Sergio Muñoz coronó este miércoles una carrera judicial que partió en 1982 en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, y que entre sus antecedentes de mayor connotación pública registra el desempeño, en calidad de ministro en visita, de la investigación del homicidio del dirigente sindical de la ANEF, Tucapel Jiménez, asesinado por la dictadura militar. Este proceso le permitió dictar 12 condenas, y le valió ganarse un renombre de serio y acucioso en su tarea profesional. De hecho, en poco más de un año resolvió un caso judicial que se había mantenido estancado durante los 17 años en que estuvo a cargo del ministro Sergio Valenzuela Patiño. También investigó el caso de la red de pedofilia de Claudio Spiniak (liberado este lunes luego de 10 años de presidio) y el escándalo de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Nueva York.
Sergio Muñoz (nacido el 10 de febrero de 1957) llegó a la Suprema en septiembre de 2005, luego de ser designado (con ratificación del Congreso) por el entonces Presidente Ricardo Lagos.
Al entregar las directrices de lo que será su presidencia, Sergio Muñoz dijo que el nombramiento de los ministros integrantes de la Corte (que se realiza mediante la selección de una quina por parte del Presidente de la República, que después tiene que ser ratificada por el Senado) debería responder sólo a méritos, porque en su opinión este proceso muchas veces es denigrante porque en algunos casos los jueces tienen que inclinarse ante los políticos de turno. Muñoz dijo que el tenor de su mandato es atender a las demandas ciudadanas por una Corte que ponga a las personas en el centro de la administración de justicia.
En este sentido, el recién electo presidente de la Suprema enfatizó que los jueces deben estar “dispuestos a escuchar a la ciudadanía, hacer nuestro trabajo de cara y por ella, el principal desafío es poder satisfacer lo que son las demandas ciudadanas y nuestro trabajo siempre va a estar la persona en el centro de nuestras preocupaciones y si hay alguna idea matriz que deba destacar inmediatamente, entiendo que los tribunales están al servicio de las personas y deben promover y proteger todos los derechos de todas las personas”.
El diputado del PPD, Tucapel Jiménez, resaltó el compromiso de Muñoz con los Derechos Humanos y la seriedad de su trabajo.
En esa línea, el parlamentario del PPD indicó que “todos saben que él se hizo conocido con el caso de mi padre, es una persona de estos jueces que ellos son de bajo perfil, pero hablan con los fallos, él en el caso de mi padre después de 18 años logró llegar a parte de la verdad porque era muy difícil llegar a toda la verdad y logró hacer justicia, por lo tanto, yo tengo la mejor de las impresiones de él, es una persona joven, creo que también va con la renovación que tiene que haber en el Poder Judicial, me parece una persona muy profesional, muy comprometida y creo que es una buena señal que está dando el Poder Judicial”.
El análisis institucional del momento que vive el Poder Judicial lo aportó el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, el académico Enrique Navarro, quien dijo que los temas principales de la Suprema son: resolver el asunto de los abogados integrantes para que las cortes estén compuestas sólo por ministros de carrera (por ejemplo, ministros suplentes, como sucede en el Tribunal Constitucional o en los Tribunales Ambientales); además incorporar el llamado de los organismos internacionales y de la sociedad civil para que los fallos judiciales siempre aduzcan razones jurídicas y no sólo informen escuetamente la decisión y los votos; y también ceñirse a criterios como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha condenado 6 veces al Estado de Chile por derechos no observados por la Corte Suprema.
Con todo, el principal desafío institucional, según Enrique Navarro, es la autonomía presupuestaria de los tribunales: “Lo importante es que la Corte Suprema está en un momento fulminante de su desarrollo institucional, hay que pensar cómo fortalecer la institución y en ese sentido me parece, por ejemplo, que la autonomía financiera debiera ponderarse y analizarce porque si cada año yo tengo que estar discutiendo la situación presupuestaria y vinculándome por tanto con el Ejecutivo, que de alguna manera también revisó sus actos, eso puede significar perder independencia, que por el contrario hay que fortalecerla”.
En la víspera del nombramiento de Sergio Muñoz, el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Carlos Aránguiz (quien está siendo postulado por La Moneda para integrarse a la Suprema) dijo ante el Senado que este tribunal está “mal diseñado”, debido a que la debe preocuparse de muchas “minucias”.
El próximo 29 de diciembre, la Corte Suprema va a cumplir 190 años de existencia, en un trasfondo marcado en el plano histórico por la Reforma Procesal Penal, que desde el año 2000 ha permeado al Poder Judicial -desde los tribunales inferiores- sobre la necesidad de mayor transparencia; y también por los 40 años del Golpe de Estado, respecto del cual la Suprema se mantiene como la única institución del Estado que no pidió perdón por sus acciones y omisiones durante la dictadura.
Sergio Muñoz coronó este miércoles una carrera judicial que partió en 1982 en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, y que entre sus antecedentes de mayor connotación pública registra el desempeño, en calidad de ministro en visita, de la investigación del homicidio del dirigente sindical de la ANEF, Tucapel Jiménez, asesinado por la dictadura militar. Este proceso le permitió dictar 12 condenas, y le valió ganarse un renombre de serio y acucioso en su tarea profesional. De hecho, en poco más de un año resolvió un caso judicial que se había mantenido estancado durante los 17 años en que estuvo a cargo del ministro Sergio Valenzuela Patiño. También investigó el caso de la red de pedofilia de Claudio Spiniak (liberado este lunes luego de 10 años de presidio) y el escándalo de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Nueva York.
Sergio Muñoz (nacido el 10 de febrero de 1957) llegó a la Suprema en septiembre de 2005, luego de ser designado (con ratificación del Congreso) por el entonces Presidente Ricardo Lagos.
Al entregar las directrices de lo que será su presidencia, Sergio Muñoz dijo que el nombramiento de los ministros integrantes de la Corte (que se realiza mediante la selección de una quina por parte del Presidente de la República, que después tiene que ser ratificada por el Senado) debería responder sólo a méritos, porque en su opinión este proceso muchas veces es denigrante porque en algunos casos los jueces tienen que inclinarse ante los políticos de turno. Muñoz dijo que el tenor de su mandato es atender a las demandas ciudadanas por una Corte que ponga a las personas en el centro de la administración de justicia.
En este sentido, el recién electo presidente de la Suprema enfatizó que los jueces deben estar “dispuestos a escuchar a la ciudadanía, hacer nuestro trabajo de cara y por ella, el principal desafío es poder satisfacer lo que son las demandas ciudadanas y nuestro trabajo siempre va a estar la persona en el centro de nuestras preocupaciones y si hay alguna idea matriz que deba destacar inmediatamente, entiendo que los tribunales están al servicio de las personas y deben promover y proteger todos los derechos de todas las personas”.
El diputado del PPD, Tucapel Jiménez, resaltó el compromiso de Muñoz con los Derechos Humanos y la seriedad de su trabajo.
En esa línea, el parlamentario del PPD indicó que “todos saben que él se hizo conocido con el caso de mi padre, es una persona de estos jueces que ellos son de bajo perfil, pero hablan con los fallos, él en el caso de mi padre después de 18 años logró llegar a parte de la verdad porque era muy difícil llegar a toda la verdad y logró hacer justicia, por lo tanto, yo tengo la mejor de las impresiones de él, es una persona joven, creo que también va con la renovación que tiene que haber en el Poder Judicial, me parece una persona muy profesional, muy comprometida y creo que es una buena señal que está dando el Poder Judicial”.
El análisis institucional del momento que vive el Poder Judicial lo aportó el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, el académico Enrique Navarro, quien dijo que los temas principales de la Suprema son: resolver el asunto de los abogados integrantes para que las cortes estén compuestas sólo por ministros de carrera (por ejemplo, ministros suplentes, como sucede en el Tribunal Constitucional o en los Tribunales Ambientales); además incorporar el llamado de los organismos internacionales y de la sociedad civil para que los fallos judiciales siempre aduzcan razones jurídicas y no sólo informen escuetamente la decisión y los votos; y también ceñirse a criterios como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha condenado 6 veces al Estado de Chile por derechos no observados por la Corte Suprema.
Con todo, el principal desafío institucional, según Enrique Navarro, es la autonomía presupuestaria de los tribunales: “Lo importante es que la Corte Suprema está en un momento fulminante de su desarrollo institucional, hay que pensar cómo fortalecer la institución y en ese sentido me parece, por ejemplo, que la autonomía financiera debiera ponderarse y analizarce porque si cada año yo tengo que estar discutiendo la situación presupuestaria y vinculándome por tanto con el Ejecutivo, que de alguna manera también revisó sus actos, eso puede significar perder independencia, que por el contrario hay que fortalecerla”.
En la víspera del nombramiento de Sergio Muñoz, el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Carlos Aránguiz (quien está siendo postulado por La Moneda para integrarse a la Suprema) dijo ante el Senado que este tribunal está “mal diseñado”, debido a que la debe preocuparse de muchas “minucias”.
El próximo 29 de diciembre, la Corte Suprema va a cumplir 190 años de existencia, en un trasfondo marcado en el plano histórico por la Reforma Procesal Penal, que desde el año 2000 ha permeado al Poder Judicial -desde los tribunales inferiores- sobre la necesidad de mayor transparencia; y también por los 40 años del Golpe de Estado, respecto del cual la Suprema se mantiene como la única institución del Estado que no pidió perdón por sus acciones y omisiones durante la dictadura.
Sergio Muñoz coronó este miércoles una carrera judicial que partió en 1982 en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, y que entre sus antecedentes de mayor connotación pública registra el desempeño, en calidad de ministro en visita, de la investigación del homicidio del dirigente sindical de la ANEF, Tucapel Jiménez, asesinado por la dictadura militar. Este proceso le permitió dictar 12 condenas, y le valió ganarse un renombre de serio y acucioso en su tarea profesional. De hecho, en poco más de un año resolvió un caso judicial que se había mantenido estancado durante los 17 años en que estuvo a cargo del ministro Sergio Valenzuela Patiño. También investigó el caso de la red de pedofilia de Claudio Spiniak (liberado este lunes luego de 10 años de presidio) y el escándalo de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Nueva York.
Sergio Muñoz (nacido el 10 de febrero de 1957) llegó a la Suprema en septiembre de 2005, luego de ser designado (con ratificación del Congreso) por el entonces Presidente Ricardo Lagos.
Al entregar las directrices de lo que será su presidencia, Sergio Muñoz dijo que el nombramiento de los ministros integrantes de la Corte (que se realiza mediante la selección de una quina por parte del Presidente de la República, que después tiene que ser ratificada por el Senado) debería responder sólo a méritos, porque en su opinión este proceso muchas veces es denigrante porque en algunos casos los jueces tienen que inclinarse ante los políticos de turno. Muñoz dijo que el tenor de su mandato es atender a las demandas ciudadanas por una Corte que ponga a las personas en el centro de la administración de justicia.
En este sentido, el recién electo presidente de la Suprema enfatizó que los jueces deben estar “dispuestos a escuchar a la ciudadanía, hacer nuestro trabajo de cara y por ella, el principal desafío es poder satisfacer lo que son las demandas ciudadanas y nuestro trabajo siempre va a estar la persona en el centro de nuestras preocupaciones y si hay alguna idea matriz que deba destacar inmediatamente, entiendo que los tribunales están al servicio de las personas y deben promover y proteger todos los derechos de todas las personas”.
El diputado del PPD, Tucapel Jiménez, resaltó el compromiso de Muñoz con los Derechos Humanos y la seriedad de su trabajo.
En esa línea, el parlamentario del PPD indicó que “todos saben que él se hizo conocido con el caso de mi padre, es una persona de estos jueces que ellos son de bajo perfil, pero hablan con los fallos, él en el caso de mi padre después de 18 años logró llegar a parte de la verdad porque era muy difícil llegar a toda la verdad y logró hacer justicia, por lo tanto, yo tengo la mejor de las impresiones de él, es una persona joven, creo que también va con la renovación que tiene que haber en el Poder Judicial, me parece una persona muy profesional, muy comprometida y creo que es una buena señal que está dando el Poder Judicial”.
El análisis institucional del momento que vive el Poder Judicial lo aportó el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, el académico Enrique Navarro, quien dijo que los temas principales de la Suprema son: resolver el asunto de los abogados integrantes para que las cortes estén compuestas sólo por ministros de carrera (por ejemplo, ministros suplentes, como sucede en el Tribunal Constitucional o en los Tribunales Ambientales); además incorporar el llamado de los organismos internacionales y de la sociedad civil para que los fallos judiciales siempre aduzcan razones jurídicas y no sólo informen escuetamente la decisión y los votos; y también ceñirse a criterios como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha condenado 6 veces al Estado de Chile por derechos no observados por la Corte Suprema.
Con todo, el principal desafío institucional, según Enrique Navarro, es la autonomía presupuestaria de los tribunales: “Lo importante es que la Corte Suprema está en un momento fulminante de su desarrollo institucional, hay que pensar cómo fortalecer la institución y en ese sentido me parece, por ejemplo, que la autonomía financiera debiera ponderarse y analizarce porque si cada año yo tengo que estar discutiendo la situación presupuestaria y vinculándome por tanto con el Ejecutivo, que de alguna manera también revisó sus actos, eso puede significar perder independencia, que por el contrario hay que fortalecerla”.
En la víspera del nombramiento de Sergio Muñoz, el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Carlos Aránguiz (quien está siendo postulado por La Moneda para integrarse a la Suprema) dijo ante el Senado que este tribunal está “mal diseñado”, debido a que la debe preocuparse de muchas “minucias”.
El próximo 29 de diciembre, la Corte Suprema va a cumplir 190 años de existencia, en un trasfondo marcado en el plano histórico por la Reforma Procesal Penal, que desde el año 2000 ha permeado al Poder Judicial -desde los tribunales inferiores- sobre la necesidad de mayor transparencia; y también por los 40 años del Golpe de Estado, respecto del cual la Suprema se mantiene como la única institución del Estado que no pidió perdón por sus acciones y omisiones durante la dictadura.
