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Año XII, 24 de noviembre de 2020

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Nueva Mayoría se adjudica promulgación de proyecto de TV Digital

El veto presidencial impuesto al proyecto de ley de TV Digital entrampó su discusión en el Senado, donde la oposición aprobó algunas observaciones, postergando la promulgación hasta ser gobierno. Las últimas sesiones estuvieron marcadas por la arremetida de legisladores defendiendo la pluralidad y derecho colectivo sobre el espectro radioeléctrico del medio de comunicación público.

Tania González

  Jueves 6 de marzo 2014 11:16 hrs. 
Senado


El Senado analizó las 27 observaciones presentadas por el Ejecutivo para el despacho total del veto que quedaría dispuesto para corrección en la futura administración. Inclusión de los pueblos originarios en la programación de los servicios televisivos, la inadmisibilidad de la Cámara de Diputados sobre algunas observaciones, promoción del pluralismo en los contenidos entregados, uso y goce del espectro radioeléctrico orientado a satisfacer las necesidades públicas y colectivas de toda la sociedad, fueron las materias controversiales en el debate.

El senador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, se refirió a esta última observación en la sesión concluyente de este miércoles.

“Aquí se revela el profundo sentido que tiene el piñerismo para entender el uso y goce de los servicios públicos, es decir, se le prohíbe que se oriente a satisfacer necesidades públicas y colectivas, el individualismo pleno, el neoliberalismo. Como dice el ministro, está en la ley de telecomunicaciones de manera general, jamás ponerlo en particular y en detalle en el espectro radioeléctrico. No sea cosa que los rotos, que la ciudadanía, se dé cuenta que tiene la capacidad de orientar el beneficio colectivo de toda la sociedad y lo use”, manifestó Navarro.

En tanto, el senador PPD Guido Girardi criticó el veto presidencial al considerar que existía un proyecto consensuado entre la oposición y el gobierno: “Lamento mucho que el gobierno después de una larga tramitación, que fue totalmente consensual, finalmente en atención a otros intereses que no son de los chilenos y chilenas, sino más bien intereses económicos de industrias, se vete un proyecto que finalmente se había aprobado de manera absolutamente mayoritariamente en el Congreso, que no es todo lo que uno quiere pero era el acuerdo posible. Me parece que la facultad del Presidente de vetar en estas condiciones es una facultad totalmente dictatorial”, denunció.

Girardi afirmó que el veto presidencial elimina la transmisión gratuita de campañas de interés público y le resta importancia a los derechos de los trabajadores y otras minorías.

Por su parte, el presidente del Senado, el DC Jorge Pizarro, expresó que las obligaciones de los operadores de televisión que reciben las concesiones del Estado deben ser coherentes con la propuesta programática que presentan, es decir, la programación debe resguardar valores y principios, entre ellos la promoción del pluralismo.

El parlamentario reprochó que legisladores oficialistas consideren como una carga, que no deben aceptar los operadores, la inclusión de las voces de distintos grupos de interés.

“En una regulación y en una concesión de una señal de televisión que forma parte de un bien nacional de uso público, como es respecto del Estado, la sociedad tiene derecho a colocar algunas condiciones. Y esas condiciones van justamente por la importancia que tiene como medio de comunicación social, para que la televisión tenga el necesario pluralismo para expresar todos los puntos de vistas, las distintas realidades y darle oportunidades a todos, y no presentar una sola cara de la medalla, sino tener un cierto equilibrio. Y eso en el ámbito informativo, cultural, en todo lo que significa la televisión como medio de comunicación”, concluyó Pizarro.

En la sesión del pasado martes el senador UDI Jovino Novoa sentenció que ellos no le temen al pluralismo, sino que a las autoridades administrativas que intervengan en un medio y terminen por definir qué se puede decir y qué hacer.

Si bien el Presidente Sebastián Piñera tenía la intención de promulgar el proyecto antes de terminar su mandato, finalmente la iniciativa se delegará a la próxima administración.