Análisis económico
La dura existencia Mipyme
Al parecer, tanto por una cuestión cultural, como por su amplia aunque difusa presencia distribuida a lo largo y ancho de nuestra geografía, el segmento no ha conseguido una mejor coordinación y generación del poder político que pudieran tener dada su relevancia social.
Lunes 26 de agosto 2013 16:41 hrs.
En Chile, de un total aproximado al millón de empresas y emprendimientos activos grandes, medianos, pequeños y micro, hay unas 580 mil microempresas (con ventas entre $23 mil y $ 55,2 millones anuales y entre 1 y 9 trabajadores); 120 mil pequeñas (que venden entre$ 55,2 millones y $575 millones anuales y que tienen entre 10 y 49 trabajadores); 17.500 medianas (entre $575 millones y $2.300 millones con entre 50 199 trabajadores); 7.600 grandes (entre $2.300 millones y $23 mil millones, con más de 200 trabajadores) y 1.203 megaempresas, con ventas sobre $23 mil millones anuales (más de US$ 46 millones). Con tales parámetros, se estima que la Mipymes aportan con alrededor del 80% de la masa laboral del país.
De dicho parque, las grandes compañías representan el 82% de las ventas anuales, con una presencia grupal del orden del 1%; las medianas y pequeñas, el 8% de las ventas, con una participación del 2,5% y 17% respectivamente y las microempresas, con el 80% de los emprendimientos, participan apenas del 2,5% de las ventas totales. Para hacerlo más simple, las Mipymes corresponden a cerca del 99% de las empresas chilenas y venden el 18%, mientras que las grandes y mega son alrededor del 1% y venden el 82%.
Desde un punto de vista legal, empero, no obstante que ciertas empresas caigan dentro de los rangos antes señalados, no son calificadas como Pymes las que explotan bienes raíces no agrícolas, realizan negocios inmobiliarios o actividades financieras no fundamentales para el desarrollo de su actividad principal, o firmas en cuyo capital participan en más de 30%, sociedades que tengan acciones que se coticen en Bolsa, ni filiales de éstas.
No obstante la concentración que se deduce de la estructura empresarial chilena, en otros países de la OCDE las Mipymes suelen explicar también entre el 70% y hasta 90% del empleo, explicando su difícil existencia por el hecho que pueden entregar productos y servicios individualizados, en contraposición con las grandes que se enfocan más a productos estandarizados; son un tejido social y económico auxiliar de las grandes empresas a las que brindan servicios y productos que realizados por la grandes tendrían mayor costo y/o porque actúan en áreas donde es más apropiado trabajar con empresas pequeñas.
Entre las ventajas de las Mipymes están, pues, su adaptabilidad, su posibilidad de especializarse o cambiar más ágilmente su estructura productiva en caso de cambios en las necesidades del mercado. Pero al mismo tiempo tienen mayores dificultades de financiamiento a costos y plazos adecuados, dado su mayor riesgo; observan rigidez laboral y tienen dificultades para encontrar mano de obra especializada. Asimismo, a raíz de su habitualmente pequeño volumen de beneficios no pueden dedicar fondos a nuevas tecnologías o investigación, por lo que, generalmente, para ingresar a mercados internacionales dependen de las grandes. De allí las propuestas presentadas en diversos países para la formación de “clusters” productivos en las áreas en las que dichas naciones tienen ventajas comparativas o naturales.
Los Gobiernos de diverso signo han relevado históricamente a este sector como factor determinante para el desarrollo nacional, considerando su impacto en el empleo, innovación, flexibilidad y potencialidad de crecimiento. En los hechos, el Presidente Piñera, destacó los planes y proyectos que ha llevado a cabo su administración para fortalecer a las mipymes, entre ellos la masificación de la factura electrónica, reducción del impuesto de timbres y estampillas, exención tributaria para las utilidades reinvertidas (14quater), programa Chile Paga y el Sello Propyme, entre otros.
A juicio del mandatario, esta agenda ha facilitado la creación de más de 200 mil emprendedores en tres años, incidiendo en la reducción del desempleo, crecimiento de la participación femenina en el ámbito laboral y el crecimiento económico del país. Asimismo, recalcó los acuerdos alcanzados con Corfo y Banco Estado para el financiamiento y líneas de crédito para las mipymes.
Por otro lado, la Ley N° 20.416 que estableció una División de Empresas de Menor Tamaño en el Ministerio de Economía, otorga protección a las Mipymes ante faltas de sus proveedores, pues la ley considera a las Mipymes como consumidores, razón por la que, en sus relaciones con proveedores, rigen las normas de la Ley de Derechos de los Consumidores, aunque en caso de conflicto, no pueden acudir al SERNAC, sino al juzgado de policía local.
También, frente a la eventual amenaza de quiebra, las Mipymes pueden solicitar un asesor económico de insolvencia, que tiene como tarea estudiar la situación financiera de la empresa para hacer las gestiones pertinentes, tanto ante organismos públicos como privados, reorganizarla y superar su estado de insolvencia o cerrarla si fuese necesario. La ley también les otorga trato diferenciado respecto de las grandes firmas, como, por ejemplo, en infracciones al Código del Trabajo.
Así y todo, falta mucho por resolver en materia de burocracia estatal y normativa que entorpecen su desarrollo, así como en una mayor simetría en sus relaciones con los conglomerados y el sistema financiero. Los alrededor de 700 mil micro y pequeños empresarios y emprendedores del país se enfrentan diariamente a una dura lucha por la generación de utilidades que les den viabilidad como firma y generar los recursos para la propia supervivencia familiar. En este segmento, la competencia es sin letra chica, tanto con sus pares, como hacia arriba, cuando son proveedoras de grandes compañías.
Al parecer, tanto por una cuestión cultural, como por su amplia aunque difusa presencia distribuida a lo largo y ancho de nuestra geografía, el segmento no ha conseguido una mejor coordinación y generación del poder político que pudieran tener dada su relevancia social. De allí que sean malas noticias el quiebre que se produjo luego que cuatro gremios abandonaran la Conapyme, en vísperas del Encuentro Nacional que se realizó el lunes, debido a desencuentros en la forma de tomar decisiones en la organización, así como la necesidad de apelar a huelgas sectoriales para conseguir ser escuchados en sus legítimos intereses como el caso de los colectiveros.
En Chile, de un total aproximado al millón de empresas y emprendimientos activos grandes, medianos, pequeños y micro, hay unas 580 mil microempresas (con ventas entre $23 mil y $ 55,2 millones anuales y entre 1 y 9 trabajadores); 120 mil pequeñas (que venden entre$ 55,2 millones y $575 millones anuales y que tienen entre 10 y 49 trabajadores); 17.500 medianas (entre $575 millones y $2.300 millones con entre 50 199 trabajadores); 7.600 grandes (entre $2.300 millones y $23 mil millones, con más de 200 trabajadores) y 1.203 megaempresas, con ventas sobre $23 mil millones anuales (más de US$ 46 millones). Con tales parámetros, se estima que la Mipymes aportan con alrededor del 80% de la masa laboral del país.
De dicho parque, las grandes compañías representan el 82% de las ventas anuales, con una presencia grupal del orden del 1%; las medianas y pequeñas, el 8% de las ventas, con una participación del 2,5% y 17% respectivamente y las microempresas, con el 80% de los emprendimientos, participan apenas del 2,5% de las ventas totales. Para hacerlo más simple, las Mipymes corresponden a cerca del 99% de las empresas chilenas y venden el 18%, mientras que las grandes y mega son alrededor del 1% y venden el 82%.
Desde un punto de vista legal, empero, no obstante que ciertas empresas caigan dentro de los rangos antes señalados, no son calificadas como Pymes las que explotan bienes raíces no agrícolas, realizan negocios inmobiliarios o actividades financieras no fundamentales para el desarrollo de su actividad principal, o firmas en cuyo capital participan en más de 30%, sociedades que tengan acciones que se coticen en Bolsa, ni filiales de éstas.
No obstante la concentración que se deduce de la estructura empresarial chilena, en otros países de la OCDE las Mipymes suelen explicar también entre el 70% y hasta 90% del empleo, explicando su difícil existencia por el hecho que pueden entregar productos y servicios individualizados, en contraposición con las grandes que se enfocan más a productos estandarizados; son un tejido social y económico auxiliar de las grandes empresas a las que brindan servicios y productos que realizados por la grandes tendrían mayor costo y/o porque actúan en áreas donde es más apropiado trabajar con empresas pequeñas.
Entre las ventajas de las Mipymes están, pues, su adaptabilidad, su posibilidad de especializarse o cambiar más ágilmente su estructura productiva en caso de cambios en las necesidades del mercado. Pero al mismo tiempo tienen mayores dificultades de financiamiento a costos y plazos adecuados, dado su mayor riesgo; observan rigidez laboral y tienen dificultades para encontrar mano de obra especializada. Asimismo, a raíz de su habitualmente pequeño volumen de beneficios no pueden dedicar fondos a nuevas tecnologías o investigación, por lo que, generalmente, para ingresar a mercados internacionales dependen de las grandes. De allí las propuestas presentadas en diversos países para la formación de “clusters” productivos en las áreas en las que dichas naciones tienen ventajas comparativas o naturales.
Los Gobiernos de diverso signo han relevado históricamente a este sector como factor determinante para el desarrollo nacional, considerando su impacto en el empleo, innovación, flexibilidad y potencialidad de crecimiento. En los hechos, el Presidente Piñera, destacó los planes y proyectos que ha llevado a cabo su administración para fortalecer a las mipymes, entre ellos la masificación de la factura electrónica, reducción del impuesto de timbres y estampillas, exención tributaria para las utilidades reinvertidas (14quater), programa Chile Paga y el Sello Propyme, entre otros.
A juicio del mandatario, esta agenda ha facilitado la creación de más de 200 mil emprendedores en tres años, incidiendo en la reducción del desempleo, crecimiento de la participación femenina en el ámbito laboral y el crecimiento económico del país. Asimismo, recalcó los acuerdos alcanzados con Corfo y Banco Estado para el financiamiento y líneas de crédito para las mipymes.
Por otro lado, la Ley N° 20.416 que estableció una División de Empresas de Menor Tamaño en el Ministerio de Economía, otorga protección a las Mipymes ante faltas de sus proveedores, pues la ley considera a las Mipymes como consumidores, razón por la que, en sus relaciones con proveedores, rigen las normas de la Ley de Derechos de los Consumidores, aunque en caso de conflicto, no pueden acudir al SERNAC, sino al juzgado de policía local.
También, frente a la eventual amenaza de quiebra, las Mipymes pueden solicitar un asesor económico de insolvencia, que tiene como tarea estudiar la situación financiera de la empresa para hacer las gestiones pertinentes, tanto ante organismos públicos como privados, reorganizarla y superar su estado de insolvencia o cerrarla si fuese necesario. La ley también les otorga trato diferenciado respecto de las grandes firmas, como, por ejemplo, en infracciones al Código del Trabajo.
Así y todo, falta mucho por resolver en materia de burocracia estatal y normativa que entorpecen su desarrollo, así como en una mayor simetría en sus relaciones con los conglomerados y el sistema financiero. Los alrededor de 700 mil micro y pequeños empresarios y emprendedores del país se enfrentan diariamente a una dura lucha por la generación de utilidades que les den viabilidad como firma y generar los recursos para la propia supervivencia familiar. En este segmento, la competencia es sin letra chica, tanto con sus pares, como hacia arriba, cuando son proveedoras de grandes compañías.
Al parecer, tanto por una cuestión cultural, como por su amplia aunque difusa presencia distribuida a lo largo y ancho de nuestra geografía, el segmento no ha conseguido una mejor coordinación y generación del poder político que pudieran tener dada su relevancia social. De allí que sean malas noticias el quiebre que se produjo luego que cuatro gremios abandonaran la Conapyme, en vísperas del Encuentro Nacional que se realizó el lunes, debido a desencuentros en la forma de tomar decisiones en la organización, así como la necesidad de apelar a huelgas sectoriales para conseguir ser escuchados en sus legítimos intereses como el caso de los colectiveros.
En Chile, de un total aproximado al millón de empresas y emprendimientos activos grandes, medianos, pequeños y micro, hay unas 580 mil microempresas (con ventas entre $23 mil y $ 55,2 millones anuales y entre 1 y 9 trabajadores); 120 mil pequeñas (que venden entre$ 55,2 millones y $575 millones anuales y que tienen entre 10 y 49 trabajadores); 17.500 medianas (entre $575 millones y $2.300 millones con entre 50 199 trabajadores); 7.600 grandes (entre $2.300 millones y $23 mil millones, con más de 200 trabajadores) y 1.203 megaempresas, con ventas sobre $23 mil millones anuales (más de US$ 46 millones). Con tales parámetros, se estima que la Mipymes aportan con alrededor del 80% de la masa laboral del país.
De dicho parque, las grandes compañías representan el 82% de las ventas anuales, con una presencia grupal del orden del 1%; las medianas y pequeñas, el 8% de las ventas, con una participación del 2,5% y 17% respectivamente y las microempresas, con el 80% de los emprendimientos, participan apenas del 2,5% de las ventas totales. Para hacerlo más simple, las Mipymes corresponden a cerca del 99% de las empresas chilenas y venden el 18%, mientras que las grandes y mega son alrededor del 1% y venden el 82%.
Desde un punto de vista legal, empero, no obstante que ciertas empresas caigan dentro de los rangos antes señalados, no son calificadas como Pymes las que explotan bienes raíces no agrícolas, realizan negocios inmobiliarios o actividades financieras no fundamentales para el desarrollo de su actividad principal, o firmas en cuyo capital participan en más de 30%, sociedades que tengan acciones que se coticen en Bolsa, ni filiales de éstas.
No obstante la concentración que se deduce de la estructura empresarial chilena, en otros países de la OCDE las Mipymes suelen explicar también entre el 70% y hasta 90% del empleo, explicando su difícil existencia por el hecho que pueden entregar productos y servicios individualizados, en contraposición con las grandes que se enfocan más a productos estandarizados; son un tejido social y económico auxiliar de las grandes empresas a las que brindan servicios y productos que realizados por la grandes tendrían mayor costo y/o porque actúan en áreas donde es más apropiado trabajar con empresas pequeñas.
Entre las ventajas de las Mipymes están, pues, su adaptabilidad, su posibilidad de especializarse o cambiar más ágilmente su estructura productiva en caso de cambios en las necesidades del mercado. Pero al mismo tiempo tienen mayores dificultades de financiamiento a costos y plazos adecuados, dado su mayor riesgo; observan rigidez laboral y tienen dificultades para encontrar mano de obra especializada. Asimismo, a raíz de su habitualmente pequeño volumen de beneficios no pueden dedicar fondos a nuevas tecnologías o investigación, por lo que, generalmente, para ingresar a mercados internacionales dependen de las grandes. De allí las propuestas presentadas en diversos países para la formación de “clusters” productivos en las áreas en las que dichas naciones tienen ventajas comparativas o naturales.
Los Gobiernos de diverso signo han relevado históricamente a este sector como factor determinante para el desarrollo nacional, considerando su impacto en el empleo, innovación, flexibilidad y potencialidad de crecimiento. En los hechos, el Presidente Piñera, destacó los planes y proyectos que ha llevado a cabo su administración para fortalecer a las mipymes, entre ellos la masificación de la factura electrónica, reducción del impuesto de timbres y estampillas, exención tributaria para las utilidades reinvertidas (14quater), programa Chile Paga y el Sello Propyme, entre otros.
A juicio del mandatario, esta agenda ha facilitado la creación de más de 200 mil emprendedores en tres años, incidiendo en la reducción del desempleo, crecimiento de la participación femenina en el ámbito laboral y el crecimiento económico del país. Asimismo, recalcó los acuerdos alcanzados con Corfo y Banco Estado para el financiamiento y líneas de crédito para las mipymes.
Por otro lado, la Ley N° 20.416 que estableció una División de Empresas de Menor Tamaño en el Ministerio de Economía, otorga protección a las Mipymes ante faltas de sus proveedores, pues la ley considera a las Mipymes como consumidores, razón por la que, en sus relaciones con proveedores, rigen las normas de la Ley de Derechos de los Consumidores, aunque en caso de conflicto, no pueden acudir al SERNAC, sino al juzgado de policía local.
También, frente a la eventual amenaza de quiebra, las Mipymes pueden solicitar un asesor económico de insolvencia, que tiene como tarea estudiar la situación financiera de la empresa para hacer las gestiones pertinentes, tanto ante organismos públicos como privados, reorganizarla y superar su estado de insolvencia o cerrarla si fuese necesario. La ley también les otorga trato diferenciado respecto de las grandes firmas, como, por ejemplo, en infracciones al Código del Trabajo.
Así y todo, falta mucho por resolver en materia de burocracia estatal y normativa que entorpecen su desarrollo, así como en una mayor simetría en sus relaciones con los conglomerados y el sistema financiero. Los alrededor de 700 mil micro y pequeños empresarios y emprendedores del país se enfrentan diariamente a una dura lucha por la generación de utilidades que les den viabilidad como firma y generar los recursos para la propia supervivencia familiar. En este segmento, la competencia es sin letra chica, tanto con sus pares, como hacia arriba, cuando son proveedoras de grandes compañías.
Al parecer, tanto por una cuestión cultural, como por su amplia aunque difusa presencia distribuida a lo largo y ancho de nuestra geografía, el segmento no ha conseguido una mejor coordinación y generación del poder político que pudieran tener dada su relevancia social. De allí que sean malas noticias el quiebre que se produjo luego que cuatro gremios abandonaran la Conapyme, en vísperas del Encuentro Nacional que se realizó el lunes, debido a desencuentros en la forma de tomar decisiones en la organización, así como la necesidad de apelar a huelgas sectoriales para conseguir ser escuchados en sus legítimos intereses como el caso de los colectiveros.
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