Diario y Radio U Chile

Año XI, 22 de agosto de 2019

Escritorio

Ley Hinzpeter podría ser votada en junio, pese a oposición de organizaciones civiles

La llamada “Ley Hinzpeter”, como se conoce la iniciativa legislativa del Ejecutivo que busca resguardar el orden público, podría votarse en junio. El Gobierno dice estar avanzando en proteger también el derecho a reunión, idea resistida por especialistas y por la sociedad civil, quienes afirman que el cuerpo de la iniciativa plantea la trasgresión a derechos fundamentales.

Héctor Areyuna

  Jueves 16 de mayo 2013 1:49 hrs. 
Firmas-Ley-Hinzpeter

La comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados realizó una nueva jornada de análisis del proyecto de ley de resguardo del orden público, iniciativa también conocida como Ley Hinzpeter.

A la sesión de este miércoles asistieron autoridades de Gobierno, de Carabineros, académicos y representantes de la sociedad civil, a discutir las implicancias de la normativa impulsada por el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

En la ocasión, el actual secretario de Estado a cargo del Interior, Andrés Chadwick, dijo que se debe prever las situaciones delictivas al interior de las manifestaciones.

“El problema que tenemos es que el libre ejercicio de un derecho hoy día en Chile, como es el derecho a manifestación, personas que no quieren ejercerlo buscan aprovecharse de el para efectos de cometer una acción delictiva. ¿Dejamos que lo haga? ¿O buscamos para proteger el derecho la prevención y sanción de estos actos? Ese es el punto”, justificó Chadwick.

En tanto, el jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, afirmó que no se debe penalizar el acto de “encapucharse”, asegurando que esto se presta para penar a quienes no cometen ilícitos.

Además, enfatizó en que si bien “el derecho de reunión y la libertad de expresión pueden eventualmente tener restricciones, también se ha dicho, y en esto cito a la CIDH, que en el momento de hacer un balance sobre el derecho de tránsito y de reunión corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino uno de los primeros y más fundamentales de toda la estructura democrática”.

En ese sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, explicó que sólo la aplicación de normas penales en el contexto de la movilización, trasgrede estos derechos.

“Hay ciertas restricciones que son admisibles, pero cuando se trata de normas penales que sanciona de manera más fuerte los mismos delitos si estos se hacen en el contexto de una movilización es muy difícil que el equilibrio se logre mantener. Los delitos ya están penalizados en la ley y el hecho de penalizarlos de manera más grave por el hecho de suceder en el contexto de la protesta social está generando una restricción a la libertad de expresión y el derecho a reunión”, precisó Piquer.

La directora de la ONG dijo que los límites a los DDHH se pueden justificar bajo tres excepciones. Una de estas es que sea “estrictamente necesario y proporcional”, punto que preocupa en el caso chileno.

Chadwick, al salir de la sesión, aseguró que la normativa estará en condiciones de votarse en junio, cuando se termine la etapa de estudio de las indicaciones.

Según el presidente de la comisión, Cristián Monckeberg (RN), el Ejecutivo simplificó la propuesta original, pero aún quedan dos visiones por coincidir, “quienes creen que con esto se está limitando el derecho a reunión y quienes señalan que con esto se está favoreciendo el derecho a reunión, porque se está protegiendo la posibilidad de manifestarse y que no se comentan delitos en paralelo”, concluyó el parlamentario.