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Año XIV, 15 de agosto de 2022

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Inédito fallo de la Suprema ordena entregar correos electrónicos del ministro de Transportes

En un fallo sin precedente, la Corte Suprema ordenó al Gobierno entregar correos electrónicos del ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, referidos al proceso de modificación de contratos del plan Transantiago y el otorgamiento de nuevos recorridos. El fallo también alcanza a la subsecretaria del ramo y el coordinador del Transantiago. El Consejo para la Transparencia reiteró su doctrina mayoritaria según la cual los correos electrónicos enviados desde servidores del Estado constituyen información pública y no un ámbito de la vida privada.

Helmuth Huerta

  Jueves 7 de noviembre 2013 19:12 hrs. 
Pedro Pablo Errázuriz

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Se trata del tema que genera más roce entre, por un lado, el Gobierno de turno, y por otro, el Consejo para la Transparencia, institución estatal autónoma a la que las personas deben acudir cuando un organismo público niega el acceso a información pública.

En este caso, la tercera sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Sergio Muñoz, dictaminó este miércoles que los argumentos del ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, no son suficientes para determinar que las comunicaciones electrónicas referidas a procedimientos administrativos de adjudicaciones por parte del Estado sean secretos y por ello violarían la esfera privada de las autoridades requeridas.

El fallo es inédito, porque a la fecha la Corte Suprema había señalado que los correos estaban en el ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos. Lo que cambió, según dijo el director del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, es que se asentó que la información de los correos sí se refiere a la toma de una decisión administrativa.

“Lo novedoso es que el propio ministerio es el que reconoce, en términos formales ante el Consejo, que estos correos electrónicos servirían de base a la adopción de un acto administrativo, que finalmente es la revisión de estos contratos y su posterior aprobación. Eso hace distinto este caso de los otros que se han conocido públicamente, en los otros casos se alegaba un alegato de privacidad. En definitiva la conclusión es que esta privacidad, sacada del ámbito de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y llevada la discusión a otro escenario, el tema de los correos electrónicos, en este caso en particular, la diferencia es que hay un reconocimiento expreso” explicó Ferrada.

Quien a mayor abundamiento, reitera la doctrina mayoritaria del Consejo para La Transparencia: “En este ámbito el Consejo tiene una opinión mayoritaria, en orden a que los correos son un canal más de comunicación entre órganos del Estado y, que en ese sentido se les aplica la Ley de Acceso a la Información, y que el procedimiento que contempla la ley es suficiente para velar por todos los derechos que se puedan ver afectados. En consecuencia, hay que hacer un análisis caso a caso del contenido de esos correos, del modo de discernir si están dentro del ámbito de lo público o de la vida privada de aquellos que aparecen involucrados” agregó.

La contraparte de este Consejo es la Comisión Defensora Ciudadana y de Transparencia, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que hasta ahora siempre había comentado los fallos judiciales que confirmaban la negativa de entregar correos, pero esta vez la reacción de esa oficina fue que “los fallos judiciales no se comentan”.

La decisión judicial contraria a los intereses del Gobierno sucede cuando la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados tramita un proyecto legal sobre correos electrónicos de funcionarios y autoridades públicas, con el cual el Ejecutivo busca zanjar el tema, para que sólo se pueda acceder a los correos sobre decisiones finales, y no sobre el proceso de una decisión.

Esto, según las organizaciones ciudadanas que realizan seguimiento a los temas de transparencia y probidad en el Estado, constituye un intento por limitar las herramientas de control sobre la gestión pública, tal como expresa el jefe jurídico de la Fundación Pro Acceso, Rodrigo Mora.

“Este proyecto lo que busca es dar un paso atrás en materia de transparencia pública. Lo que se pretende restringir son correos electrónicos de autoridades públicas que, en calidad de tales, se envían respecto de la toma de decisiones en el ámbito público. Nadie está solicitando correos que sean materias privadas, lo que se está solicitando es conocer aquellos antecedentes que justifiquen la adopción de medidas que, en definitiva, afectan a toda la comunidad”, dijo Mora cuestionando la medida.

Importa decir que en México, Estados Unidos, Canadá y sobre todo Inglaterra los correos electrónicos de funcionarios del Estado son documentos públicos si existe vinculación entre la información solicitada y el desempeño público del funcionario.

En la panorámica mundial, el Ránking Global Sobre Derecho a Información muestra que entre los países con leyes de transparencia, los más avanzados son: Serbia, India y Eslovenia. Chile está en el número 35, detrás de países latinoamericanos como El Salvador, México, Perú, Nicaragua, Guatemala y Brasil.-

Clic aquí para acceder al fallo que ordena entregar los correos del ministro de Transportes.

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