Una práctica que, hasta la fecha, no tiene ningún tipo de regulación parece avanzar hacia un mayor ordenamiento normativo.
Así quedó de manifiesto con la aprobación, en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, del proyecto de regula el lobby y que fue consensuado entre el Gobierno y la oposición.
El texto, que lleva casi 10 años en el Congreso, establece que todas las autoridades políticas del Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como también los jefes de gabinete y asesores, deben informar y publicar todas las reuniones que sostengan con representantes que defiendan intereses particulares, gremiales o institucionales.
Esta información debe ser divulgada por cada legislador, recopilada por los sitios electrónicos de ambas Cámaras y enviada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El diputado PPD Guillermo Ceroni sostuvo que, pese a que el Gobierno se opuso al “registro de lobistas”, este seguimiento de la agenda de autoridades gubernamentales y parlamentarias, en la práctica, tendrá ese carácter.
En este sentido, el parlamentario de la oposición explicó que “en la medida en que las distintas personas, ya sean jurídicas o naturales, le planteen a alguna autoridad sus puntos de vista frente a algún acto, alguna ley o alguna norma y que en el fondo esté desarrollando una acción de Lobby, la persona que recibe va a tener que estar informando de manera constante de ello y finalmente así se va ir armando en la práctica una especie de registro de quienes se están dedicando al Lobby”.
Si bien no habrá un registro, sí claridad de quién es considerado un lobista, ya que se definió este “oficio” como aquel que defiende intereses particulares o colectivos y que recibe una remuneración por ello.
El proyecto hace extensiva esta obligación de informar a las autoridades del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
Marisol Turres, diputada de la Unión Demócrata Independiente, destacó la aprobación del proyecto, que ahora pasará a la comisión de Hacienda y, de ser aprobado, a la Sala de la Cámara.
En esa línea, la legisladora, señaló que “el objetivo es que se conozca cuáles son las agendas cuando tenemos cuando determinadas personas que son lobistas persiguen o hacen valer algún punto de vista, que influye en la decisión que nos corresponde tomar en el ámbito de nuestras facultades”.
También los denominados “sujetos activos”, los lobistas, deben dar cuenta de sus actividades. La publicación de esta información es obligatoria y, en caso de existir omisiones o manipulación, existen sanciones que pueden ser incluso penales.
El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, también destacó la aprobación de esta iniciativa, afirmando que “se está avanzando en leyes que son importantes para perfeccionar la democracia con mayor transparencia”.
Una práctica que, hasta la fecha, no tiene ningún tipo de regulación parece avanzar hacia un mayor ordenamiento normativo.
Así quedó de manifiesto con la aprobación, en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, del proyecto de regula el lobby y que fue consensuado entre el Gobierno y la oposición.
El texto, que lleva casi 10 años en el Congreso, establece que todas las autoridades políticas del Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como también los jefes de gabinete y asesores, deben informar y publicar todas las reuniones que sostengan con representantes que defiendan intereses particulares, gremiales o institucionales.
Esta información debe ser divulgada por cada legislador, recopilada por los sitios electrónicos de ambas Cámaras y enviada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El diputado PPD Guillermo Ceroni sostuvo que, pese a que el Gobierno se opuso al “registro de lobistas”, este seguimiento de la agenda de autoridades gubernamentales y parlamentarias, en la práctica, tendrá ese carácter.
En este sentido, el parlamentario de la oposición explicó que “en la medida en que las distintas personas, ya sean jurídicas o naturales, le planteen a alguna autoridad sus puntos de vista frente a algún acto, alguna ley o alguna norma y que en el fondo esté desarrollando una acción de Lobby, la persona que recibe va a tener que estar informando de manera constante de ello y finalmente así se va ir armando en la práctica una especie de registro de quienes se están dedicando al Lobby”.
Si bien no habrá un registro, sí claridad de quién es considerado un lobista, ya que se definió este “oficio” como aquel que defiende intereses particulares o colectivos y que recibe una remuneración por ello.
El proyecto hace extensiva esta obligación de informar a las autoridades del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
Marisol Turres, diputada de la Unión Demócrata Independiente, destacó la aprobación del proyecto, que ahora pasará a la comisión de Hacienda y, de ser aprobado, a la Sala de la Cámara.
En esa línea, la legisladora, señaló que “el objetivo es que se conozca cuáles son las agendas cuando tenemos cuando determinadas personas que son lobistas persiguen o hacen valer algún punto de vista, que influye en la decisión que nos corresponde tomar en el ámbito de nuestras facultades”.
También los denominados “sujetos activos”, los lobistas, deben dar cuenta de sus actividades. La publicación de esta información es obligatoria y, en caso de existir omisiones o manipulación, existen sanciones que pueden ser incluso penales.
El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, también destacó la aprobación de esta iniciativa, afirmando que “se está avanzando en leyes que son importantes para perfeccionar la democracia con mayor transparencia”.
Una práctica que, hasta la fecha, no tiene ningún tipo de regulación parece avanzar hacia un mayor ordenamiento normativo.
Así quedó de manifiesto con la aprobación, en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, del proyecto de regula el lobby y que fue consensuado entre el Gobierno y la oposición.
El texto, que lleva casi 10 años en el Congreso, establece que todas las autoridades políticas del Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como también los jefes de gabinete y asesores, deben informar y publicar todas las reuniones que sostengan con representantes que defiendan intereses particulares, gremiales o institucionales.
Esta información debe ser divulgada por cada legislador, recopilada por los sitios electrónicos de ambas Cámaras y enviada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El diputado PPD Guillermo Ceroni sostuvo que, pese a que el Gobierno se opuso al “registro de lobistas”, este seguimiento de la agenda de autoridades gubernamentales y parlamentarias, en la práctica, tendrá ese carácter.
En este sentido, el parlamentario de la oposición explicó que “en la medida en que las distintas personas, ya sean jurídicas o naturales, le planteen a alguna autoridad sus puntos de vista frente a algún acto, alguna ley o alguna norma y que en el fondo esté desarrollando una acción de Lobby, la persona que recibe va a tener que estar informando de manera constante de ello y finalmente así se va ir armando en la práctica una especie de registro de quienes se están dedicando al Lobby”.
Si bien no habrá un registro, sí claridad de quién es considerado un lobista, ya que se definió este “oficio” como aquel que defiende intereses particulares o colectivos y que recibe una remuneración por ello.
El proyecto hace extensiva esta obligación de informar a las autoridades del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
Marisol Turres, diputada de la Unión Demócrata Independiente, destacó la aprobación del proyecto, que ahora pasará a la comisión de Hacienda y, de ser aprobado, a la Sala de la Cámara.
En esa línea, la legisladora, señaló que “el objetivo es que se conozca cuáles son las agendas cuando tenemos cuando determinadas personas que son lobistas persiguen o hacen valer algún punto de vista, que influye en la decisión que nos corresponde tomar en el ámbito de nuestras facultades”.
También los denominados “sujetos activos”, los lobistas, deben dar cuenta de sus actividades. La publicación de esta información es obligatoria y, en caso de existir omisiones o manipulación, existen sanciones que pueden ser incluso penales.
El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, también destacó la aprobación de esta iniciativa, afirmando que “se está avanzando en leyes que son importantes para perfeccionar la democracia con mayor transparencia”.
