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Año XI, 18 de agosto de 2019

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Sequía se agrava en siete regiones y reactiva discusión por el derecho al agua

Nuestro país vive la mayor crisis hídrica de los últimos años. El principal factor es el cambio climático, la ausencia de gestión y administración gubernamental acorde a las nuevas necesidades y la falta de un cuerpo legal que proteja el agua han empeorado la situación, según los especialistas.

Diana Torres

  Sábado 1 de marzo 2014 8:54 hrs. 

El pronóstico para este año es crítico. Según un informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2009, variables como el aumento de las temperaturas han sido las generadoras de la sequía que azota al país, provocando un déficit hídrico en cuencas, ríos y canales de riego.

A esto se suma el crecimiento de la población, lo que ha provocado una disminución en la disponibilidad de agua per cápita y el aumento en la demanda de este recurso por la economía. En esta línea, la Dirección General de Aguas (DGA) ha indicado que los derechos de su uso son utilizados principalmente por la agricultura.

Actualmente, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén hay abastecimiento de agua potable gracias a camiones aljibe. La situación ha avanzado incluso en zonas que tienen abundancia del recurso, como Chiloé, donde no hay disponibilidad de agua para uso doméstico ni para la pequeña agricultura.

Mientras, la zona del Valle del Elqui ha reducido a un tercio la producción de uva. Ya son ocho años desde que los diferentes poblados han tenido que organizarse para determinar necesidades y recurrir a las autoridades. Los campos se están secando y con ello la fuente laboral de muchos.

En este sentido, María Inés Figari, directora de la Sociedad Agrícola del Norte, indicó que la conservación de agua ha sido fundamental para la región, donde hay dotación cero: “Todavía no se han tomado todas las medidas lo suficientemente urgentes que se necesitan y esto no da para más. No se puede entrar en proyectos de riego. El Estado ha puesto bastante plata en la Comisión Nacional de Riego, donde uno puede postular, pero una postulación toma, a lo menos, seis u ocho meses, y el agua ya la perdimos. Entonces tiene que haber algo diferente y nosotros estamos proponiendo qué, cómo y dónde es la urgencia inmediata donde hay que recurrir”, dijo.

El Gobierno ha tomado medidas de mitigación a largo plazo para aumentar los recursos. La DGA ha informado que el déficit hídrico va de la mano con la infraestructura, por lo que han promovido la construcción de embalses.

Para el coordinador de campañas de Greenpeace Chile, Samuel Leiva, la administración no sólo depende de los organismos públicos, sino que de unos 40 actores más, por lo que hay que avanzar en una institucionalidad que pueda enfrentar la crisis.

Leiva recordó además que “en el norte de Chile hay conflictos entre comunidades indígenas y el sector minero por el uso de agua; en la zona central hay problemas con robo de agua y derechos de agua ilegales; y en el sur hay conflictos que no tienen que ver con la escasez, sino con el uso que le queremos dar a los recursos, especialmente con los grandes embalses, donde las comunidades dicen no estar dispuestas a que el agua se utilice para la destrucción del medio ambiente”.

En esta línea, el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner, explicó que el Código de Aguas separa el recurso de la tierra, lo que permite su aprovechamiento y la promoción de un criterio de mercado. Es decir, una legislación que regula fines extractivos desde las napas subterráneas o desde aguas superficiales para incorporarlo al riego o uso industrial, pero no niega la concentración de los privados.

Respecto del derecho de acceder al recurso, el jurista indicó que no existe un criterio internacional. Sin embargo, estimó que “el consumo humano debería garantizarse en la Constitución para que toda la legislación tenga que respetar este principio. Así como se consagra el derecho a la vida, el consumo para fines humanos debería ser una consecuencia del derecho a la vida. Creo que es un piso mínimo que deberíamos darnos como sociedad”.

El abogado agregó que los efectos por el calentamiento global deben ser la razón principal que motive crear una legislación que se adapte: “No es posible llevar a cabo una gestión solo por la vía de asignar cuotas y derechos en zonas de sequía prolongada, tiene que haber una adaptación y tiene que ser luego”, enfatizó.

Según las proyecciones, este año se vislumbra tan seco como los anteriores y Chile aún no cuenta con las medidas necesarias para solventar la grave situación.