INDH asegura que planteó caso de falsos exonerados en 2011
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió al emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, para que saliera del silencio sobre las irregularidades por la entrega de beneficios a falsos exonerados. La directora del organismo afirmó que "una explicitación del Instituto está en el informe del año 2011, donde nosotros planteamos esta situación".
Miércoles 12 de junio 2013 17:13 hrs.
En el caso de los falsos exonerados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió al emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, para que saliera del silencio sobre las irregularidades por la entrega de beneficios a falsos exonerados.
Cabe señalar que el representante de la mencionada organización de exonerados, Raúl Celpa, dijo que la denuncia de falsos exonerados fue entregada el año 1998 al organismo estatal encargado de monitorear los derechos fundamentales en Chile, pero que no hubo respuesta formal a distintas cartas.
Al respecto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, dijo que en el informe anual de Derechos Humanos del año 2011 dejaron constancia de estas situaciones, y que puso al tanto de las mismas al ministerio del Interior, que en ese entonces estaba encabezado por Rodrigo Hinzpeter (actual titular de Defensa).
En este sentido, la directora del INDH afirmó que “una explicitación del Instituto está en el informe del año 2011, donde nosotros planteamos esta situación y la necesidad de que se avanzara en la investigación, de hecho enviamos los oficios al ministerio del Interior para que se nos informara de cuáles eran las acciones que estaba llevando a cabo para efectos de constatar la veracidad sobre las irregularidades. Por esto, pronunciamiento del Instituto y preocupación del Instituto ha habido”.
Ante el emplazamiento de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, la abogada Lorena Fríes remitió a una columna de opinión publicada en la página web del Instituto. Allí, bajo el título de “Beneficios de exonerados y políticas de reparación”, afirma que: “Parece obvio que tales denuncias deben ser seriamente investigadas, no sólo en función del deber general de cautelar el uso de los recursos públicos, sino porque su mala utilización puede llegar a implicar un cuestionamiento acerca de la justicia y necesidad de tales políticas”.
Entre estas políticas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos menciona: al sistema de pensiones de reparación a familiares de personas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas calificadas como sobrevivientes de prisión política y tortura; al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS); a las becas de estudio para hijos de las víctimas calificadas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial menores de 35 años; la rehabilitación de derechos civiles y políticos; y la pensión no contributiva para exonerados por razones políticas.
En el caso de los falsos exonerados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió al emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, para que saliera del silencio sobre las irregularidades por la entrega de beneficios a falsos exonerados.
Cabe señalar que el representante de la mencionada organización de exonerados, Raúl Celpa, dijo que la denuncia de falsos exonerados fue entregada el año 1998 al organismo estatal encargado de monitorear los derechos fundamentales en Chile, pero que no hubo respuesta formal a distintas cartas.
Al respecto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, dijo que en el informe anual de Derechos Humanos del año 2011 dejaron constancia de estas situaciones, y que puso al tanto de las mismas al ministerio del Interior, que en ese entonces estaba encabezado por Rodrigo Hinzpeter (actual titular de Defensa).
En este sentido, la directora del INDH afirmó que “una explicitación del Instituto está en el informe del año 2011, donde nosotros planteamos esta situación y la necesidad de que se avanzara en la investigación, de hecho enviamos los oficios al ministerio del Interior para que se nos informara de cuáles eran las acciones que estaba llevando a cabo para efectos de constatar la veracidad sobre las irregularidades. Por esto, pronunciamiento del Instituto y preocupación del Instituto ha habido”.
Ante el emplazamiento de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, la abogada Lorena Fríes remitió a una columna de opinión publicada en la página web del Instituto. Allí, bajo el título de “Beneficios de exonerados y políticas de reparación”, afirma que: “Parece obvio que tales denuncias deben ser seriamente investigadas, no sólo en función del deber general de cautelar el uso de los recursos públicos, sino porque su mala utilización puede llegar a implicar un cuestionamiento acerca de la justicia y necesidad de tales políticas”.
Entre estas políticas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos menciona: al sistema de pensiones de reparación a familiares de personas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas calificadas como sobrevivientes de prisión política y tortura; al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS); a las becas de estudio para hijos de las víctimas calificadas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial menores de 35 años; la rehabilitación de derechos civiles y políticos; y la pensión no contributiva para exonerados por razones políticas.
En el caso de los falsos exonerados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió al emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, para que saliera del silencio sobre las irregularidades por la entrega de beneficios a falsos exonerados.
Cabe señalar que el representante de la mencionada organización de exonerados, Raúl Celpa, dijo que la denuncia de falsos exonerados fue entregada el año 1998 al organismo estatal encargado de monitorear los derechos fundamentales en Chile, pero que no hubo respuesta formal a distintas cartas.
Al respecto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, dijo que en el informe anual de Derechos Humanos del año 2011 dejaron constancia de estas situaciones, y que puso al tanto de las mismas al ministerio del Interior, que en ese entonces estaba encabezado por Rodrigo Hinzpeter (actual titular de Defensa).
En este sentido, la directora del INDH afirmó que “una explicitación del Instituto está en el informe del año 2011, donde nosotros planteamos esta situación y la necesidad de que se avanzara en la investigación, de hecho enviamos los oficios al ministerio del Interior para que se nos informara de cuáles eran las acciones que estaba llevando a cabo para efectos de constatar la veracidad sobre las irregularidades. Por esto, pronunciamiento del Instituto y preocupación del Instituto ha habido”.
Ante el emplazamiento de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, la abogada Lorena Fríes remitió a una columna de opinión publicada en la página web del Instituto. Allí, bajo el título de “Beneficios de exonerados y políticas de reparación”, afirma que: “Parece obvio que tales denuncias deben ser seriamente investigadas, no sólo en función del deber general de cautelar el uso de los recursos públicos, sino porque su mala utilización puede llegar a implicar un cuestionamiento acerca de la justicia y necesidad de tales políticas”.
Entre estas políticas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos menciona: al sistema de pensiones de reparación a familiares de personas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas calificadas como sobrevivientes de prisión política y tortura; al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS); a las becas de estudio para hijos de las víctimas calificadas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial menores de 35 años; la rehabilitación de derechos civiles y políticos; y la pensión no contributiva para exonerados por razones políticas.
