Las nuevas revelaciones surgidas en torno de las asesorías realizadas por el senador DC Andrés Zaldívar a Aguas Andinas, volvió a activar los cuestionamientos a la Falange, partido que ha debido enfrentar las críticas a su presidente, el senador Jorge Pizarro por las boletas entregadas por sus hijos a la empresa SQM, y que la misma minera no metálica reconoció que fueron por trabajos no realizados, y presumiblemente fueron a parar al financiamiento de campañas.

Si bien se explicó que la situación del senador Zaldívar es distinta a la de los casos que hasta ahora se han ventilado en la prensa, ya que serían trabajos realizados de forma privada y en un período en el cual no ejercía un cargo público, sí se cuestiona la forma en que el partido, así como la UDI en su momento, ha reaccionado ante las revelaciones sobre sus militantes que se han visto envuelto en el financiamiento irregular de campañas políticas.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, sostuvo que la manera en que han enfrentado, tanto en la DC como en general los partidos políticos que se han visto involucrados en los casos Penta y SQM, ha implicado el defenderse frente a los cuestionamientos que se les han realizado, en vez de tomar la iniciativa a través, por ejemplo, de la convocatoria de sus tribunales supremos para tratar estos casos.

“Creo que en general los actores políticos han sido bastante defensivos respecto de este tipo de conductas, intentando primero negar que existe algún tipo de vínculo, o cuando ya se hace evidente el vínculo tratar de responder defensivamente frente a este tipo de acusaciones, intentando minimizar el tema, o hacer este tipo de declaraciones que son informes verbales, y todo lo que ha venido a continuación”.

Fuentes señala que los partidos políticos que han visto a alguno de sus militantes involucrados en este tipo de irregularidades, no han sido lo suficientemente activos para enfrentar estos problemas, y en este sentido expone que las medidas a tomar implicarían “activar a los tribunales supremos para ver si hay algún tipo de involucramiento, suspender militancias hasta que no se resuelva el caso, y hay distintas graduaciones respecto de las decisiones que un partido pueda hacer internamente”.

Para Carlos Huneeus, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Chile, la DC está paralizada ante las revelaciones sobre sus militantes que han sido cuestionados con sus vínculos con la emisión de boletas falsas, como son los casos del diputado Roberto León y el ex embajador Marcelo Rozas, y sostiene que estas situaciones son una bomba de racimo que pueden seguir afectando a la clase política en general, y que se podrían acentuar después que la próxima semana tenga que acudir a declarar el ex recaudador de fondos de la Concertación, y quien ha sido vinculado a SQM, Giorgio Martelli.

“No solamente la Democracia Cristiana está bastante paralizada porque aquí estamos sobre una bomba de racimo. Cuando hable el señor Martelli van a producirse más hallazgos, porque el señor Martelli o el señor Harold Correa tienen que explicarnos cómo financiaban los pagos que le hicieron a importantes personalidades políticas”.

Pese a ello, Huneeus asegura que la situación de la DC, en particular la del senador Pizarro, no es comparable con lo sucedido en la UDI, en donde existió “un subsidio masivo e importante de parte de un grupo económico muy vinculado a ellos, centralizado en una figura tan importante como el senador Jovino Novoa”.

El sociólogo y presidente de la fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz hace hincapié en el desgaste en la vocación democrática de las élites políticas tras conocerse estos casos, y el hecho de cómo los han tratado de resolver, de espaldas a la ciudadanía y situándolas sólo en el ámbito judicial.

“Lo que sí está quedando cada vez más en evidencia, es el agotamiento de la vocación democrática de las élites de la transición, porque tratar de buscar la solución o reducir algo que debería ser de deliberación pública, de deliberación ciudadana, deliberación política informada y culta, rica en definitiva, determinante está siendo secuestrada en una especie de judicialización de la discusión. Y, al revés, yo no tengo ningún reparo en que se establezcan las culpas que estén aquí involucradas”.

Ruiz señaló además que la crisis que se ha generado con los casos de emisión de boletas falsas, ha servido para encubrir una crisis más profunda de la política nacional y que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones que conforman el sistema, por lo que sería un error centrarse sólo en esta dimensión del problema.