Dos posturas fuertemente encontradas se enfrentaron en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, donde el proyecto la aprobación del Convenio UPOV 91 está sorteando su segundo trámite. Este convenio deroga la actual ley y establece que quien “crea” un nuevo tipo de semilla será propietario intelectual del producto.
El gobierno se comprometió con los Estados Unidos a través de su Tratado de Libre Comercio (TLC) a aprobar este convenio, no obstante la tramitación de la iniciativa no le ha sido fácil ya que el debate es muy fuerte. Por un lado están quienes apoyan la iniciativa, entre ellos figura la Facultad de Agronomía que expuso sobre la importancia del mejoramiento genético para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria, para Chile y el mundo.
Sobre esto se refirió el Coordinador del Centro de Biotecnología y Mejoramiento Genético de la Universidad de Chile, Carlos Muñoz.
En este sentido, el académico explicó que “el fitomejoramiento es en realidad una actividad que necesita desarrollarse dándole compensaciones a los que desarrollan las nuevas variedades. Si el fitomejoramiento no produjera un beneficio para quien desarrolla las nuevas variedades simplemente no habría mejoramiento en Chile, ni en el mundo. Esto se hace a través de distintos mecanismos, uno de los cuales es otorgarles derecho de propiedad intelectual a los mejoradores que obtienen estas nuevas variedades”.
El Ingeniero agrónomo afirmó que esto no tiene la finalidad de lucrar o enriquecerse, sino que permite darle sustentabilidad a los proyectos de mejoramiento genético. Desde la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta) reforzaron esta mirada, afirmando que hay mucha genética frutícola que está a la espera de llegar a Chile porque aquí no existe aún una protección a los genetistas con sus variedades.
Por otro lado, María Isabel Mazur de Chile Sustentable, afirmó que no hay necesidad de entrar al UPOV 9 porque este convenio es mucho más restrictivo para los agricultores que el actual UPOV 78.
En esa línea, la dirigente ambientalista detalló que “está mucho más el tema de los Transgénicos, porque le dan mucho más derecho a los obtentores vegetales, es decir, a los mejoradores para que ellos puedan perseguir a los agricultores, confiscarles sus cosechas, quitarles los productos de sus cosechas, reciben trigo y elaboran harina. Todo eso puede ser complicado. Se va a armar una muy buena persecución a los agricultores si Chile sigue por este camino y no tiene vuelta atrás, porque entrando a 91 ya no puede volver a 78”.
Pese a que los empresarios y académicos afirman que las organizaciones no están entendiendo el tema conceptualmente, María Isabel Manzur indicó que tienen completa claridad de lo que significa. “Tiene que ver con los transgénicos ya que da grandes derechos a los obtentores ellos pueden proteger todo tipo de variedades. Con eso, la semilla transgénica se van a expandir en este país, poniendo en riesgo a la semilla nativa”, afirmó.
Esto traería como riesgo la contaminación de productos de orgánicos con transgénicos, como se ha visto, por ejemplo en el caso de la miel. En ese sentido, la especialista afirmó que esta ley defiende los intereses corporativos internacionales semilleros.
Además, desde otras organizaciones como la Red de Acción en Plaguicida Chile (RAP), Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas, sostuvo que el proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.
El proyecto tiene urgencia simple, pero, dada la correlación de fuerzas en el Senado es posible que se apruebe y pase a Sala, para luego enfrentar su tercer trámite constitucional en comisión mixta en un debate que se prevé será complejo.
Dos posturas fuertemente encontradas se enfrentaron en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, donde el proyecto la aprobación del Convenio UPOV 91 está sorteando su segundo trámite. Este convenio deroga la actual ley y establece que quien “crea” un nuevo tipo de semilla será propietario intelectual del producto.
El gobierno se comprometió con los Estados Unidos a través de su Tratado de Libre Comercio (TLC) a aprobar este convenio, no obstante la tramitación de la iniciativa no le ha sido fácil ya que el debate es muy fuerte. Por un lado están quienes apoyan la iniciativa, entre ellos figura la Facultad de Agronomía que expuso sobre la importancia del mejoramiento genético para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria, para Chile y el mundo.
Sobre esto se refirió el Coordinador del Centro de Biotecnología y Mejoramiento Genético de la Universidad de Chile, Carlos Muñoz.
En este sentido, el académico explicó que “el fitomejoramiento es en realidad una actividad que necesita desarrollarse dándole compensaciones a los que desarrollan las nuevas variedades. Si el fitomejoramiento no produjera un beneficio para quien desarrolla las nuevas variedades simplemente no habría mejoramiento en Chile, ni en el mundo. Esto se hace a través de distintos mecanismos, uno de los cuales es otorgarles derecho de propiedad intelectual a los mejoradores que obtienen estas nuevas variedades”.
El Ingeniero agrónomo afirmó que esto no tiene la finalidad de lucrar o enriquecerse, sino que permite darle sustentabilidad a los proyectos de mejoramiento genético. Desde la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta) reforzaron esta mirada, afirmando que hay mucha genética frutícola que está a la espera de llegar a Chile porque aquí no existe aún una protección a los genetistas con sus variedades.
Por otro lado, María Isabel Mazur de Chile Sustentable, afirmó que no hay necesidad de entrar al UPOV 9 porque este convenio es mucho más restrictivo para los agricultores que el actual UPOV 78.
En esa línea, la dirigente ambientalista detalló que “está mucho más el tema de los Transgénicos, porque le dan mucho más derecho a los obtentores vegetales, es decir, a los mejoradores para que ellos puedan perseguir a los agricultores, confiscarles sus cosechas, quitarles los productos de sus cosechas, reciben trigo y elaboran harina. Todo eso puede ser complicado. Se va a armar una muy buena persecución a los agricultores si Chile sigue por este camino y no tiene vuelta atrás, porque entrando a 91 ya no puede volver a 78”.
Pese a que los empresarios y académicos afirman que las organizaciones no están entendiendo el tema conceptualmente, María Isabel Manzur indicó que tienen completa claridad de lo que significa. “Tiene que ver con los transgénicos ya que da grandes derechos a los obtentores ellos pueden proteger todo tipo de variedades. Con eso, la semilla transgénica se van a expandir en este país, poniendo en riesgo a la semilla nativa”, afirmó.
Esto traería como riesgo la contaminación de productos de orgánicos con transgénicos, como se ha visto, por ejemplo en el caso de la miel. En ese sentido, la especialista afirmó que esta ley defiende los intereses corporativos internacionales semilleros.
Además, desde otras organizaciones como la Red de Acción en Plaguicida Chile (RAP), Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas, sostuvo que el proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.
El proyecto tiene urgencia simple, pero, dada la correlación de fuerzas en el Senado es posible que se apruebe y pase a Sala, para luego enfrentar su tercer trámite constitucional en comisión mixta en un debate que se prevé será complejo.
Dos posturas fuertemente encontradas se enfrentaron en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, donde el proyecto la aprobación del Convenio UPOV 91 está sorteando su segundo trámite. Este convenio deroga la actual ley y establece que quien “crea” un nuevo tipo de semilla será propietario intelectual del producto.
El gobierno se comprometió con los Estados Unidos a través de su Tratado de Libre Comercio (TLC) a aprobar este convenio, no obstante la tramitación de la iniciativa no le ha sido fácil ya que el debate es muy fuerte. Por un lado están quienes apoyan la iniciativa, entre ellos figura la Facultad de Agronomía que expuso sobre la importancia del mejoramiento genético para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria, para Chile y el mundo.
Sobre esto se refirió el Coordinador del Centro de Biotecnología y Mejoramiento Genético de la Universidad de Chile, Carlos Muñoz.
En este sentido, el académico explicó que “el fitomejoramiento es en realidad una actividad que necesita desarrollarse dándole compensaciones a los que desarrollan las nuevas variedades. Si el fitomejoramiento no produjera un beneficio para quien desarrolla las nuevas variedades simplemente no habría mejoramiento en Chile, ni en el mundo. Esto se hace a través de distintos mecanismos, uno de los cuales es otorgarles derecho de propiedad intelectual a los mejoradores que obtienen estas nuevas variedades”.
El Ingeniero agrónomo afirmó que esto no tiene la finalidad de lucrar o enriquecerse, sino que permite darle sustentabilidad a los proyectos de mejoramiento genético. Desde la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta) reforzaron esta mirada, afirmando que hay mucha genética frutícola que está a la espera de llegar a Chile porque aquí no existe aún una protección a los genetistas con sus variedades.
Por otro lado, María Isabel Mazur de Chile Sustentable, afirmó que no hay necesidad de entrar al UPOV 9 porque este convenio es mucho más restrictivo para los agricultores que el actual UPOV 78.
En esa línea, la dirigente ambientalista detalló que “está mucho más el tema de los Transgénicos, porque le dan mucho más derecho a los obtentores vegetales, es decir, a los mejoradores para que ellos puedan perseguir a los agricultores, confiscarles sus cosechas, quitarles los productos de sus cosechas, reciben trigo y elaboran harina. Todo eso puede ser complicado. Se va a armar una muy buena persecución a los agricultores si Chile sigue por este camino y no tiene vuelta atrás, porque entrando a 91 ya no puede volver a 78”.
Pese a que los empresarios y académicos afirman que las organizaciones no están entendiendo el tema conceptualmente, María Isabel Manzur indicó que tienen completa claridad de lo que significa. “Tiene que ver con los transgénicos ya que da grandes derechos a los obtentores ellos pueden proteger todo tipo de variedades. Con eso, la semilla transgénica se van a expandir en este país, poniendo en riesgo a la semilla nativa”, afirmó.
Esto traería como riesgo la contaminación de productos de orgánicos con transgénicos, como se ha visto, por ejemplo en el caso de la miel. En ese sentido, la especialista afirmó que esta ley defiende los intereses corporativos internacionales semilleros.
Además, desde otras organizaciones como la Red de Acción en Plaguicida Chile (RAP), Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas, sostuvo que el proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.
El proyecto tiene urgencia simple, pero, dada la correlación de fuerzas en el Senado es posible que se apruebe y pase a Sala, para luego enfrentar su tercer trámite constitucional en comisión mixta en un debate que se prevé será complejo.
