Muchos familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet jamás sabrán la verdad ni obtendrán justicia, pero al menos tienen el consuelo de la reparación y la certeza que nunca más una institución o autoridad legítima se atreverá a desconocer o relativizar lo sucedido.

Esto que avanzada la segunda década del siglo XXI parece tan obvio, no lo era hasta recién finales del año 2000, cuando las FFAA admitieron institucionalmente los crímenes en la Mesa de Diálogo sobre DDHH.

Sin embargo, desde entonces se han sucedido episodios de fraude vinculados a las políticas de reparación que, aunque jamás llegarán a perturbar la verdad, repugnan la conciencia nacional y la amargan con la duda, el oportunismo y la corrupción.

En noviembre de 2008 un programa periodístico puso al descubierto la existencia de algunos casos de falsos detenidos desaparecidos, dando lugar a un proceso judicial por el cobro de pensiones de reparación por parte de familiares de 4 fallecidos por causas ajenas a las violaciones a los derechos humanos. El caso obligó incluso a intervenir el memorial del cementerio general para borrar uno de los nombres de los detenidos desaparecidos.

En abril de 2010, otra investigación periodística encendió la alerta sobre el uso fraudulento de los recursos para becas de estudio a víctimas de prisión política y tortura, que recién recibían una reparación simbólica a su tragedia, gracias al trabajo de la llamada “Comisión Valech”, creada en septiembre de 2003. Los afectados denunciaron que bajo engaño fueron incorporados a programas de estudio de dudosa calidad, por los cuales la UNIACC cobró altos aranceles al Estado.

En los últimos días el escándalo se ha cernido sobre las víctimas de exoneraciones políticas. La investigación que concluyó la Contraloría por el pago irregular de beneficios se inició en noviembre de 2008, cuando el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa López, denunció la existencia de 100 mil personas que reciben reparaciones sin merecerlo.

El caso de los falsos detenidos desaparecidos corresponde a la iniciativa aislada e individual de un par de pillos bien informados que encontraron la forma de hacerse de unos pesos y otorgarle heroísmo a la muerte de sus seres queridos.

Lo de las Becas Valech fue la operación inescrupulosa de una empresa privada que detectó una oportunidad de negocios y echó mano al tráfico de influencia para lucrar con personas vulnerables.

En el caso de las pensiones de exonerados políticos estamos frente a verdaderas máquina de clientelismo que se aprovecharon de la masividad del problema y la laxitud de la norma, para capturar adherentes incondicionales, a través del uso fraudulento de recursos fiscales.

Tal vez lo peor de este caso, es que los malhechores no son personas aisladas ni instituciones con fines de lucro, sino pequeñas mafias de operadores políticos que ni siquiera actúan para su enriquecimiento personal. Muchos de ellos hasta fueron víctimas de la represión en dictadura y han dedicado su vida a la causa política, pero en algún momento se extraviaron y olvidaron el sentido de su actividad.