Chile reprueba en informe sobre derechos de los niños y los adolescentes

Chile es el más atrasado de los veintiún países de América Latina en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, y está al mismo nivel de los países del Caribe. Esta es la conclusión de la Relatora de la Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz.

Chile es el más atrasado de los veintiún países de América Latina en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, y está al mismo nivel de los países del Caribe. Esta es la conclusión de la Relatora de la Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz.

Chile ocupa el último lugar de América Latina sobre derechos de la infancia y la adolescencia por tres razones: primero, carece de institucionalidad que dote de derechos universales a los menores de edad y de una política sistémica sobre el tema; segundo, porque los Tribunales de Familia no fiscalizan las medidas de protección ni los plazos cuando manda a un niño o niña a un hogar de menores; y tercero, porque Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) “cometen violaciones a los Derechos Humanos contra menores de edad, particularmente de la etnia mapuche”.

Esa es la panorámica dibujada por la Relatora de la Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, quien relevó que el punto más débil del sistema chileno es que el Estado “sólo se ocupa de mandar niños a 284 centros privados o los 10 centros del Sename, pero además lo hace mal”.

En este sentido, la experta internacional precisó que “comparativamente Chile está muy retrasado sobre todo por ese exceso de niñez y adolescencia institucionalizada, ya sea por razones de protección en el caso de los niños que tienen problemas de nivel familiar, como por los adolescentes en conflicto con la ley, es un número desmedido y es un tiempo desmedido y las medidas de internación no rehabilitan, no educan y la sociedad también se ve afectada por eso”.

La comisionada internacional dijo que los hogares de menores deberían ser “el último recurso del Estado, pero en Chile es el primero y casi el único, porque no existe un sistema de prevención”.  El sistema público de atención de la infancia pone acento en castigar a los menores de edad, pero no atiende a la violencia de que son víctimas, analizó Rosa María Ortiz.

Por esto, la Relatora de la Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que “eso implica que el Estado haga un cambio para que la familias puedan tener hijos y criarlos con un apoyo de una institucionalidad y en lugar de pensar en respuestas que protejan a los niños de esa violencia, se acusa a los niños de esa violencia, entonces aumentan las medidas represivas posterior a los problemas, cuando que el enfoque de derechos humanos pide que el Estado proteja antes de que surjan los problemas”.

La dignataria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró como “grave” que Chile no tenga plazo legal para la detención preventiva de menores de 18 años, y que por ello se registren casos de menores detenidos durante más de un año. En este sentido, recordó los casos de Luis Marileo, Cristian Cayupán y José Ñirripil. Finalmente, la autoridad dijo que el país enfrenta una situación “grave” por el abuso de poder de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en perjuicio de niños y niñas de la etnia mapuche.

Respecto del sistema judicial que actualmente sanciona los abusos policiales enfatizó que “La policía a pesar de que también ha hecho actualizaciones en materia de derechos humanos todavía hay uso de poder desmedido que significa violaciones de derechos humanos, pero sobre todo en Chile el problema es que cuando la fuerza policial comete alguna infracción, algún delito en contra de los DD.HH. los casos son atendidos por un juzgado militar, y eso no es correcto en materia de derechos humanos todos los juicios deben ser hechos por juzgados civiles.

La comisionada está en Chile hasta el 6 de septiembre, y se reúne con representantes de los tres Poderes del Estado, particularmente con la PDI, Carabineros, el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).





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