Un oficio con carácter de reservado envió el fiscal Pablo Gómez al Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitando asistencia internacional para la investigación del caso SQM, con detalles que aluden a pagos de la empresa hacia las campañas de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
En el documento la Fiscalía requiere la colaboración del Office of International Affairs (OIA) del Departamento de Estado para “recabar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer los hechos investigados y determinar, de esa manera, la eventual responsabilidad que pudiera caber en ellos o los imputados”.
El fiscal Gómez detalla la existencia de “diversos pagos, efectuados por SQM a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A. para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos”.
El persecutor agrega que en la investigación se detectaron “pagos, sin que exista un servicio a cambio, por parte de SQM a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente a los siguientes partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista”.
Además, también se agrega a “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.
Luego que se conociera esta información, el vicepresidente Jorge Burgos recalcó que Chile es un país donde las instituciones funcionan y añadió que después de todo lo ocurrido con este tipo de investigaciones Chile será un mejor país.
Burgos agregó que “el Ministerio Público, a través de sus fiscalías, puede hacer uso de todos los derechos procesales para determinar las investigaciones y la gran virtud del Estado de Chile, del Gobierno de la Presidenta Bachelet es que a la hora de ocurrencia de eventuales delitos lo que nosotros hacemos es permitir, porque la ley lo obliga así, a que las instituciones fiscalizadoras funcionen”.
Para la senadora de Amplitud, Lily Pérez, “está saliendo todo a flote respecto de vínculos que uno podía sospechar, pero que no podía decir nada por un tema de responsabilidad pública. Está muy bien que esto se sepa y si no son reales se aclare lo sucedido”.
En tanto el analista político, Renato Garín, señaló que esta investigación es una oportunidad para indagar en otros actores que no han aparecido tanto en la discusión pública, “esto debe desembocar en una investigación más profunda de quiénes fueron los gestores de estas campañas, como Jorge Rosenblut, en el caso de Michelle Bachelet y los jefes de campaña, Rodrigo Hinzpeter en el caso de Piñera y Sebastián Bowen en el caso de Frei.
La periodista y académica de nuestra casa de estudios, María Olivia Monckeberg, explicó la relación que existe entre la justicia chilena y norteamericana en torno a este caso, “el hecho de que se estén pidiendo antecedentes por parte de la Fiscalía, es porque en Estados Unidos hay una investigación, que involucra a varias firmas de abogados, en torno a las demandas presentadas por los accionistas minoritarios de la empresa y que han estado haciendo investigación también”.
En el oficio enviado el 10 de febrero pasado se detalla además la manera cómo el ex gerente general de la minera Patricio Contesse y el ex recaudador de recursos de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, se concertaron para, a juicio de la fiscalía, “distraer dineros” avaluados en un perjuicio al fisco de Chile de casi 50 millones de pesos.
En relación a su filial SQM Salar, Gómez describe que “durante los años 2012 y 2013, los imputados Patricio Contesse y Giorgio Martelli, se concertaron para distraer dineros”, dice el escrito. “Contesse generó ingresos injustificados del patrimonio social a favor del imputado Martelli”, agrega, cifrando en $245 millones el aporte total.
La fiscal del caso SQM Carmen Gloria Segura envió el 17 de febrero pasado un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) que contiene “antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios”.
El documento detalla que “se trata de la emisión de facturas de la empresa Creatika Comunicación Digital (de propiedad del periodista Claudio Canales) a la empresa Kybalion Estratégica Consultores y a la empresa Imaginacción Estratégica Consultores por servicios no prestados por el emisor de dichas empresas, sino al PPD”.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “Siempre estamos dispuestos a colaborar con la justicia”
“Primero quiero decir que en general, como corresponde, no hay que dar opinión sobre los procedimientos, las opiniones o las cartas que hacen los tribunales o la Fiscalía. Ellos están haciendo su trabajo y tienen que continuar haciéndolo. Por lo tanto yo estoy muy tranquilo”.
Con estas palabras, el ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a las diligencias solicitadas a Estados Unidos por el Ministerio Público en relación con los pagos realizados, entre otras, a su campaña presidencial.
El ex mandatario afirmó que está dispuesto a declarar en tribunales, si es que así es requerido: “Si hay una investigación, que me la digan. Siempre estamos dispuestos a colaborar con la justicia”.
Finalmente, y frente a la consulta sobre si efectivamente durante su campaña presidencial recibió dineros de parte de SQM, sostuvo: “No tengo ninguna invitación, ni tengo ningún cargo y entonces por lo tanto eso es lo que voy a decir, no voy a comentar más, porque ya he escuchado todo”.