Los monitores serán contratados por un periodo de cuatro meses, no se les exigirá dedicación exclusiva y recibirán un sueldo bruto de tres millones 300 mil pesos por sus labores. El proceso de selección se realizará a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y se extenderá hasta la segunda semana de marzo, mientras que durante el resto del mes se realizarán capacitaciones a los facilitadores para que establezcan los cabildos en abril.
Además, el Gobierno designó 1.246 millones en la Ley de Presupuesto bajo el ítem “estudios de una nueva Constitución”, para financiar todos los gastos, incluidos los del personal que demande la ejecución del programa.
Respecto a los requisitos, se determinó que los concursantes pueden estar afiliados a un partido político, pero no podrán ser dirigentes ni ocupar cargos como alcaldes, concejales o consejeros regionales. Sin embargo, el Gobierno deberá especificar los antecedentes curriculares con los que debe cumplir un futuro postulante al cargo de monitor, criterios que serán verificados por la ADP en el análisis de admisibilidad.
Por otra parte, algunos integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores han manifestado que el grupo debe cumplir un rol en el proceso de selección de los monitores, por ejemplo, presenciando partes de las entrevistas que contempla el sistema de ADP. Salvador Millaleo, miembro de la instancia, explicó que existe un perfil del cargo que fue corregido: “Zanjamos que no tenía ningún sentido impedir que los militantes de partidos fueran facilitadores, ya que requerimos gente que pueda conducir procesos de discusión de grupo. No obstante, no debe ser utilizado con fines particulares”, aseguró el sociólogo.
Asimismo, Salvador Millaleo comentó que corrigieron el tema de la paridad y agregó que “fuimos criticados en la composición original por la falta de mujeres y eso es cierto. Por lo mismo, este defecto no puede ser un falla de los facilitadores ni del proceso de participación en general”. Además, insistió en que los postulantes deberían tener competencias interculturales, ya que tendrán que trabajar con distintos grupos étnicos.
El debate de la población va a generar las bases ciudadanas, documento que sintetiza los acuerdos o desacuerdos en cuanto a los contenidos deseados para la nueva constitución. Dicho documento tiene que reflejar fielmente lo que se discutió en los cabildos, para luego entregárselo al Ejecutivo y que se elabore una nueva constitución. Por otra parte, los mecanismos de la toma de decisiones son cuatro: asamblea constituyente, convención constituyente, plebiscito o acuerdos en el Congreso.
En la primera etapa, los cabildos locales son autogestionados por organizaciones sociales. Además, grupos de personas pueden inscribir encuentros y organizarlos con la condición de que se suscriban a la metodología del proceso. Los monitores territoriales contratados por ADP tienen que fiscalizar este proceso, capacitar a monitores voluntarios y asegurarse de que el transcurso sea adecuado.
Salvador Millaleo aclaró que “la única forma de fiscalizar los cabildos es que se graben, que el material no se edite y esté a disposición de todos en internet. Conjuntamente, las actas deben ser accesibles para toda la ciudadanía”.
Por otra parte, enfatizó que “el Gobierno tiene la intención de que todo se haga bien, pero aquí falta claridad entre el Consejo, el Ejecutivo y el resto de los actores. En primer lugar, para que la gente esté informada del proceso, y en segundo, para que se motive a la participación”.
En esta misma línea, Genaro Cuadros, coordinador del movimiento Marca AC, fue crítico con el desempeño del Gobierno y señaló que “se ha quedado corto en las previsiones que tenía respecto al proceso. La ciudadanía demanda transparencia y que todas las ideas tengan espacio en el debate y, desde ese punto de vista, todavía falta mucho”. Para ello, sugirió una mejor comunicación de las tareas que se están desarrollando, ya que es el mínimo estándar de un proceso constituyente en cualquier parte del mundo.
Finalmente, el diputado PPD Guillermo Ceroni señaló que “el proceso constituyente que viene es de suma importancia para el país, ya que un cabildo es el mecanismo que realmente va a permitir que la gente se sienta comprometida con las instituciones que se gesten a través de sus propias opiniones”.
Los monitores serán contratados por un periodo de cuatro meses, no se les exigirá dedicación exclusiva y recibirán un sueldo bruto de tres millones 300 mil pesos por sus labores. El proceso de selección se realizará a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y se extenderá hasta la segunda semana de marzo, mientras que durante el resto del mes se realizarán capacitaciones a los facilitadores para que establezcan los cabildos en abril.
Además, el Gobierno designó 1.246 millones en la Ley de Presupuesto bajo el ítem “estudios de una nueva Constitución”, para financiar todos los gastos, incluidos los del personal que demande la ejecución del programa.
Respecto a los requisitos, se determinó que los concursantes pueden estar afiliados a un partido político, pero no podrán ser dirigentes ni ocupar cargos como alcaldes, concejales o consejeros regionales. Sin embargo, el Gobierno deberá especificar los antecedentes curriculares con los que debe cumplir un futuro postulante al cargo de monitor, criterios que serán verificados por la ADP en el análisis de admisibilidad.
Por otra parte, algunos integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores han manifestado que el grupo debe cumplir un rol en el proceso de selección de los monitores, por ejemplo, presenciando partes de las entrevistas que contempla el sistema de ADP. Salvador Millaleo, miembro de la instancia, explicó que existe un perfil del cargo que fue corregido: “Zanjamos que no tenía ningún sentido impedir que los militantes de partidos fueran facilitadores, ya que requerimos gente que pueda conducir procesos de discusión de grupo. No obstante, no debe ser utilizado con fines particulares”, aseguró el sociólogo.
Asimismo, Salvador Millaleo comentó que corrigieron el tema de la paridad y agregó que “fuimos criticados en la composición original por la falta de mujeres y eso es cierto. Por lo mismo, este defecto no puede ser un falla de los facilitadores ni del proceso de participación en general”. Además, insistió en que los postulantes deberían tener competencias interculturales, ya que tendrán que trabajar con distintos grupos étnicos.
El debate de la población va a generar las bases ciudadanas, documento que sintetiza los acuerdos o desacuerdos en cuanto a los contenidos deseados para la nueva constitución. Dicho documento tiene que reflejar fielmente lo que se discutió en los cabildos, para luego entregárselo al Ejecutivo y que se elabore una nueva constitución. Por otra parte, los mecanismos de la toma de decisiones son cuatro: asamblea constituyente, convención constituyente, plebiscito o acuerdos en el Congreso.
En la primera etapa, los cabildos locales son autogestionados por organizaciones sociales. Además, grupos de personas pueden inscribir encuentros y organizarlos con la condición de que se suscriban a la metodología del proceso. Los monitores territoriales contratados por ADP tienen que fiscalizar este proceso, capacitar a monitores voluntarios y asegurarse de que el transcurso sea adecuado.
Salvador Millaleo aclaró que “la única forma de fiscalizar los cabildos es que se graben, que el material no se edite y esté a disposición de todos en internet. Conjuntamente, las actas deben ser accesibles para toda la ciudadanía”.
Por otra parte, enfatizó que “el Gobierno tiene la intención de que todo se haga bien, pero aquí falta claridad entre el Consejo, el Ejecutivo y el resto de los actores. En primer lugar, para que la gente esté informada del proceso, y en segundo, para que se motive a la participación”.
En esta misma línea, Genaro Cuadros, coordinador del movimiento Marca AC, fue crítico con el desempeño del Gobierno y señaló que “se ha quedado corto en las previsiones que tenía respecto al proceso. La ciudadanía demanda transparencia y que todas las ideas tengan espacio en el debate y, desde ese punto de vista, todavía falta mucho”. Para ello, sugirió una mejor comunicación de las tareas que se están desarrollando, ya que es el mínimo estándar de un proceso constituyente en cualquier parte del mundo.
Finalmente, el diputado PPD Guillermo Ceroni señaló que “el proceso constituyente que viene es de suma importancia para el país, ya que un cabildo es el mecanismo que realmente va a permitir que la gente se sienta comprometida con las instituciones que se gesten a través de sus propias opiniones”.
Los monitores serán contratados por un periodo de cuatro meses, no se les exigirá dedicación exclusiva y recibirán un sueldo bruto de tres millones 300 mil pesos por sus labores. El proceso de selección se realizará a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y se extenderá hasta la segunda semana de marzo, mientras que durante el resto del mes se realizarán capacitaciones a los facilitadores para que establezcan los cabildos en abril.
Además, el Gobierno designó 1.246 millones en la Ley de Presupuesto bajo el ítem “estudios de una nueva Constitución”, para financiar todos los gastos, incluidos los del personal que demande la ejecución del programa.
Respecto a los requisitos, se determinó que los concursantes pueden estar afiliados a un partido político, pero no podrán ser dirigentes ni ocupar cargos como alcaldes, concejales o consejeros regionales. Sin embargo, el Gobierno deberá especificar los antecedentes curriculares con los que debe cumplir un futuro postulante al cargo de monitor, criterios que serán verificados por la ADP en el análisis de admisibilidad.
Por otra parte, algunos integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores han manifestado que el grupo debe cumplir un rol en el proceso de selección de los monitores, por ejemplo, presenciando partes de las entrevistas que contempla el sistema de ADP. Salvador Millaleo, miembro de la instancia, explicó que existe un perfil del cargo que fue corregido: “Zanjamos que no tenía ningún sentido impedir que los militantes de partidos fueran facilitadores, ya que requerimos gente que pueda conducir procesos de discusión de grupo. No obstante, no debe ser utilizado con fines particulares”, aseguró el sociólogo.
Asimismo, Salvador Millaleo comentó que corrigieron el tema de la paridad y agregó que “fuimos criticados en la composición original por la falta de mujeres y eso es cierto. Por lo mismo, este defecto no puede ser un falla de los facilitadores ni del proceso de participación en general”. Además, insistió en que los postulantes deberían tener competencias interculturales, ya que tendrán que trabajar con distintos grupos étnicos.
El debate de la población va a generar las bases ciudadanas, documento que sintetiza los acuerdos o desacuerdos en cuanto a los contenidos deseados para la nueva constitución. Dicho documento tiene que reflejar fielmente lo que se discutió en los cabildos, para luego entregárselo al Ejecutivo y que se elabore una nueva constitución. Por otra parte, los mecanismos de la toma de decisiones son cuatro: asamblea constituyente, convención constituyente, plebiscito o acuerdos en el Congreso.
En la primera etapa, los cabildos locales son autogestionados por organizaciones sociales. Además, grupos de personas pueden inscribir encuentros y organizarlos con la condición de que se suscriban a la metodología del proceso. Los monitores territoriales contratados por ADP tienen que fiscalizar este proceso, capacitar a monitores voluntarios y asegurarse de que el transcurso sea adecuado.
Salvador Millaleo aclaró que “la única forma de fiscalizar los cabildos es que se graben, que el material no se edite y esté a disposición de todos en internet. Conjuntamente, las actas deben ser accesibles para toda la ciudadanía”.
Por otra parte, enfatizó que “el Gobierno tiene la intención de que todo se haga bien, pero aquí falta claridad entre el Consejo, el Ejecutivo y el resto de los actores. En primer lugar, para que la gente esté informada del proceso, y en segundo, para que se motive a la participación”.
En esta misma línea, Genaro Cuadros, coordinador del movimiento Marca AC, fue crítico con el desempeño del Gobierno y señaló que “se ha quedado corto en las previsiones que tenía respecto al proceso. La ciudadanía demanda transparencia y que todas las ideas tengan espacio en el debate y, desde ese punto de vista, todavía falta mucho”. Para ello, sugirió una mejor comunicación de las tareas que se están desarrollando, ya que es el mínimo estándar de un proceso constituyente en cualquier parte del mundo.
Finalmente, el diputado PPD Guillermo Ceroni señaló que “el proceso constituyente que viene es de suma importancia para el país, ya que un cabildo es el mecanismo que realmente va a permitir que la gente se sienta comprometida con las instituciones que se gesten a través de sus propias opiniones”.
