Las voces de Calama vuelven a surgir. Los dirigentes comunales de la ciudad nortina han reactivado sus movilizaciones, en pos de obtener respuestas a demandas que se mantienen sin solución desde 2009.
La capital de la provincia de El Loa se consagró como la primera ciudad del norte en donde el movimiento social se tomaba las calles, reclamando por derechos que el país no resolvía: educación, descentralización, mejoras en salud y viviendas, tomando desde la producción de cobre los insumos necesarios para capitalizar las necesidades.
Han pasado cuatro años desde las primeras movilizaciones, donde los gritos y cánticos pedían atención y solución a problemas que se dan a kilómetros de la capital de nuestro centralizado país.
Así lo señalaba en ese entonces el alcalde Esteban Velásquez: “Se vienen meses interesantes, tal vez difíciles. Calama está esperando, esperanzada en un cambio importante. Queremos que la ciudad sea tomada en cuenta, que quienes viven en esta tierra tengamos atención. Calama está en la calle pidiendo dignididad”.
Estos años organizaron marchas, movilizaciones con miles de participantes, pero esta vez los calameños se cansaron de no ser oídos y decidieron, mediante cabildo abierto, que paralizarían las actividades.
Desde el anuncio hasta hoy, diversas organizaciones han adherido al paro convocado para este 26 de junio. Transporte, Colegio Médico, iglesias, estudiantes, minería, movimientos de mujeres y profesores ya se han sumado a la manifestación.
Para Héctor Gutiérrez, vocero del Movimiento Ciudadano de Calama, esta jornada será un punto de inflexión respecto de las acciones que se tomarán a futuro: “La gente de Calama está consciente de la importancia histórica de mañana, será un punto de inflexión de nuestras demandas para instalarnos en el escenario nacional de la arena política, para demostrar que las demandas de Calama están presentes”.
Las demandas históricas de los ciudadanos apuntan a recibir el 5% de las utilidades de Codelco para la administración municipal, compensación de 400 millones de dólares por infraestructura y urbanismo, renacionalización del agua, del litio y del cobre, aumentar el número de profesionales en el Hospital Regional, subsanar los problemas de vivienda y generar oportunidades educativas, petitorio que ha sido respondido desde el gobierno con el Fondenor (Fondo de Desarrollo para el Norte), desechado en la comuna por “insuficiente”.
La iniciativa presentada desde el Ejecutivo ya fue votada en primera instancia por el Senado y ahora espera una segunda votación en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Sin embargo, genera rechazo al interior de los opositores al gobierno.
Para el diputado por la zona, Marco Espinosa (PRSD) los montos pactados y la derivación por tiempo limitado de estos mismos (entre 2014 y 2025) no solucionará los problemas de la ciudad que se moviliza para no convertirse en “fantasma” cuando se acabe la extracción de cobre.
“Tenemos el caso más evidente de incumplimiento en la tramitación del proyecto de ley. El Gobierno se encargó de transformarlo en un fondito, que en nada responde a las expectativas de los habitantes de la comuna, en relación a contar con fondos permanentes producto de la actividad minera”, indicó el parlamentario.
Lo cierto es que mientras en el Ejecutivo y Parlamento se debaten los planes de entrega de recursos a zonas mineras, los ciudadanos se paralizan para solicitar soluciones descentralizadas, que respondan a las necesidades locales, dando la posibilidad de que las regiones progresen y se consagren como verdaderos focos de desarrollo país.
Las voces de Calama vuelven a surgir. Los dirigentes comunales de la ciudad nortina han reactivado sus movilizaciones, en pos de obtener respuestas a demandas que se mantienen sin solución desde 2009.
La capital de la provincia de El Loa se consagró como la primera ciudad del norte en donde el movimiento social se tomaba las calles, reclamando por derechos que el país no resolvía: educación, descentralización, mejoras en salud y viviendas, tomando desde la producción de cobre los insumos necesarios para capitalizar las necesidades.
Han pasado cuatro años desde las primeras movilizaciones, donde los gritos y cánticos pedían atención y solución a problemas que se dan a kilómetros de la capital de nuestro centralizado país.
Así lo señalaba en ese entonces el alcalde Esteban Velásquez: “Se vienen meses interesantes, tal vez difíciles. Calama está esperando, esperanzada en un cambio importante. Queremos que la ciudad sea tomada en cuenta, que quienes viven en esta tierra tengamos atención. Calama está en la calle pidiendo dignididad”.
Estos años organizaron marchas, movilizaciones con miles de participantes, pero esta vez los calameños se cansaron de no ser oídos y decidieron, mediante cabildo abierto, que paralizarían las actividades.
Desde el anuncio hasta hoy, diversas organizaciones han adherido al paro convocado para este 26 de junio. Transporte, Colegio Médico, iglesias, estudiantes, minería, movimientos de mujeres y profesores ya se han sumado a la manifestación.
Para Héctor Gutiérrez, vocero del Movimiento Ciudadano de Calama, esta jornada será un punto de inflexión respecto de las acciones que se tomarán a futuro: “La gente de Calama está consciente de la importancia histórica de mañana, será un punto de inflexión de nuestras demandas para instalarnos en el escenario nacional de la arena política, para demostrar que las demandas de Calama están presentes”.
Las demandas históricas de los ciudadanos apuntan a recibir el 5% de las utilidades de Codelco para la administración municipal, compensación de 400 millones de dólares por infraestructura y urbanismo, renacionalización del agua, del litio y del cobre, aumentar el número de profesionales en el Hospital Regional, subsanar los problemas de vivienda y generar oportunidades educativas, petitorio que ha sido respondido desde el gobierno con el Fondenor (Fondo de Desarrollo para el Norte), desechado en la comuna por “insuficiente”.
La iniciativa presentada desde el Ejecutivo ya fue votada en primera instancia por el Senado y ahora espera una segunda votación en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Sin embargo, genera rechazo al interior de los opositores al gobierno.
Para el diputado por la zona, Marco Espinosa (PRSD) los montos pactados y la derivación por tiempo limitado de estos mismos (entre 2014 y 2025) no solucionará los problemas de la ciudad que se moviliza para no convertirse en “fantasma” cuando se acabe la extracción de cobre.
“Tenemos el caso más evidente de incumplimiento en la tramitación del proyecto de ley. El Gobierno se encargó de transformarlo en un fondito, que en nada responde a las expectativas de los habitantes de la comuna, en relación a contar con fondos permanentes producto de la actividad minera”, indicó el parlamentario.
Lo cierto es que mientras en el Ejecutivo y Parlamento se debaten los planes de entrega de recursos a zonas mineras, los ciudadanos se paralizan para solicitar soluciones descentralizadas, que respondan a las necesidades locales, dando la posibilidad de que las regiones progresen y se consagren como verdaderos focos de desarrollo país.
Las voces de Calama vuelven a surgir. Los dirigentes comunales de la ciudad nortina han reactivado sus movilizaciones, en pos de obtener respuestas a demandas que se mantienen sin solución desde 2009.
La capital de la provincia de El Loa se consagró como la primera ciudad del norte en donde el movimiento social se tomaba las calles, reclamando por derechos que el país no resolvía: educación, descentralización, mejoras en salud y viviendas, tomando desde la producción de cobre los insumos necesarios para capitalizar las necesidades.
Han pasado cuatro años desde las primeras movilizaciones, donde los gritos y cánticos pedían atención y solución a problemas que se dan a kilómetros de la capital de nuestro centralizado país.
Así lo señalaba en ese entonces el alcalde Esteban Velásquez: “Se vienen meses interesantes, tal vez difíciles. Calama está esperando, esperanzada en un cambio importante. Queremos que la ciudad sea tomada en cuenta, que quienes viven en esta tierra tengamos atención. Calama está en la calle pidiendo dignididad”.
Estos años organizaron marchas, movilizaciones con miles de participantes, pero esta vez los calameños se cansaron de no ser oídos y decidieron, mediante cabildo abierto, que paralizarían las actividades.
Desde el anuncio hasta hoy, diversas organizaciones han adherido al paro convocado para este 26 de junio. Transporte, Colegio Médico, iglesias, estudiantes, minería, movimientos de mujeres y profesores ya se han sumado a la manifestación.
Para Héctor Gutiérrez, vocero del Movimiento Ciudadano de Calama, esta jornada será un punto de inflexión respecto de las acciones que se tomarán a futuro: “La gente de Calama está consciente de la importancia histórica de mañana, será un punto de inflexión de nuestras demandas para instalarnos en el escenario nacional de la arena política, para demostrar que las demandas de Calama están presentes”.
Las demandas históricas de los ciudadanos apuntan a recibir el 5% de las utilidades de Codelco para la administración municipal, compensación de 400 millones de dólares por infraestructura y urbanismo, renacionalización del agua, del litio y del cobre, aumentar el número de profesionales en el Hospital Regional, subsanar los problemas de vivienda y generar oportunidades educativas, petitorio que ha sido respondido desde el gobierno con el Fondenor (Fondo de Desarrollo para el Norte), desechado en la comuna por “insuficiente”.
La iniciativa presentada desde el Ejecutivo ya fue votada en primera instancia por el Senado y ahora espera una segunda votación en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Sin embargo, genera rechazo al interior de los opositores al gobierno.
Para el diputado por la zona, Marco Espinosa (PRSD) los montos pactados y la derivación por tiempo limitado de estos mismos (entre 2014 y 2025) no solucionará los problemas de la ciudad que se moviliza para no convertirse en “fantasma” cuando se acabe la extracción de cobre.
“Tenemos el caso más evidente de incumplimiento en la tramitación del proyecto de ley. El Gobierno se encargó de transformarlo en un fondito, que en nada responde a las expectativas de los habitantes de la comuna, en relación a contar con fondos permanentes producto de la actividad minera”, indicó el parlamentario.
Lo cierto es que mientras en el Ejecutivo y Parlamento se debaten los planes de entrega de recursos a zonas mineras, los ciudadanos se paralizan para solicitar soluciones descentralizadas, que respondan a las necesidades locales, dando la posibilidad de que las regiones progresen y se consagren como verdaderos focos de desarrollo país.
