El proyecto, que se encuentra en segundo trámite legislativo, concibe el lobby como una gestión remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, ya sea chilenas o extranjeras, destinada a promover, defender y representar cualquier interés particular, para influir en decisiones, que debido a su investidura, tengan que tomar autoridades políticas o funcionarios públicos.
Entre las autoridades incluidas están ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directores regionales de servicios, intendentes, gobernadores, seremis y embajadores.
La idea de la iniciativa es fortalecer la transparencia en la relación del mundo privado y el Estado.
Según el diputado demócrata cristiano, Jorge Burgos, aprobar este proyecto de gobierno, es sólo dar un paso acotado, dado que se logra lo mínimo que es hacer pública la agenda de quienes toman decisiones, pero no se regula el lobby.
“Este es un proyecto que, más que regula el lobby, regula la relación entre los lobbystas y los funcionarios públicos. En la transparencia apunta lo exacto y creo que por ese sentido hay que aprobarlo. Qué duda cabe de que estamos dando un paso acotado, en uno de los pasos más básicos de la transparencia: hacer pública la agenda de aquellos que toman las decisiones, para que se tomen de cara al país, no de cara al último lobbysta que, por ejemplo, pide cerrar un mercado”, declaró.
El presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Edmundo Eluchans, defendió la iniciativa propuesta por el ejecutivo, ya que prácticamente incluye a toda autoridad susceptible de ser sujeto pasivo del lobby.
Eluchans se mostró abierto a incorporar un registro previo de lobistas, puesto que la ley en discusión solo contempla uno posterior.
“Esto a mi me parece que es un avance enorme, que sea obligatorio que las agendas de estos sujetos pasivos sean públicas es una enorme contribución a atacar el problema del lobby. Ahora, se ha discutido si además de eso debe haber un registro previo, porque esta ley, lo que estamos votando hoy día sí contempla registros, pero posteriores”, explicó.
El proyecto fue discutido en sala este martes, pero su votación fue aplazada para una próxima sesión.
El problema del lobby en las decisiones de autoridades públicas ha sido denunciado como una práctica generalizada, incluso el Rector de nuestra casa de estudios, profesor Víctor Pérez, ha planteado en reiteradas ocasiones que las agencias de lobbistas operan permanentemente para que instituciones de educación superior reciban recursos del Estado.
El proyecto, que se encuentra en segundo trámite legislativo, concibe el lobby como una gestión remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, ya sea chilenas o extranjeras, destinada a promover, defender y representar cualquier interés particular, para influir en decisiones, que debido a su investidura, tengan que tomar autoridades políticas o funcionarios públicos.
Entre las autoridades incluidas están ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directores regionales de servicios, intendentes, gobernadores, seremis y embajadores.
La idea de la iniciativa es fortalecer la transparencia en la relación del mundo privado y el Estado.
Según el diputado demócrata cristiano, Jorge Burgos, aprobar este proyecto de gobierno, es sólo dar un paso acotado, dado que se logra lo mínimo que es hacer pública la agenda de quienes toman decisiones, pero no se regula el lobby.
“Este es un proyecto que, más que regula el lobby, regula la relación entre los lobbystas y los funcionarios públicos. En la transparencia apunta lo exacto y creo que por ese sentido hay que aprobarlo. Qué duda cabe de que estamos dando un paso acotado, en uno de los pasos más básicos de la transparencia: hacer pública la agenda de aquellos que toman las decisiones, para que se tomen de cara al país, no de cara al último lobbysta que, por ejemplo, pide cerrar un mercado”, declaró.
El presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Edmundo Eluchans, defendió la iniciativa propuesta por el ejecutivo, ya que prácticamente incluye a toda autoridad susceptible de ser sujeto pasivo del lobby.
Eluchans se mostró abierto a incorporar un registro previo de lobistas, puesto que la ley en discusión solo contempla uno posterior.
“Esto a mi me parece que es un avance enorme, que sea obligatorio que las agendas de estos sujetos pasivos sean públicas es una enorme contribución a atacar el problema del lobby. Ahora, se ha discutido si además de eso debe haber un registro previo, porque esta ley, lo que estamos votando hoy día sí contempla registros, pero posteriores”, explicó.
El proyecto fue discutido en sala este martes, pero su votación fue aplazada para una próxima sesión.
El problema del lobby en las decisiones de autoridades públicas ha sido denunciado como una práctica generalizada, incluso el Rector de nuestra casa de estudios, profesor Víctor Pérez, ha planteado en reiteradas ocasiones que las agencias de lobbistas operan permanentemente para que instituciones de educación superior reciban recursos del Estado.
El proyecto, que se encuentra en segundo trámite legislativo, concibe el lobby como una gestión remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, ya sea chilenas o extranjeras, destinada a promover, defender y representar cualquier interés particular, para influir en decisiones, que debido a su investidura, tengan que tomar autoridades políticas o funcionarios públicos.
Entre las autoridades incluidas están ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directores regionales de servicios, intendentes, gobernadores, seremis y embajadores.
La idea de la iniciativa es fortalecer la transparencia en la relación del mundo privado y el Estado.
Según el diputado demócrata cristiano, Jorge Burgos, aprobar este proyecto de gobierno, es sólo dar un paso acotado, dado que se logra lo mínimo que es hacer pública la agenda de quienes toman decisiones, pero no se regula el lobby.
“Este es un proyecto que, más que regula el lobby, regula la relación entre los lobbystas y los funcionarios públicos. En la transparencia apunta lo exacto y creo que por ese sentido hay que aprobarlo. Qué duda cabe de que estamos dando un paso acotado, en uno de los pasos más básicos de la transparencia: hacer pública la agenda de aquellos que toman las decisiones, para que se tomen de cara al país, no de cara al último lobbysta que, por ejemplo, pide cerrar un mercado”, declaró.
El presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Edmundo Eluchans, defendió la iniciativa propuesta por el ejecutivo, ya que prácticamente incluye a toda autoridad susceptible de ser sujeto pasivo del lobby.
Eluchans se mostró abierto a incorporar un registro previo de lobistas, puesto que la ley en discusión solo contempla uno posterior.
“Esto a mi me parece que es un avance enorme, que sea obligatorio que las agendas de estos sujetos pasivos sean públicas es una enorme contribución a atacar el problema del lobby. Ahora, se ha discutido si además de eso debe haber un registro previo, porque esta ley, lo que estamos votando hoy día sí contempla registros, pero posteriores”, explicó.
El proyecto fue discutido en sala este martes, pero su votación fue aplazada para una próxima sesión.
El problema del lobby en las decisiones de autoridades públicas ha sido denunciado como una práctica generalizada, incluso el Rector de nuestra casa de estudios, profesor Víctor Pérez, ha planteado en reiteradas ocasiones que las agencias de lobbistas operan permanentemente para que instituciones de educación superior reciban recursos del Estado.
