Que la ratificación del Convenio es “innecesaria”, que “no resulta conveniente”,  porque “impone ciertas obligaciones al Estado que podrían constituir una infracción a los derechos de la libertad religiosa, de enseñanza y de libre expresión”, fueron algunos de los argumentos de Ricardo Ezzati en la misiva enviada al mandatario donde se le pide que no firme ni se tramite la Convención adoptada en junio por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La carta fue filtrada a los medios. El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, afirmó que el documento no es reciente. En conversación con nuestra emisora declinó referirse al tema, pero indicó que, más que molestia, existe incomodidad por la filtración.

“Conformé que era una carta privada que se había enviado por parte del presidente y el secretario general de la Fech, del monseñor Ricardo Ezzati, que es el Arzobispo de Santiago, y el monseñor Ignacio Ducasse, que es el Arzobispo de Valdivia, al Presidente de la República. Y por ser un documento privado, la Conferencia Episcopal estipulaba que no había nada más que comentar. Por más que se haya hecho masivo, al Arzobispo no le interesa dar ningún comentario sobre esto”, manifestó.

Por otro lado, fuentes al interior de la Iglesia señalaron que la noticia ha causado escozor entre algunos religiosos, que están disconformes con la forma en la que Ezzati ha figurado en la prensa. Esto después de la polémica que generó también su rechazo a la invitación a declarar que le realizó la comisión investigadora de los abusos ocurridos en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En ese sentido el teólogo Álvaro Ramis indicó que esta es una señal complicada cuando, con su conducta, el sacerdote chileno parece ir contra los lineamientos del supremo pontífice.

“Verdaderamente es un signo muy malo porque rompe la orientación que el Papa Francisco había imprimido a su pontificado en los últimos meses, respecto a poner énfasis en la discusión pública, en la pobreza, en los problemas sociales, en la discusión de la gran necesidad de una reforma de la iglesia en función de integrar y de cohesionar a la iglesia en el mundo y esto refleja una intervención en el ámbito público que el mismo Papa Francisco pone en cuestión”, aseveró.

Ramis añadió que hoy la condena contra los asesinos de Daniel Zamudio evidencia la necesidad de avanzar en una legislación que proteja los derechos de todos los ciudadanos. En esa línea es que organizaciones por la igualdad de género se mostraron indignadas con argumentos como que la Convención estaría fundada “en una visión muy parcial y unilateral de los temas”, como expresó Ezzati.

Mariela Infante, socióloga de la Corporación Humanas, afirmó que ven con extrema preocupación este llamado considerando el rol que tuvo la Iglesia, en el respeto y protección a los Derechos Humanos durante la dictadura. La  especialista indicó que esta convención es amplia y establece varias formas de discriminación: por nacionalidad, edad, orientación sexual e identidad de género, discapacidad, condición migratoria, nivel educacional o socioeconómico.

Además, indicó que la aplicación del Convenio ha sido recomendado por organismos internacionales para complementar nuestra ley, que fue aprobada hace poco, pero que aún es deficiente.

“La ley antidiscriminación que tenemos en Chile es bastante insuficiente y, en ese sentido, la Convención tendería a ampliar nuestros márgenes normativos e ir mejorando y avanzando. Es una legislación solamente simbólica porque las acciones judiciales que pueden emprender las personas que han sido discriminadas son muy dificultosas, porque existen garantías constitucionales que estarían por sobre el hecho de discriminar”, explicó.

Recordemos que la misma Iglesia hizo un fuerte lobby para frenar el avance de la ley Antidisciminación, que pasó por más de siete años en el Congreso, dejando a Chile muy atrás respecto de sus vecinos. En cuanto al Convenio no vamos mejor. La iniciativa ha sido suscrita por Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y Costa Rica entre otros países y Chile aún no la firma, paso inicial antes de ingresar a trámite.

En ese sentido, las organizaciones han sostenido que cuando Chile está ingresando al Consejo de Seguridad debería considerar ser un ejemplo en cuando al respeto de los Derechos Humanos, no sólo a nivel interno, sino ante el sistema regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.