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Año XII, 29 de marzo de 2020

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TC estudiará constitucionalidad del “consentimiento” de consumidores a contratos

Cabe señalar que el mes pasado las autoridades del ministerio de Economía aseguraron que el Decreto 153 entrega mayor protección a los consumidores, junto a modernizar el sistema a través del uso de medios electrónicos.

Héctor Areyuna

  Jueves 2 de enero 2014 9:59 hrs. 





El Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger a tramitación y declarar admisible el requerimiento presentado por un grupo de 21 diputados de la Nueva Mayoría para impugnar el reglamento sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros.

Este fue dado a conocer por el ministerio de Economía durante el mes pasado, donde las autoridades aseguraron que el Decreto 153 entrega mayor protección a los consumidores, junto a modernizar el sistema a través del uso de medios electrónicos.

De todas formas, el TC no acogió la medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de la normativa a contar de la fecha en que fuera acogido a tramitación.

El diputado de la DC Patricio Vallespín lamentó la falta de una medida precautoria, pero aseguró que más allá de los resultados del proceso que se iniciará, es necesario legislar en la materia.

En este sentido, el parlamentario de la DC afirmó que “nosotros ya estamos trabando un proyecto de ley que va a resolver esto en la ley de manera tal que el Reglamento en los hechos que sin relevancia operativa, desgraciadamente los tiempo de aprobación de un proyecto de ley depende de la urgencia que el Ejecutivo coloque, ahora en un nuevo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en el cual nosotros nos jugamos con que uno de los temas importantes era terminar con los abusos, aquí donde hay un abuso evidente del proveedor de un servicio financiero, debiera probablemente el Ejecutivo ponerle urgencia desde marzo en adelante”.

El parlamentario subrayó que el Decreto 153 consagra el abuso del sector financiero hacia los consumidores, mediante el “consentimiento unilateral”.

Organizaciones de consumidores han señalado que hay cláusulas que complican a los clientes, y además han calificado la norma como “una modificación unilateral a gran escala”.