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Advierten posible delito tributario de grupo Laureate

Luego de ser acusados por lucro, el grupo económico Laureate, dueño de las universidades de las Américas, Andrés Bello y de Viña del Mar, será investigado por posible delito tributario. Los expertos aseguran que la discusión debe enfocarse en la educación y procurar el resguardo de los estudiantes, quienes podrían quedar a la deriva si la justicia determina el cierre de los planteles.

Camila Medina

  Miércoles 2 de abril 2014 21:52 hrs. 
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En el marco de la investigación por lucro que tiene en la mira a doce universidades del país, la Fiscalía de Ñuñoa alertó al Servicio de  Impuestos Internos (SII) sobre operaciones realizadas por el grupo Laureate que podrían constituir delitos tributarios.

Fueron nada menos que ochenta millones de dólares los que este conglomerado económico transfirió entre 2011 y 2013, a dos firmas extranjeras: Laureate Trademark B.V y Laureate Education Inc. La operación se concretó a través de tres contratos con las universidades de Las Américas, Andrés Bello y de Viña del Mar, excluyendo así el pago del impuesto adicional, que se aplica a las rentas de fuente chilena, obtenidas por personas naturales o jurídicas, que no tienen domicilio en el país.

Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, destacó que entre los motivos que justifican las transferencias por parte de los planteles se encuentran servicios educativos, pero también el pago por la marca registrada de Laureate, en circunstancias que las universidades no la están utilizando con propósitos publicitarios en Chile.

Basso aseguró que la existencia del delito será difícil de demostrar, en tanto se mantenga la tesis del gobierno anterior, que permite realizar transacciones relacionadas a precio de mercado: “Lo que urge es enviar una ley que tipifique el delito de lucro como igual a la realización de transacciones con terceros y al mismo tiempo que se apliquen las penalidades respectivas, pero no a las universidades, sino a los dueños y administradores, porque si se aplica a las universidades quiere decir que estas están incurriendo en delito de lucro y tendrían que, además de pagar las penas, ser cerradas”, dijo.

En ese sentido, consideró necesario modificar la ley para que los delitos de lucro no sean causales de cierre de las universidades, “porque o si no se van a encontrar con muchas universidades del Mar, una vez que el fiscal Gajardo concluya la investigación”, afirmó.

Por otra parte, destacó que la discusión en torno al delito tributario implica “entrar en el juego  que quedó impuesto por la dictadura, cuando inventaron el sistema de universidades sin fines de lucro, pero que lucran y que la Concertación se encargó de mantener”. Al respecto Basso fue categórico y dijo que la tarea es terminar con el lucro de manera tajante y sin lugar a equívocos, para que cualquier transacción relacionada, de cualquier naturaleza sea considerada lucro.

Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, señaló que este caso viene a confirmar las irregularidades denunciadas por los mismos estudiantes. Además, dijo que debe ser tarea del ministerio de Educación la fiscalización de estos casos, descartando la idea de una superintendencia por considerarla susceptible a conflictos de interés. El dirigente estudiantil destacó que lo importante del caso tiene que ver con la reforma educacional que va a implementar la Nueva Mayoría en el sentido de lograr que estas prácticas desaparezcan. “Hemos visto en las declaraciones del ministro como en el mismo programa de Gobierno, que no existe la voluntad ni está en sus planteamientos atacar el lucro indiscriminado. Hasta ahora sólo hemos escuchado sobre el lucro con fondos públicos”, aseguró.

Por su parte, Mario Sobarzo, investigador del Observatorio de Políticas Públicas (Opech), criticó que el problema se juzgue únicamente como un delito tributario y no como un tema educacional. Además, estimó necesario integrar a la discusión a los diversos actores relacionados al tema de la educación superior: “Ojalá no ocurra lo mismo que con la Universidad del Mar. El año pasado Chile batió el récord de la toma más larga del mundo, hecha por estudiantes de esa universidad que fueron abandonados por el sistema, eso ya debiera habernos llamado la atención y sin embargo todavía tenemos estudiantes sin solución a sus problemas.  Los mismos estudiantes no ven esas diferencias entre universidades privadas y públicas, porque están sometidos al mismo nivel de exigencias tributarias y de pago, en ambos lugares. Entonces claramente los actores son los que no están siendo considerados, los estudiantes no tienen una injerencia directa en lo que son las políticas de sus propias universidades. Es mucho lo que hay por debatirse y muy cerrado el debate”, afirmó.

Los fiscales que alertaron sobre el posible fraude tributario, dejaron en manos de Servicios de Impuestos Internos los antecedentes para que sea esta la entidad que investigue el caso.

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