Las declaraciones del nuevo Jefe de la Fuerza Aérea, General de Aviación Jorge Robles, ratifican que las FFAA aun no asimilan el papel que jugaron, arrastrados por los mandos de la época, en quebrantar por medio de la violencia la democracia en Chile, derrocando a un gobierno legal y democráticamente elegido por el pueblo. Sus afirmaciones no asumen la responsabilidad por el papel activo y preponderante de la Fuerza Aérea de Chile en el terrorismo de Estado, primero como institución y luego sumándose a los comandos conjuntos, con el resto de las instituciones armadas, para perseguir, torturar y hacer desaparecer a personas en nuestro país.
Hasta hoy las FFAA y la Fach han sido Incapaces de hacer un reconocimiento frente a su propia historia y de responder al justo requerimiento de los familiares de detenidos desparecidos, de entregar información que les permita conocer el destino de sus seres queridos. Por el contrario con estas declaraciones se repite el intento de lanzar un salvavidas, a los ex oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea probadamente involucrados en crímenes de lesa humanidad, intentando dar por zanjado el tema de los DDHH, extendiendo con ello el manto de impunidad que les protege al amparo de una mal entendida lealtad institucional.
A estas alturas, habiéndose conocido la información de los informes Retigg y Valech, así como otra información valiosa y verídica de nuestra historia reciente, ya no es tolerable la falta de decisión, de los actuales mandos militares, para aclarar la participación de miembros de sus instituciones en hechos delictivos. O de justificarlos, como se ha hecho hasta hoy, como “acciones necesarias”, “excesos”, de “defensa de la democracia y de la patria de la invasión comunista” o como respuestas a una guerra que nunca existió.
Los hechos históricos sucedieron, la Fuerza Aérea al mando del General Gustavo Leigh inició el golpe de Estado el 11 de Septiembre de 1973 con el bombardeo a la Moneda, cuyo objetivo claro y explícito fue asesinar al presidente de la Republica y a sus colaborares en el palacio presidencial. Fueron oficiales pilotos de la Fach quienes bombardearon blancos y poblaciones civiles: Mario López Tobar, Fernando Rojas Vender, Ernesto Amador González Yarra, Eitel Von Mühlenbrock y Gustavo Leigh Yates, ellos son los autores de este hecho demencial y destructivo.
El general Leigh y su Estado Mayor ordenaron instalar en la Escuela de Especialidades, en la Academia Politécnica Aeronáutica y en la Academia de Guerra Aérea, centros de detención y torturas por donde pasaron y en los cuales murieron cientos de chilenos y chilenas. La AGA se constituyó en uno de los centros de tortura mas crueles a cargo de la Fiscalía de Aviación, en estrecha colaboración con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Uno de los últimos directores de la AGA fue el General Fernando Mathei y fue allí donde fue torturado el General Alberto Bachelet, junto a un centenar de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea quienes nos opusimos al golpe cívico militar de 1973. En ese lugar actuaban impunemente los torturadores, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, actuando como agentes del estado en el ataque generalizado y sistemático que realizaron en contra de la población civil desarmada.
En la AGA, se torturó, se violó a mujeres, se cometieron actos inhumanos que causaron graves sufrimientos a cientos de chilenos y chilenas, todos hechos calificados como crímenes de lesa humanidad por su naturaleza aberrante. Algunos de los culpables de estas atrocidades son Oficiales y Suboficiales de la institución Aérea entre otros, los Comandantes Sergio Lizasoaín, Edgar Ceballos Jones, Jaime Lavín, Juan Bautista González y Humberto Velásquez Estay; el Coronel Horacio Otaíza (jefe de la SIFA), los capitanes León Duffey, Juan Carlos Sandoval, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras y Fullogher; los tenientes Luis Campos, Matig y Pérez.
¡Continuar protegiendo a estos criminales terroristas deprecia a la institución y a la carrera militar, la que se fundamenta en los sentimientos de honor y deber!
Las declaraciones del Jefe de la Fuerza Aérea denotan claramente que las FFAA no se están educando, sus oficiales y Suboficiales, en el reconocimiento de los hechos históricos sucedidos y en el respeto a los DDHH. Por el contrario estas siguen influenciadas por el lastre histórico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que funciona sobre la imposición de la “superioridad” militar sobre lo civil y los civiles, estableciendo una absurda predisposición beligerante en contra de la sociedad civil.
Los gobiernos democráticos post dictadura, mientras continúen pasivos al respecto, siguen abrigando en su seno a un órgano cuya conciencia colectiva “identifica el caos con el desarrollo social” y con las múltiples formas de participación y manifestación ciudadana por sus derechos. Las mismas condiciones que fueron aprovechadas e incentivadas por oficiales ambiciosos y corruptos, para involucrarlas en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El tema de los derechos humanos no esta zanjado, tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos. Son delitos que no prescriben y de los cuales, la Fuerza Aérea en este caso, debe hacerse cargo sin ambigüedades.
¡Quienes buscan leyes de impunidad, van a ser tan responsables como los que apretaron el gatillo en el pasado! (Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Chile).