Es la primera sentencia judicial en el caso que explotó en 2013. Se condenó a Haydeé Llanos a 61 días de pena remitida por mentir en su afiliación laboral.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió al emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, para que saliera del silencio sobre las irregularidades por la entrega de beneficios a falsos exonerados. La directora del organismo afirmó que “una explicitación del Instituto está en el informe del año 2011, donde nosotros planteamos esta situación”.
El Gobierno oficializó el martes la presentación de una denuncia contra los presuntos tres mil falsos exonerados políticos y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ratificó a la Fiscalía Centro Norte para que investigue el caso. Raúl Celpa, de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, pide restarse de la “chimuchina” política y hace un llamado al Instituto de Derechos Humanos a manifestarse respecto de las irregularidades.
El Ejecutivo anunció un proceso de suspensión de pagos a supuestos falsos exonerados políticos y advirtió que se pedirá asesoría a Contraloría para que especifique cómo proceder ante casos prescritos. Desde la oposición, en tanto, sostienen que las irregularidades son mucho menores a las que cuantifica el gobierno.
Desde la Corte Suprema se está analizando designar un ministro en visita para investigar el caso exonerados. Por su parte en el Parlamento, diputados RN presentaron un proyecto de ley que busca eliminar el pago de compensaciones a los falsos exonerados políticos. Desde la oposición la voz ha sido clara: dejar que la justicia determine la pertinencia de la demanda.
