El parlamentario criticó que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, respaldada por el Tribunal Constitucional, reduzca exigencias ambientales bajo el argumento de agilizar inversiones. “¿Qué de ecologista quedó en el gobierno?”, cuestionó.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró el fallo del Tribunal Constitucional calificándolo como “una buena noticia para el país” debido al impacto esperado de la futura ley. “Nos permitirá reducir los tiempos de evaluación sectorial”, destacó.
Con apoyo unánime de su bancada, parlamentarios del Partido Socialista entregaron al Tribunal Constitucional antecedentes jurídicos y mediáticos como prueba de la gravedad de las declaraciones del abanderado del PNL sobre el golpe de Estado.
Los parlamentarios denunciaron que el artículo 6 de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo “es arbitrariamente discriminatoria”, ya que el pago de patente que establece la norma afecta solo a la pesca industrial y no a los pescadores artesanales.
La directora enfatizó en la importancia de mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, cuestionó la Ley de Permisos Sectoriales que avanza en el Congreso, calificándola como “peligrosa”.
En tanto, a través de una declaración pública, 53 parlamentarios cuestionaron el proyecto de Andes Iron y alertaron sobre graves riesgos ambientales e institucionales.
El TC debía dirimir si el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones e invadió las facultades que son privativas del Comité de Ministros, como reclama el Ejecutivo.
La socialista declarará como imputada ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria penal del frustrado proceso de adquisición, en el que se pesquisa el eventual delito de tráfico de influencias y fraude al fisco.
Para el analista, la remoción de la senadora actúa como “un catalizador de un malestar previo” revelando una crisis de confianza y visiones distintas sobre la gestión del poder.
Luego de que el TC acordara el cese del cargo de la senadora socialista, el Jefe de Estado destacó el trabajo de la parlamentaria. “Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad”, señaló.
El organismo consideró que la declaración de ley marcial no cumplía con los requisitos legales para una crisis nacional y que se violó la jurisdicción al enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir la revocación de la norma.
Luego de que el primer recurso presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra la secretaria de Estado no fuera acogido por el TC, la Primera Sala acogió el segundo texto ingresado por los mismos abogados.
La primera sala del TC, integrado, entre otros ministros, por la presidenta del tribunal, Nancy Yañez, argumentó su decisión en que no se cumplió lo dispuestos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del organismo.
El Tribunal Constitucional deberá abocarse a estudiar la admisibilidad de la presentación, cuestión que no debiera resolverse más allá del 10 de febrero. De ser aprobada, la causa sería vista en marzo de este año.
En paralelo, el Gobierno respondió a un reportaje en donde se denuncia que funcionarios de Bienes Nacionales advirtieron sobre los posibles coletazos de la compraventa. El subsecretario Luis Cordero recalcó que se trató de advertencias políticas.
Los ministros condicionaron el avance de la acción al pago de una multa de 500 mil pesos, que deberá ser cancelada por los abogados que presentaron el requerimiento. Esto, en razón de lo estipulado en el artículo 118 de la Constitución.
El jefe de bancada de la colectividad, Luis Sánchez, aseguró que este libelo “va a prosperar”. Así, hizo un llamado al Presidente Boric para que le pida la renuncia a la titular de Defensa: “Debiese él mismo tomar la decisión”.
