El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, que agrupa a las 25 instituciones tradicionales del país, sesionó este jueves en Copiapó, para oficializar el inicio del proceso de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se aplica la próxima semana (2 y 3 de diciembre).
El vicepresidente del Consejo y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, entregó varias cifras, entre las que resaltó la cantidad de personas que dan la prueba de historia (174.107), y particularmente el nuevo módulo de ciencias orientado a liceos técnicos profesional (34.639).
“Van a haber sobre 270 mil alumnos que van a dar la prueba, aproximadamente un 52,6% de los que están inscritos provienen de establecimientos particular subvencionados, 26,8% de establecimientos municipales y un 10% restante de establecimientos privados. Ellos optan a 79 mil vacantes en las 1349 carreras de las 25 universidades del Consejo de Rectores más las ocho que están adscritas al proceso de admisión, que son universidades privadas”, expresó.
El contexto de la PSU está marcado, en primer término, por los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones por parte de liceos públicos emblemáticos, para revertir la decisión del Consejo de Rectores de aplicar el nuevo ranking de notas.
Como se sabe, este nuevo ranking aumenta en al menos 10% la importancia del lugar que tiene el estudiante entre todos sus compañeros del mismo colegio o liceo. Esos recursos de protección siguen en trámite en la Corte, aun cuando este tribunal anunció en su momento que dictaría una resolución antes de la PSU, lo que fue lamentado.
El otro tema de telón de fondo de la PSU es la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de rechazar en días recientes las acreditaciones de calidad a 18 instituciones, entre las que están las universidades Bolivariana, UNIACC, Las Américas, del Mar, La República, Pedro de Valdivia, y Universidad UCINF.
Al respecto, la Fundación 2020, organización civil que se especializa en el estudio de la política educacional, declaró a través de su director, Mario Waissbluth, que esto demuestra que la Comisión Nacional de Acreditación está trabajando con más seriedad, aunque el tema pendiente sigue siendo la creación de la figura del interventor universitarios, para evitar situaciones de desprotección como la de los estudiantes de la clausurada Universidad del Mar. Lo otro pendiente es acreditar al menos el 20% de los 17 mil programas que se imparten en la educación superior, porque a la fecha sólo se acreditan instituciones.
“Toda la discusión sigue, aparentemente, girando en torno a la acreditación institucional cuando lo que debiera importar es la acreditación de la carrera. Son 17 mil y en este momento tan solo el 20 o 25 por ciento de las carreras están acreditadas. Si una universidad consigue la acreditación y después se dedica a repartir sedes chanta a lo largo de todo el país, ¿qué le va a importar a los alumnos, que la universidad esté acreditada o que la carrera que va a tomar él, en la sede de Temuco, tenga los estándares necesarios de calidad?”, manifestó.
Acreditar una carrera cuesta unos 8 millones de pesos, de manera que acreditar los 17 mil programas (carreras) que hay en Chile cuesta unos 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Pese a lo elevado de este monto, las utilidades de la educación superior son de 2 billones 400 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares). O sea, acreditar el sistema costaría sólo el 4% de las utilidades.
El año 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la educación superior de Chile, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica (CFT).
El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, que agrupa a las 25 instituciones tradicionales del país, sesionó este jueves en Copiapó, para oficializar el inicio del proceso de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se aplica la próxima semana (2 y 3 de diciembre).
El vicepresidente del Consejo y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, entregó varias cifras, entre las que resaltó la cantidad de personas que dan la prueba de historia (174.107), y particularmente el nuevo módulo de ciencias orientado a liceos técnicos profesional (34.639).
“Van a haber sobre 270 mil alumnos que van a dar la prueba, aproximadamente un 52,6% de los que están inscritos provienen de establecimientos particular subvencionados, 26,8% de establecimientos municipales y un 10% restante de establecimientos privados. Ellos optan a 79 mil vacantes en las 1349 carreras de las 25 universidades del Consejo de Rectores más las ocho que están adscritas al proceso de admisión, que son universidades privadas”, expresó.
El contexto de la PSU está marcado, en primer término, por los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones por parte de liceos públicos emblemáticos, para revertir la decisión del Consejo de Rectores de aplicar el nuevo ranking de notas.
Como se sabe, este nuevo ranking aumenta en al menos 10% la importancia del lugar que tiene el estudiante entre todos sus compañeros del mismo colegio o liceo. Esos recursos de protección siguen en trámite en la Corte, aun cuando este tribunal anunció en su momento que dictaría una resolución antes de la PSU, lo que fue lamentado.
El otro tema de telón de fondo de la PSU es la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de rechazar en días recientes las acreditaciones de calidad a 18 instituciones, entre las que están las universidades Bolivariana, UNIACC, Las Américas, del Mar, La República, Pedro de Valdivia, y Universidad UCINF.
Al respecto, la Fundación 2020, organización civil que se especializa en el estudio de la política educacional, declaró a través de su director, Mario Waissbluth, que esto demuestra que la Comisión Nacional de Acreditación está trabajando con más seriedad, aunque el tema pendiente sigue siendo la creación de la figura del interventor universitarios, para evitar situaciones de desprotección como la de los estudiantes de la clausurada Universidad del Mar. Lo otro pendiente es acreditar al menos el 20% de los 17 mil programas que se imparten en la educación superior, porque a la fecha sólo se acreditan instituciones.
“Toda la discusión sigue, aparentemente, girando en torno a la acreditación institucional cuando lo que debiera importar es la acreditación de la carrera. Son 17 mil y en este momento tan solo el 20 o 25 por ciento de las carreras están acreditadas. Si una universidad consigue la acreditación y después se dedica a repartir sedes chanta a lo largo de todo el país, ¿qué le va a importar a los alumnos, que la universidad esté acreditada o que la carrera que va a tomar él, en la sede de Temuco, tenga los estándares necesarios de calidad?”, manifestó.
Acreditar una carrera cuesta unos 8 millones de pesos, de manera que acreditar los 17 mil programas (carreras) que hay en Chile cuesta unos 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Pese a lo elevado de este monto, las utilidades de la educación superior son de 2 billones 400 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares). O sea, acreditar el sistema costaría sólo el 4% de las utilidades.
El año 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la educación superior de Chile, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica (CFT).
El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, que agrupa a las 25 instituciones tradicionales del país, sesionó este jueves en Copiapó, para oficializar el inicio del proceso de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se aplica la próxima semana (2 y 3 de diciembre).
El vicepresidente del Consejo y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, entregó varias cifras, entre las que resaltó la cantidad de personas que dan la prueba de historia (174.107), y particularmente el nuevo módulo de ciencias orientado a liceos técnicos profesional (34.639).
“Van a haber sobre 270 mil alumnos que van a dar la prueba, aproximadamente un 52,6% de los que están inscritos provienen de establecimientos particular subvencionados, 26,8% de establecimientos municipales y un 10% restante de establecimientos privados. Ellos optan a 79 mil vacantes en las 1349 carreras de las 25 universidades del Consejo de Rectores más las ocho que están adscritas al proceso de admisión, que son universidades privadas”, expresó.
El contexto de la PSU está marcado, en primer término, por los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones por parte de liceos públicos emblemáticos, para revertir la decisión del Consejo de Rectores de aplicar el nuevo ranking de notas.
Como se sabe, este nuevo ranking aumenta en al menos 10% la importancia del lugar que tiene el estudiante entre todos sus compañeros del mismo colegio o liceo. Esos recursos de protección siguen en trámite en la Corte, aun cuando este tribunal anunció en su momento que dictaría una resolución antes de la PSU, lo que fue lamentado.
El otro tema de telón de fondo de la PSU es la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de rechazar en días recientes las acreditaciones de calidad a 18 instituciones, entre las que están las universidades Bolivariana, UNIACC, Las Américas, del Mar, La República, Pedro de Valdivia, y Universidad UCINF.
Al respecto, la Fundación 2020, organización civil que se especializa en el estudio de la política educacional, declaró a través de su director, Mario Waissbluth, que esto demuestra que la Comisión Nacional de Acreditación está trabajando con más seriedad, aunque el tema pendiente sigue siendo la creación de la figura del interventor universitarios, para evitar situaciones de desprotección como la de los estudiantes de la clausurada Universidad del Mar. Lo otro pendiente es acreditar al menos el 20% de los 17 mil programas que se imparten en la educación superior, porque a la fecha sólo se acreditan instituciones.
“Toda la discusión sigue, aparentemente, girando en torno a la acreditación institucional cuando lo que debiera importar es la acreditación de la carrera. Son 17 mil y en este momento tan solo el 20 o 25 por ciento de las carreras están acreditadas. Si una universidad consigue la acreditación y después se dedica a repartir sedes chanta a lo largo de todo el país, ¿qué le va a importar a los alumnos, que la universidad esté acreditada o que la carrera que va a tomar él, en la sede de Temuco, tenga los estándares necesarios de calidad?”, manifestó.
Acreditar una carrera cuesta unos 8 millones de pesos, de manera que acreditar los 17 mil programas (carreras) que hay en Chile cuesta unos 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Pese a lo elevado de este monto, las utilidades de la educación superior son de 2 billones 400 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares). O sea, acreditar el sistema costaría sólo el 4% de las utilidades.
El año 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la educación superior de Chile, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica (CFT).
