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Año XVI, 26 de mayo de 2024


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Rechazo a beneficios de condenados por delitos de DDHH en Penal Cordillera

Agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos manifestaron su rechazo a los múltiples beneficios de los diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Cordillera, revelados en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Amparados en el principio de igualdad ante la ley, exigen el cierre tanto de ese recinto como de Punta Peuco.

Oriana Miranda

  Miércoles 25 de septiembre 2013 19:16 hrs. 
CORDILLERA

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Rechazo provocaron las condiciones de privilegio de los diez ex militares que cumplen condena en el Penal Cordillera, reveladas en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez.

Todas las semanas, una nutricionista supervisa las comidas de los internos y vigila la dieta especial de cada uno de ellos. Cada martes y jueves son atendidos por un médico general y todos los viernes reciben a un kinesiólogo, mientras que tres paramédicos cumplen turnos las 24 horas del día.

El Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG), Joe González, señala que si bien todos los centros penitenciarios del país cuentan con un equipo de profesionales a cargo de la salud de los internos, en otras cárceles estos deben atender a miles de personas, mientras aquí solo se preocupan de una decena.

“La comparación en la cantidad de profesionales que atienden a la población penal, es decir, están para atender a diez internos y en otras unidades a miles. Esa es la diferencia radical por cuanto hay profesionales del área de salud y también de Gendarmería abocado a atender exclusivamente a diez personas. Eso es parte de los fundamentos que nosotros estamos planteando para que ese penal en particular se cierre”, detalla.

El acceso a radio, televisión, libros, llamadas telefónicas, actividades deportivas y religiosas son otros de los beneficios de los condenados por violaciones a los derechos humanos que residen en las cinco cabañas completamente equipadas del Penal Cordillera.

El régimen de visitas, además, es tres veces a la semana durante dos turnos de dos y tres horas, mientras que los días jueves, previa autorización, pueden recibir a sus “compañeros de armas”.

Para José Maldonado, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, actividades deportivas y recreativas, así como las visitas de familiares y amigos, no deberían ser consideradas un privilegio sino que un derecho, al que pueda tener acceso toda la población penal.

“Algunas situaciones que son privilegio desde un punto de vista social, no lo son, sino que son derechos que tienen todas las personas que están privadas de libertad. La pregunta es por qué no se garantiza al resto de la población penal. Cuando estamos hablando de una multicancha y una cancha de tenis, son actividades deportivas y recreativas que deben tener todos los presos en Chile, no solamente estas personas que están allá. Eso no puede ser considerado un privilegio, hay que nivelar hacia arriba, no hacia abajo”, afirma.

En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, enfatiza en la evidente discriminación ejercida hacia el resto de las personas privadas de libertad, lo que atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

“Todos somos iguales ante la ley, por lo tanto los victimarios de las violaciones a los derechos humanos en vez de estar en un penal especial, con todas las comodidades que ellos tienen, demuestra que hay una discriminación enorme ante los ciudadanos chilenos. Para nosotros, ellos deben estar en cárceles comunes, vamos a insistir en esta campaña para que se cierre no solamente el Penal Cordillera sino que también el de Punta Peuco”, explica.

El presidente Sebastián Piñera se encuentra estudiando el cierre del Penal Cordillera y el traslado de los diez internos a Punta Peuco, en Til Til, donde cumplen condena otros violadores a los derechos humanos.

En el informe de la fiscal judicial, los ex militares manifiestan no querer dejar su recinto de reclusión “por razones familiares” y no comprender por qué se les han negado beneficios intrapenitenciarios como libertad condicional o rebaja de condena, lo que, según el sicólogo del penal, se debe a que “no tienen conciencia de los delitos que han cometido”.

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