A finales de mayo la Contraloría aprobó la adjudicación del contrato de concesión que permite la ejecución, reparación, conservación y explotación del Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría.
En efecto, funcionarios de ambos recintos convocaron a una movilización para este viernes por la mañana. Rechazan el proceso de concesiones hospitalarias y exigen respuesta por parte del gobierno.
Raúl Villanueva, dirigente de la Coordinación Defensa Salvador-Geriátrico, sostuvo que el ex presidente Piñera nunca tomó atención de sus demandas, pero espera que la actual administración cumpla sus compromisos de campaña, entre ellos, “poner fin al otorgamiento de derechos a privados”.
“Sabemos que hoy día el costo tanto económico como político es mayor, sin embargo, esto hubiese sido distinto si ayer ella hubiese retirado contratos que aún vía del término de gobierno del presidente Sebastián Piñera, fueron enviados a la Contraloría, de una de todas las políticas de amarre que tuvo el presidente anterior. En ese contexto, todos los gremios del Servicio de Salud Metropolitana Oriente estamos movilizados y vamos a seguir haciéndolo hasta que efectivamente salga la señal política que esperamos que salga de la presidenta Michelle Bachelet en contra de los hospitales concesionados”, indicó.
Luego de la toma de razón de la Contraloría, la única salida es que el Estado diga que no al contrato aludiendo “razones de Estado”, como por ejemplo, que este modelo hipoteca la salud pública del país, es más caro en un 40 por ciento y no asegura calidad a la población, todo basado en la experiencia del Hospital del Carmen en la Florida, argumentó Villanueva.
El dirigente indicó que gremios importantes de la Salud anunciaron paralización nacional para el 25 y 26 de junio, y que distintos sindicatos de los hospitales concesionados se sumarán en caso de no recibir respuesta del gobierno.
Por su parte Margarita Araya, líder de Fenpruss del Hospital Sotero del Río, también se mostró en contra de la adjudicación de licitaciones hospitalarias y de poner a la empresa privada a cargo de la salud.
Asimismo, se refirió al caso particular del recinto en Puente Alto: “La concesión del Sotero del Río se mantiene aún dentro de la Contraloría y al no ser tomado de razón podría la Presidenta tomar la decisión política de retirar ese proyecto y poner fin a la concesión del hospital que es uno de los más grande del país. Nosotros y al mismo tiempo en todos los otros hospitales públicos, se está evaluando la posibilidad de realizar un paro”, explicó.
Margarita Araya aseguró que la movilización de este viernes congregó alrededor de 200 personas y espera que “las autoridades se den cuenta que hay una fuerza importante entre trabajadores y usuarios reclamando”.
A finales de mayo la Contraloría aprobó la adjudicación del contrato de concesión que permite la ejecución, reparación, conservación y explotación del Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría.
En efecto, funcionarios de ambos recintos convocaron a una movilización para este viernes por la mañana. Rechazan el proceso de concesiones hospitalarias y exigen respuesta por parte del gobierno.
Raúl Villanueva, dirigente de la Coordinación Defensa Salvador-Geriátrico, sostuvo que el ex presidente Piñera nunca tomó atención de sus demandas, pero espera que la actual administración cumpla sus compromisos de campaña, entre ellos, “poner fin al otorgamiento de derechos a privados”.
“Sabemos que hoy día el costo tanto económico como político es mayor, sin embargo, esto hubiese sido distinto si ayer ella hubiese retirado contratos que aún vía del término de gobierno del presidente Sebastián Piñera, fueron enviados a la Contraloría, de una de todas las políticas de amarre que tuvo el presidente anterior. En ese contexto, todos los gremios del Servicio de Salud Metropolitana Oriente estamos movilizados y vamos a seguir haciéndolo hasta que efectivamente salga la señal política que esperamos que salga de la presidenta Michelle Bachelet en contra de los hospitales concesionados”, indicó.
Luego de la toma de razón de la Contraloría, la única salida es que el Estado diga que no al contrato aludiendo “razones de Estado”, como por ejemplo, que este modelo hipoteca la salud pública del país, es más caro en un 40 por ciento y no asegura calidad a la población, todo basado en la experiencia del Hospital del Carmen en la Florida, argumentó Villanueva.
El dirigente indicó que gremios importantes de la Salud anunciaron paralización nacional para el 25 y 26 de junio, y que distintos sindicatos de los hospitales concesionados se sumarán en caso de no recibir respuesta del gobierno.
Por su parte Margarita Araya, líder de Fenpruss del Hospital Sotero del Río, también se mostró en contra de la adjudicación de licitaciones hospitalarias y de poner a la empresa privada a cargo de la salud.
Asimismo, se refirió al caso particular del recinto en Puente Alto: “La concesión del Sotero del Río se mantiene aún dentro de la Contraloría y al no ser tomado de razón podría la Presidenta tomar la decisión política de retirar ese proyecto y poner fin a la concesión del hospital que es uno de los más grande del país. Nosotros y al mismo tiempo en todos los otros hospitales públicos, se está evaluando la posibilidad de realizar un paro”, explicó.
Margarita Araya aseguró que la movilización de este viernes congregó alrededor de 200 personas y espera que “las autoridades se den cuenta que hay una fuerza importante entre trabajadores y usuarios reclamando”.
A finales de mayo la Contraloría aprobó la adjudicación del contrato de concesión que permite la ejecución, reparación, conservación y explotación del Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría.
En efecto, funcionarios de ambos recintos convocaron a una movilización para este viernes por la mañana. Rechazan el proceso de concesiones hospitalarias y exigen respuesta por parte del gobierno.
Raúl Villanueva, dirigente de la Coordinación Defensa Salvador-Geriátrico, sostuvo que el ex presidente Piñera nunca tomó atención de sus demandas, pero espera que la actual administración cumpla sus compromisos de campaña, entre ellos, “poner fin al otorgamiento de derechos a privados”.
“Sabemos que hoy día el costo tanto económico como político es mayor, sin embargo, esto hubiese sido distinto si ayer ella hubiese retirado contratos que aún vía del término de gobierno del presidente Sebastián Piñera, fueron enviados a la Contraloría, de una de todas las políticas de amarre que tuvo el presidente anterior. En ese contexto, todos los gremios del Servicio de Salud Metropolitana Oriente estamos movilizados y vamos a seguir haciéndolo hasta que efectivamente salga la señal política que esperamos que salga de la presidenta Michelle Bachelet en contra de los hospitales concesionados”, indicó.
Luego de la toma de razón de la Contraloría, la única salida es que el Estado diga que no al contrato aludiendo “razones de Estado”, como por ejemplo, que este modelo hipoteca la salud pública del país, es más caro en un 40 por ciento y no asegura calidad a la población, todo basado en la experiencia del Hospital del Carmen en la Florida, argumentó Villanueva.
El dirigente indicó que gremios importantes de la Salud anunciaron paralización nacional para el 25 y 26 de junio, y que distintos sindicatos de los hospitales concesionados se sumarán en caso de no recibir respuesta del gobierno.
Por su parte Margarita Araya, líder de Fenpruss del Hospital Sotero del Río, también se mostró en contra de la adjudicación de licitaciones hospitalarias y de poner a la empresa privada a cargo de la salud.
Asimismo, se refirió al caso particular del recinto en Puente Alto: “La concesión del Sotero del Río se mantiene aún dentro de la Contraloría y al no ser tomado de razón podría la Presidenta tomar la decisión política de retirar ese proyecto y poner fin a la concesión del hospital que es uno de los más grande del país. Nosotros y al mismo tiempo en todos los otros hospitales públicos, se está evaluando la posibilidad de realizar un paro”, explicó.
Margarita Araya aseguró que la movilización de este viernes congregó alrededor de 200 personas y espera que “las autoridades se den cuenta que hay una fuerza importante entre trabajadores y usuarios reclamando”.
