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Año XIV, 30 de septiembre de 2022

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Marco Enríquez-Ominami descarta haber recibido financiamiento irregular

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami se refirió a la crisis política que el país está atravesando, producto de las revelaciones surgidas de los casos Penta, SQM y Caval, y que incluso llegaron a su círculo más cercano, con las boletas entregadas por su asesor Cristián Warner a la empresa de Julio Ponce Lerou, y la mención a su padrastro, Carlos Ominami, a través de la fundación Chile 21. ME-O descartó haber recibido financiamiento de parte de Soquimich, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos, y de manera absolutamente transparente.

Diario Uchile

  Lunes 6 de abril 2015 17:14 hrs. 
Marco Enríquez-Ominami

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En medio de un nuevo golpe a la clase política con las filtraciones que ha generado la nueva denuncia del SII realizada el pasado jueves, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, líder del partido Progresista y la Fundación Progresa conversó con Radio Universidad de Chile del impacto del Caso Penta, SQM y Caval, de la actual crisis política generalizada y los cuestionamientos que generó que Carlos Ominami apareciera dentro de los investigados.

De la misma forma, el candidato a la presidencia planteó que los parlamentarios involucrados en irregularidades deberían recibir un sobre azul de parte de la ciudadanía, e hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet a que ingrese al Congreso una reforma constitucional que permita llamar a un plebiscito para convocar a una asamblea constituyente.

¿Qué le parecen las denuncias que ha presentado el SII y los políticos que se han visto involucrados en ellas?

Hoy día tenemos un conjunto de elementos para suponer y para afirmar, sobre todo, que hay muchos políticos vinculados no solamente a hechos ilegales o irregulares, sino que a su vez a un problema con su conciencia. Son demasiados los parlamentarios que están inhabilitados para seguir votando leyes. Corresponde implementemos ahora elecciones anticipadas y hagamos Referéndum Revocatorio sobre el grueso de esos congresistas que hoy aparecen interpelados por la justicia o denunciados por Impuestos Internos.

La idea de Referéndum Revocatorio ha circulado antes por el mismo Parlamento aunque sin resultado

Sí, el 2006 presenté un proyecto de ley de Referéndum Revocatorio y hace dos semanas atrás 12 diputados de distintos partidos volvieron a presentar lo que había hecho yo hace diez o nueve años atrás y lo reactualizaron. En la actualidad veo que hay mayoría suficiente, al menos en la Cámara de Diputados, para legislar sobre el tema. ¿Qué significa esto? Un sobre azul a los parlamentarios o parlamentarias que hoy día aparecen involucrados con estas irregularidades.

La Nueva Mayoría se planteó como una superación de la Concertación. Desde el Partido Progresista observan un cambio en esta coalición.

La Nueva Mayoría y la derecha, hoy día representan un viejo sistema, un desorden institucional que se hizo parchando reformas sobre reformas para impedir una verdadera discusión: una clase política que esté en sintonía con la gran demanda de un Chile del 2015.
Por tanto, creo que la Nueva Mayoría tiene hoy un desafío gigantesco: o persevera en la reforma laboral y educacional o, efectivamente, va a volver a ser la Concertación. En ocho meses más tiene que haber gratuidad universitaria en Chile. Según el compromiso de Michelle Bachelet, en marzo del 2016, tiene que haber gratuidad en la educación superior.
Cada día que la Nueva Mayoría debate si volver a ser concertación o Nueva Mayoría incumple su promesa.

¿Cómo ve los antecedentes que se han filtrado de la investigación y que dan cuenta del vínculo de su padre, Carlos Ominami, con SQM?

Carlos Ominami es un hombre muy importante en mi vida, tanto es así que a los 30 años me agregué su apellido. Él es un hombre íntegro y confío en sus valores. Ahora desde los 20 o 21 años que yo soy independiente económicamente. Carlos y yo somos dos personas naturales y jurídicas distintas. Él tiene su fundación, yo presido Fundación Progresa. Estoy seguro que sabrá defenderse y aclarar lo que salió en la prensa, pero, como el mismo me aclaró una vez, en política las relaciones familiares se subordinan a las convicciones. Hoy Carlos tiene que explicar la situación con honestidad, transparencia y estoy seguro de que lo va a hacer.

¿Desmiente entonces que los dineros que habría solicitado Carlos Ominami fueran a parar a alguna de sus campañas?

No, eso lo descarto tajantemente y entiendo la obsesión de la UDI de tratar de meterme a mí en esta cadena de desprestigio. Llevan un año tratando de meterme en esto. Nosotros lo hemos aclarado antes y lo volvemos a decir: no ha habido ningún traspaso de dinero de Chile 21 a ninguna de nuestras campañas, ni a Fundación Progresa, ni al PRO, ni hacia mí. Es más, pido que se investigue y se sepa la verdad. La ley pareja no es dura. Si hay alguna irregularidad tendrán que tomarse las medidas. En eso no me pierdo y no tengo ningún problema.

Por ahora hay una declaración de una persona y una investigación en curso. Por ahora, yo sé que Chile 21 no ha hecho ningún aporte, lo afirmo claramente y quien tenga algún antecedente que vaya a Fiscalía y los presente, porque si no es tratar de arrastrarme y arrastrarnos a los Progresistas, a un desprestigio que me parece, no solamente injusto, sino totalmente infundado.

Independientemente de que exista o no financiamiento a las campañas o las fundaciones, ¿hay una sanción moral por trabajar para una empresa como SQM?

Tengo un juicio muy duro hacia la transición democrática chilena. Escribí un libro que se llama “Los Animales Políticos” el 2001. Hice un documental que se llama “Los héroes están fatigados” el 2002. Al mismo tiempo que hice ese documental, firmé un contrato en Megavisión con un señor que se llama Ricardo Claro. Quiero decirle que hace mucho rato que sufro con el Estado de derecho que tenemos. Me hubiese gustado una transición distinta, no me gustó la justicia en la medida de lo posible, pero no presumo sobre las personas, salvo que haya evidencia de delitos o condenas.

No soy de los que cree que sea impropio competir en las reglas que existen. Si una fundación como Chile 21 hace una suscripción y más de 20 empresas la compran no veo cuál es el problema, para ser honesto no participo de la idea de que allí hay una contradicción. Es muy importante que dentro de las reglas del Estado de Derecho, dentro de la Democracia, que las Fundaciones puedan conseguir los recursos legalmente.

Chile 21 tiene un sistema de suscripción, donde muchas empresas participan y lo contratan, y se financia vía empresas. Es legal y a mí me parece que es correcto. Muchas fundaciones en el mundo entero se financian con las empresas. Ojalá existiera más financiamiento público para estas instituciones y no tuviéramos que recurrir a eso. Nosotros, por ejemplo, como Fundación Progresa, recibimos recursos de la Fundación Friedrich Ebert, Alemana, y la Nortemericana, Open Society. Pero me gustaría decir que ojalá el Estado tuvieras fondos concursables permanentes para los centros de pensamientos.

El punto no es si recibieron plata de esta empresa, sino que si sus convicciones y sus valores se profundizan más allá de quien financia. Fundación Progresa por ejemplo ha planteado la estatización del litio, hemos propuesto la nacionalización de los recursos naturales, la creación de un verdadero royalty a la minería privada. Me parece también que Chile 21 ha participado de estas propuestas. Entonces, ¿esto intoxica a Chile 21?, me parece que no, en la medida en que la Fundación siga proponiendo cambios importantes a la relación del Estado con sus recursos naturales.

Hoy tenemos un cúmulo de información de gente denunciada y no denunciada que se vuelve confuso. Me parece que lo fundamental es que se juzgue a los políticos conforme a las banderas que abrazaron. Porque, en el caso Penta, lo que es muy decidor, es que la UDI que defendía a las Isapres y las AFP recibía plata irregular desde ellas. Por lo tanto, se puso en duda lo principal de la política: el peso de sus valores. Ellos fueron los que se cayeron a pedazos cuando descubrimos que fueron financiados por Penta. Creo que los casos que vengan: en Alsacia o en Ripley, se vuelve esencial medir a los políticos respecto a lo que defendieron. De esta forma se puede analizar, independientemente de lo legal o no legal, si hay un impedimento ético para seguir en el espacio público proponiendo alternativas políticas.

¿Y qué me puede decir de su colaborador Cristián Warner?

Él no está siendo investigado, ni denunciado y a mi petición el respondió positivamente cuando le pedí transparencia a la mayor cantidad de colaboradores. La directiva del Partido Progresista subió su declaración de patrimonios e intereses y Cristián Warner efectivamente me informó de la asesoría que hizo con su empresa. Nosotros lo transparentamos. Ojalá todos los políticos hicieran lo mismo y no esperar a ser llamados por la prensa, Fiscalía, o el Servicio de Impuestos Internos.

Tratándose de un colaborador directo, ¿existe una sanción moral sobre que Warner trabajara para SQM?

Es que yo tengo muchos colaboradores y muchos de ellos trabajan para mucha gente y no tengo por qué tener control total de para quienes trabajan. Muchos me colaboran y muy pocos son remunerados por mí, la Fundación o el partido, por tanto asumo que varios de los que trabajan conmigo tiene sus propios servicios, sus propias empresas, sus propias boletas y sus propias pegas. Más aún hay colaboradores que trabajaron para Isapres, para empresas, y para sectores energéticos de los cuales yo estoy absolutamente en contra, pero como el Partido Progresista no recibe financiamiento público, y funciona de forma legal y trasparente, efectivamente nuestros colaboradores viven de su trabajo y no tengo por qué tener juicios sobre los servicios que prestan muchos mis colaboradores.

¿Cristián Warner sigue trabajando con usted?

No políticamente, hace mucho tiempo.

Volviendo a la Nueva Mayoría, mencionaba que el Gobierno debe retomar y cumplir con la reforma laboral y educacional. ¿Se ha perdido la agenda política?

Chile es una monarquía presidencial y a la monarca en este caso, Michelle Bachelet, la veo muy paralizada por el Caso Caval y los casos conflictivos. Sí, creo que está paralizada, el Palacio está paralizado y hay que retomar la agenda transformadora sin presionar al Ministerio Público, permitiendo que haga su trabajo. Hay que darle dinámica a la economía chilena, hay que reimpulsar los planes de infraestructura hay que sacar adelante la reforma laboral, cumplir con la promesa de la gratuidad universal de la educación superior para marzo 2016. O sea, cada día que pasa se pone en riesgo otra cosa esencial, no sólo la hora, sino que los compromisos adquiridos.

Usted reconoce que la Presidenta está paralizada, pero los rumores apuntan incluso a que estaría superada, al grado de hablar incluso de renunciar. ¿Cómo ve eso?

Michelle Bachelet cometió un error el 2014 al no convocar a un plebiscito. Creo que esta crisis ofrece la oportunidad de convocar a un plebiscito vinculante donde se le devuelva la palabra al constituyente, que somos nosotros, los chilenos.

Eso sería una gran decisión y un primer paso esencial para la restitución de confianzas. No creo que sea sano hacerse cargo de rumores de los cuales nadie se ha hecho cargo o ha dicho de donde vienen. Los Progresistas hacemos un llamado a la Presidenta a convocar un plebiscito vinculante para una Asamblea Constituyente y poner toda su energía al servicio de la democracia participativa.

Hay un problema de legitimidad que no es nuevo, viene al menos del 2013 en que votó apenas el 40 por ciento de los chilenos. Hay que sincerar las cosas, la verdad es que el sistema político chileno es profundamente pobre. Una monarquía presidencial borbónica y colonial. Diego Portales hizo, hace 200 años, una Constitución que humilla a las regiones. Tenemos un modelo político de los más pobres en América del Sur en materia democrática, porque no contempla el federalismo, ni el plebiscito, ni el referéndum revocatorio, no tiene iniciativa popular de ley y no tiene primer ministro. Incluso a los directores de los hospitales los designa el Presidente de la República. Volvamos a hablar de democracia y no sólo de economía: la salida es un plebiscito para una Asamblea Constituyente.

¿Cuál sería, para usted, el mecanismo correcto para comenzar este proceso?

La Presidenta debe ingresar una reforma constitucional que, por lo demás, ya varios parlamentarios presentamos en su minuto. Ella puede ponerle discusión inmediata a la iniciativa en ambas cámaras y en 24 horas pedirle al Congreso que vote sí o no a que los chilenos tengan un Plebiscito. Una vez aprobado esa Reforma Constitucional, se convoca a un plebiscito con varias preguntas en tres o seis meses más. Una de ellas es ¿quiere usted (sí o no) iniciar un proceso Constituyente mediante Asamblea Constituyente con tal o cual sistema electoral? Además aprovecharía para hacer más preguntas de temas trascendentes para el sistema económico y social de Chile. Ocurriría en noventa días más, se haría campaña por un sí o por un no, no por personas, biografías y promesas, y de allí para adelante se abriría un proceso inédito de democracia participativa que nunca nos hemos reglado en la historia de Chile.

Vale decir que la UDI que se opone a esto y en su momento, tuvo como líder a Augusto Pinochet, quien hizo tres plebiscitos: dos truchos, el del 1980 y el 1989, con las armas apuntando a la democracia, y el del 1988 donde fue derrotado cuando compitió solo y llegó segundo. Creo que la UDI no tiene cara para oponerse a un plebiscito, no tienen argumentos sólidos para oponerse que los chilenos recuperen la palabra.

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