechos humanos hay una situación absolutamente cuestionable. Lamentablemente el cambio de la resolución en el caso de Emilio Berkhoff responde a las presiones que ha ejercido el Gobierno contra los tribunales de justicia con el fin de que se note que se está haciendo algo en función de lo que el Gobierno considera delitos, y que finalmente ha calificado incluso como de terroristas a la serie de hechos que se investigan en el sur de Chile. Consideramos absolutamente innecesaria e improcedente esta acción permanente del Gobierno de hostigar a los tribunales de justicia”.
Posible montaje
Araya añadió, además, que las comunidades están preocupadas, ya que es precisamente la actuación del Gobierno la que hace que se hable de un posible montaje, pues la insistencia en calificar hechos sin que se haya iniciado una indagación judicial otorgaría un manto de protección política y jurídica a las personas que realizan la investigación policial. Lo que trae como correlato, recordó, situaciones de vulneración de derechos humanos en las indagaciones, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Para el representante del Observatorio Ciudadano, todo lo anterior aumenta el desprestigio de los tribunales de justicia “en momentos en que lo que la gente necesita es mayor transparencia y seguridad de que se está haciendo una investigación que cumple con todas las reglas del debido proceso”.
