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6D: El Chavismo enfrenta a la Oposición y a la injerencia internacional

Este domingo se disputarán unas cruciales elecciones parlamentarias donde el Chavismo, por primera vez, enfrenta la posibilidad de perder. Para que ello suceda, las presiones de dirigentes internacionales de derecha y socialdemócratas han alcanzado niveles sorprendentes.

Patricio López

  Miércoles 2 de diciembre 2015 8:27 hrs. 





Una de las elecciones clave para el futuro de Latinoamérica se realizará este domingo, en el llamado 6D, donde el pueblo venezolano concurrirá a renovar los 167 escaños de la Asamblea Nacional. Actualmente, el Chavismo agrupado en el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 98 escaños, mientras la Mesa de la Unidad Democrática tiene 65, además de algunos independientes que pueden inclinar la balanza en una u otra dirección ¿Logrará el Chavismo la mayoría que le permita continuar con sus políticas?

Envalentonados por su evidente progreso en la adhesión ciudadana y en la organización política, además por el contexto regional donde, entre otras cosas, se constata la debilidad del gobierno de Brasil y el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones argentinas, la oposición juega a ganadora y con el apoyo de los grandes medios intenta instalar esta posibilidad como una realidad irreversible. El gobierno de Nicolás Maduro afirma exactamente lo contrario, junto con denunciar una tergiversación cuyo objetivo sería instalar la sospecha del fraude, ensuciando una eventual victoria del Chavismo, tal como se hiciera en las presidenciales de abril de 2013, donde Maduro derrotó por 1,49 puntos porcentuales a Henrique Capriles y en donde éste no reconoció los resultados.

Como sucedió con el gobierno de Hugo Chávez, y ante la constatación adicional de que Maduro pasa por un momento de mayor debilidad, el acoso internacional al Gobierno ha sido de envergadura. El eje ha sido denostar las credenciales democráticas del mandatario, a través de tres vías: primero, con una línea mediática incesante de los medios pertenecientes a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se utiliza una jerga en la que, por ejemplo, se habla del “régimen de Maduro”; segundo, con la presencia de expresidentes en territorio venezolano, donde el ex primer ministro español Felipe González ha jugado un papel protagónico; y, tercero, con una embestida ante los organismos internacionales, cuyo último empujón es el anuncio de Mauricio Macri de invocar la cláusula democrática contra Venezuela ante el Mercosur. Al respecto, eso sí, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, desechó la propuesta al afirmar que “la cláusula democrática integra el Mercosur, pero para usarla no puede basarse en hipótesis. El Mercosur siempre contó con esa cláusula, pero se necesita un hecho determinado. No es genérica”.

Para tales efectos, el asesinato del dirigente del MUD Luis Manuel Díaz, en el estado de Guárico, cuyo móvil y autores aún no han sido aclarados y que según el Gobierno no sería por motivos políticos, ha supuesto la oportunidad para que actores como el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, hablara de “una herida de muerte a la democracia”. El mismo dignatario previamente había criticado el sistema electoral venezolano mediante una carta dirigida a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Estas acciones llevaron a que José Mujica, de quien Almagro fue canciller durante su gobierno (2010-2015), le enviara una carta en la que puso fin a las relaciones políticas entre ambos. “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, le escribió.

En esa línea de inédita intervención internacional, cinco altos dirigentes y ex dirigentes políticos publicaron este domingo una declaración en El País de España, diario que lidera la oposición internacional mediática a Maduro. Bajo el título de “Venezuela grita libertad”, Mariano Rajoy, David Cameron, Thorbjørn Jagland (secretario general del Consejo de Europa), Felipe González y Ricardo Lagos afirmaron, entre muchas otras cosas, que “no podemos ser indiferentes ante las legítimas reclamaciones de la oposición democrática venezolana. No decir nada también es tomar partido. Reclamar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela no es injerencia: es nuestra obligación como demócratas”.

Estas acciones, que para sus autores no suponen injerencia, no pretenden evidentemente defender los derechos humanos genéricamente, sino incidir en la decisión del pueblo venezolano de este domingo, donde la mala situación macroeconómica del país es el principal aliciente para el trabajo de la oposición. Frente a ello, el Gobierno ha llamado a no poner en riesgo los avances sociales. De este modo el oficialismo trata de jugar en la cancha donde ha ganado todos los partidos anteriores: si hay una razón por la que el Chavismo no sólo ha recibido apoyo electoral, sino que hasta ahora ha movilizado, es porque ha cambiado de modo tangible la vida de los venezolanos desposeídos. Qué mejor ejemplo que el de la vivienda, cuya deuda pública, según el censo realizado después de las inundaciones de 2010, ascendía a la friolera de 2,5 millones. El Gobierno no sólo se ha hecho cargo de la cantidad, al ejecutar un programa que está completando 2 millones de viviendas durante estos años, sino que lo ha hecho ocupándose del amoblado y procurando la cohesión territorial entre clases sociales. Es decir, ha impedido que los más pobres se vayan a la periferia, utilizando y a veces expropiando territorios en las zonas céntricas e incluso acomodadas de las ciudades. Esos miles de venezolanos saben que sin Chávez jamás lo hubieran logrado. Y ahora proyectan esa lealtad en Maduro.

Si se quiere un dato todavía más duro, ahí está el de la pobreza. Gracias a la política de recuperar el control público para financiar recursos sociales, desde 1999 la tasa disminuyó en un 37,6% y la de pobreza absoluta en un 57,8%.

O sea, el Gobierno aspira a que un voto con conciencia de clase le dé la victoria, planteando una disyuntiva entre el avance posneoliberal que ha significado el Chavismo, versus la restauración conservadora que supondría un triunfo del MUD. En esa encrucijada, en cambio, la oposición aspira a que se repita lo que sucedió en Argentina y que se empiece a hablar de una tendencia de fin del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Etapa de la historia del continente que se inició, precisamente, en Venezuela y con Hugo Chávez.