El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hizo el balance de la gestión en el 2013 y afirmó que se mantiene la tendencia de disminuir el tiempo de la resolución de los asuntos. Al respecto, puntualizó que el promedio en que se despachan los recursos hoy es de 76 días.
En la misma línea, dijo que la tramitación en primera instancia será materia que requerirá mayor apoyo durante este período, considerando que pese a la disminución registrada en el número de ingresos, hay una mayor cantidad de causas pendientes. Al respecto, anunció que se tomarán medidas inmediatas:
Al respecto explicó que “es urgente prestar a la justicia civil y comercial la atención necesaria, para ellos se ha dispuesto un programa focalizado que se llevara a cabo este año. Se trata de un proyecto específico y ambicioso, el cual será evaluado periódicamente y para lo cual solicito la cooperación de todos los jueces y funcionarios”, señaló.
Entre los desafíos relevantes del tribunal para este bienio, señaló que se debe de mejorar el trato que el sistema penal le otorga a las víctimas y la necesidad de poner sus derechos en “el mismo nivel que los de sus victimarios”.
“Es imperioso otorgar mayor seguridad jurídica, corregir con prontitud las decisiones que puedan ser carentes de racionalidad y contrarias al derecho, dotar a las resoluciones de mayor profundidad, tramitar los procedimientos en un plazo razonable, comunicar y difundir adecuadamente a la población este ejercicio y fortalecer en definitiva la protección de los derechos de las víctimas”, dijo la autoridad del máximo tribunal.
A juicio de la socióloga Lucía Dammert las urgencias de la Corte responden a un contexto claro: “La justicia es una de las áreas con menos credibilidad y menos confianza ciudadana que hay en el aparato del Estado en general, este discurso responde entonces a la creciente demanda de la ciudadanía respecto a la falta de una justicia rápida y certera. Por otro lado, está relacionado con un discurso político que se ha instalado en los últimos años y que pone énfasis en el supuesto beneficio para los victimarios y el olvido de las víctimas”, señaló Dammert.
Reforma Procesal Civil
Respecto a la tramitación de la Reforma Procesal Civil, Muñoz instó al Senado a incorporar los aportes hechos por la Corte Suprema y que fueron desestimados por la Cámara de Diputados, en referencia a los procesos relacionados con el “oficial de ejecución y el recurso extraordinario ” que no fueron atendidas en el trámite legislativo.
La académica estimó pertinente el llamado de Muñoz al Senado, dado que la reforma procesal civil será un proceso complejo que “requerirá del acuerdo de muchos actores diferentes. Además es una reforma de Estado que tendrá que incorporar a la oposición y por supuesto asesorarse de expertos, lo que puede hacer que el proceso sea mucho más lento”, afirmó.
Finalmente, consideró que la trascendencia de esta reforma será similar a lo que fue la Reforma Procesal Penal: “Ahí hay una serie de espacios grises, vacíos, que por muchos años no han sido actualizados ni modernizados, por lo tanto requieren ser revisados. Esta es el área que impacta a más ciudadanos, porque no todos estamos vinculados con temas penales, pero hay muchos que estamos vinculados a temas civiles”.
Las directrices de lo que será la gestión del magistrado en la Corte eran ampliamente esperadas. Desde su elección por el pleno del tribunal el 18 de diciembre del año pasado, Muñoz generó un alto interés por convertirse a sus 56 años en el presidente más joven que ha tenido la Corte Suprema. Además, cuenta con una amplia trayectoria en materia de Derechos Humanos y abordó transcendentes casos como: Spiniack, Riggs y la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, entre otros.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hizo el balance de la gestión en el 2013 y afirmó que se mantiene la tendencia de disminuir el tiempo de la resolución de los asuntos. Al respecto, puntualizó que el promedio en que se despachan los recursos hoy es de 76 días.
En la misma línea, dijo que la tramitación en primera instancia será materia que requerirá mayor apoyo durante este período, considerando que pese a la disminución registrada en el número de ingresos, hay una mayor cantidad de causas pendientes. Al respecto, anunció que se tomarán medidas inmediatas:
Al respecto explicó que “es urgente prestar a la justicia civil y comercial la atención necesaria, para ellos se ha dispuesto un programa focalizado que se llevara a cabo este año. Se trata de un proyecto específico y ambicioso, el cual será evaluado periódicamente y para lo cual solicito la cooperación de todos los jueces y funcionarios”, señaló.
Entre los desafíos relevantes del tribunal para este bienio, señaló que se debe de mejorar el trato que el sistema penal le otorga a las víctimas y la necesidad de poner sus derechos en “el mismo nivel que los de sus victimarios”.
“Es imperioso otorgar mayor seguridad jurídica, corregir con prontitud las decisiones que puedan ser carentes de racionalidad y contrarias al derecho, dotar a las resoluciones de mayor profundidad, tramitar los procedimientos en un plazo razonable, comunicar y difundir adecuadamente a la población este ejercicio y fortalecer en definitiva la protección de los derechos de las víctimas”, dijo la autoridad del máximo tribunal.
A juicio de la socióloga Lucía Dammert las urgencias de la Corte responden a un contexto claro: “La justicia es una de las áreas con menos credibilidad y menos confianza ciudadana que hay en el aparato del Estado en general, este discurso responde entonces a la creciente demanda de la ciudadanía respecto a la falta de una justicia rápida y certera. Por otro lado, está relacionado con un discurso político que se ha instalado en los últimos años y que pone énfasis en el supuesto beneficio para los victimarios y el olvido de las víctimas”, señaló Dammert.
Reforma Procesal Civil
Respecto a la tramitación de la Reforma Procesal Civil, Muñoz instó al Senado a incorporar los aportes hechos por la Corte Suprema y que fueron desestimados por la Cámara de Diputados, en referencia a los procesos relacionados con el “oficial de ejecución y el recurso extraordinario ” que no fueron atendidas en el trámite legislativo.
La académica estimó pertinente el llamado de Muñoz al Senado, dado que la reforma procesal civil será un proceso complejo que “requerirá del acuerdo de muchos actores diferentes. Además es una reforma de Estado que tendrá que incorporar a la oposición y por supuesto asesorarse de expertos, lo que puede hacer que el proceso sea mucho más lento”, afirmó.
Finalmente, consideró que la trascendencia de esta reforma será similar a lo que fue la Reforma Procesal Penal: “Ahí hay una serie de espacios grises, vacíos, que por muchos años no han sido actualizados ni modernizados, por lo tanto requieren ser revisados. Esta es el área que impacta a más ciudadanos, porque no todos estamos vinculados con temas penales, pero hay muchos que estamos vinculados a temas civiles”.
Las directrices de lo que será la gestión del magistrado en la Corte eran ampliamente esperadas. Desde su elección por el pleno del tribunal el 18 de diciembre del año pasado, Muñoz generó un alto interés por convertirse a sus 56 años en el presidente más joven que ha tenido la Corte Suprema. Además, cuenta con una amplia trayectoria en materia de Derechos Humanos y abordó transcendentes casos como: Spiniack, Riggs y la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, entre otros.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hizo el balance de la gestión en el 2013 y afirmó que se mantiene la tendencia de disminuir el tiempo de la resolución de los asuntos. Al respecto, puntualizó que el promedio en que se despachan los recursos hoy es de 76 días.
En la misma línea, dijo que la tramitación en primera instancia será materia que requerirá mayor apoyo durante este período, considerando que pese a la disminución registrada en el número de ingresos, hay una mayor cantidad de causas pendientes. Al respecto, anunció que se tomarán medidas inmediatas:
Al respecto explicó que “es urgente prestar a la justicia civil y comercial la atención necesaria, para ellos se ha dispuesto un programa focalizado que se llevara a cabo este año. Se trata de un proyecto específico y ambicioso, el cual será evaluado periódicamente y para lo cual solicito la cooperación de todos los jueces y funcionarios”, señaló.
Entre los desafíos relevantes del tribunal para este bienio, señaló que se debe de mejorar el trato que el sistema penal le otorga a las víctimas y la necesidad de poner sus derechos en “el mismo nivel que los de sus victimarios”.
“Es imperioso otorgar mayor seguridad jurídica, corregir con prontitud las decisiones que puedan ser carentes de racionalidad y contrarias al derecho, dotar a las resoluciones de mayor profundidad, tramitar los procedimientos en un plazo razonable, comunicar y difundir adecuadamente a la población este ejercicio y fortalecer en definitiva la protección de los derechos de las víctimas”, dijo la autoridad del máximo tribunal.
A juicio de la socióloga Lucía Dammert las urgencias de la Corte responden a un contexto claro: “La justicia es una de las áreas con menos credibilidad y menos confianza ciudadana que hay en el aparato del Estado en general, este discurso responde entonces a la creciente demanda de la ciudadanía respecto a la falta de una justicia rápida y certera. Por otro lado, está relacionado con un discurso político que se ha instalado en los últimos años y que pone énfasis en el supuesto beneficio para los victimarios y el olvido de las víctimas”, señaló Dammert.
Reforma Procesal Civil
Respecto a la tramitación de la Reforma Procesal Civil, Muñoz instó al Senado a incorporar los aportes hechos por la Corte Suprema y que fueron desestimados por la Cámara de Diputados, en referencia a los procesos relacionados con el “oficial de ejecución y el recurso extraordinario ” que no fueron atendidas en el trámite legislativo.
La académica estimó pertinente el llamado de Muñoz al Senado, dado que la reforma procesal civil será un proceso complejo que “requerirá del acuerdo de muchos actores diferentes. Además es una reforma de Estado que tendrá que incorporar a la oposición y por supuesto asesorarse de expertos, lo que puede hacer que el proceso sea mucho más lento”, afirmó.
Finalmente, consideró que la trascendencia de esta reforma será similar a lo que fue la Reforma Procesal Penal: “Ahí hay una serie de espacios grises, vacíos, que por muchos años no han sido actualizados ni modernizados, por lo tanto requieren ser revisados. Esta es el área que impacta a más ciudadanos, porque no todos estamos vinculados con temas penales, pero hay muchos que estamos vinculados a temas civiles”.
Las directrices de lo que será la gestión del magistrado en la Corte eran ampliamente esperadas. Desde su elección por el pleno del tribunal el 18 de diciembre del año pasado, Muñoz generó un alto interés por convertirse a sus 56 años en el presidente más joven que ha tenido la Corte Suprema. Además, cuenta con una amplia trayectoria en materia de Derechos Humanos y abordó transcendentes casos como: Spiniack, Riggs y la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, entre otros.
