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Criminalización de la protesta: El costo de ser estudiante movilizado

Sumarios por causas políticas, vulneraciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la Igualdad ante la ley, son algunas de las prácticas "propias de la Dictadura" que han sufrido estudiantes y dirigentes por alzar las banderas de la lucha estudiantil.

Victoria Viñals

  Martes 5 de abril 2016 10:58 hrs. 
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El 19 de agosto de 2015 la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) inició un sumario en contra del entonces estudiante de Trabajo Social, Miguel Moya. El 15 y 16 de julio se había realizado la toma de uno de los edificios de la Universidad y al estudiante se le acusó de haber sido “actor protagónico y líder de la ocupación”, y de destrozos y daños a la propiedad privada.

Pese a que existe una Federación de Estudiantes y que hubo, al menos, unos 50 participantes, Miguel fue sindicado como culpable. No sólo de los daños y de la toma, sino que también fue declarado culpable por negarse a colaborar con el procedimiento (pese a que prestó una detallada declaración de las acciones que realizó esos 15 y 16 de julio) y de encubrimiento por haberse negado a identificar al resto de los participantes de la movilización.

El 19 de enero la resolución fue certera: prohibición temporal de matrícula por tres semestres. Tras la sentencia, Miguel realizó una fuerte defensa que incluyó en su apelación y presentó ante el mismo rector de la Universidad, Claudio Elórtegui. Además recibió muestras de apoyo de diferentes sectores: historiadores, académicos de su facultad, compañeros de otras carreras y hasta apoyo internacional por lo que Miguel considera, se trata de persecución política y de una práctica de amedrentamiento.

“La Universidad me sancionó por una acción política en un contexto de movilización general y nacional y por no delatar a compañeras y compañeros. La Universidad Católica de Valparaíso quiere estudiantes que no se comprometan con las transformaciones sociales, quiere estudiantes que traicionen a quien tienen al lado, tanto así que utiliza un reglamento de disciplina escrito en Dictadura como herramienta de persecución política contra las y los luchadores sociales que estén dentro de su Universidad”, sostiene Miguel.

Ante el resultado del sumario, Miguel interpuso un recurso de protección que fue considerado admisible y rechazado finalmente este viernes. Miguel irá con su abogada a la Corte Suprema, para revertir la sanción sumaria que pesa en su contra.

Paralelamente, la PUCV interpuso una querella criminal en contra de Miguel, otro estudiante y todos quienes resulten responsables por los delitos de usurpación y daños a la propiedad, por la suma de 12 millones de pesos. El 24 de marzo el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en la causa, por considerar que no habían antecedentes suficientes para seguir con el caso.

Política de persecución y amedrentamiento

Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular, señala que en estos casos existen graves vulneraciones al debido proceso. En el caso específico de Miguel Moya, la conformación de un tribunal ad hoc, es decir, no conforme al reglamento de la Universidad, sino que designado específicamente para este caso.

Además, se le acusa de faltas que no están en el reglamento. Se le imputa que operó como encubridor de un delito y así mismo que guardó silencio, principios básicos del debido proceso.

“Esta ha sido en general la tónica en diferentes universidades. Hacen procedimientos irregulares que tienen como único objetivo expulsar al alumno. Se afecta el principio del debido proceso y también el principio de igualdad ante la ley porque vemos que a determinados estudiantes, que son dirigentes o que tienen determinadas posturas políticas se aplica el sumario, y a otros estudiantes en las mismas condiciones no se aplica”, afirma Betsabé Carrasco.

“En general, este tipo de procedimientos buscan perseguir dirigencias políticas disidentes y aplican normas internas que contienen procedimientos totalmente viciados. Las normativas internas no pueden vulnerar los principios generales reconocidos en la Constitución”, declara la abogada.

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Represión del movimiento estudiantil

Felipe Sánchez fue estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado hasta este año cuando fue expulsado por sanciones académicas luego de enfrentarse a tres sumarios. Sánchez es un caso emblemático de las persecuciones al interior de algunas universidades privadas, básicamente por ser sindicado en tres oportunidades de cometer faltas de distinto nivel al reglamento de la universidad jesuita.

En la primera oportunidad, se le acusó de haber roto una puerta en el contexto de una manifestación. Pese a que existen registros en los cuales se ve el momento en que la puerta se rompe por un grupo de estudiantes, el único identificado y sumariado es Felipe. En esa oportunidad, el estudiante y consejero externo de Ciencias Políticas, Eduardo Inostroza, fue a declarar a favor de Felipe, asunto por el cual también se le abrió un sumario y fue sancionado de la misma forma de quien intentó ayudar: un semestre de suspensión académica.

“De mi caso en adelante quedó latente la amenaza de que cualquier estudiante que se disponga a declarar en un sumario, también se va a tener que enfrentarse a uno”, relata Sánchez.

Ese segundo semestre de 2014 Felipe tuvo que dejar sus estudios por la suspensión, en el mes de octubre. El estudiante financiaba su carrera con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y con una beca interna de la Universidad, perdió el beneficio de la casa de estudios y se le cargaron a la deuda del crédito, los tres meses que alcanzó a asistir a clases, pese a que no lo dejaron terminar los ramos en curso y que posteriormente tuvo que repetirlos.

En marzo de 2015 Felipe se reincorporó a la Universidad y continuó participando activamente en el movimiento estudiantil y también en espacios de voluntariado dispuestos a ayudar a los damnificados del norte del país. En junio de ese año participó en la organización de una tocata para recaudar fondos, y por ese hecho se le llamó a un nuevo sumario. De nuevo, de un grupo de más de 50 personas, Felipe fue el único sumariado.

La falta catalogada como leve se configuraba, a juicio de la Universidad, porque la tocata “interrumpe el normal funcionamiento de las actividades académicas” a causa del ruido. Por este motivo Felipe fue dejado condicional, que significaba que ante cualquier falta sería expulsado definitivamente de la institución

En noviembre de 2015 se realizaron elecciones de Federación. La lista ganadora fue la del colectivo político de Felipe quien operó en esta oportunidad como jefe de campaña. A una semana del triunfo, se abrió un nuevo sumario en contra del estudiante por haber pintado un mural dentro de la Universidad. A juicio de las autoridades, el mural representaba “una falta gravísima”, catalogada como daño a la propiedad privada.

Pese a que el mural se había pintado en junio y que en su elaboración participaron más de 100 personas, Felipe fue el único perseguido por este hecho. El día de la audiencia, un grupo de estudiantes indignados por la situación de Felipe, irrumpieron en la sala con bombos y cánticos. La idea era impedir la realización del juicio por considerar ilegítima la instancia y las medidas tomadas por la autoridad. Ante lo que calificaron como “la intransigencia de las autoridades”, los estudiantes realizaron una ocupación pacífica de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago, para visibilizar la situación que enfrentan y para pedir mediación. La Vicaría llamó al diálogo.

Cuando el juicio pudo llevarse a cabo, la Universidad presentó como prueba la declaración de un guardia, sin firma, ni fecha, y la de otro funcionario que decía haber escuchado que Felipe estaba involucrado. Después de defenderse, el procedimiento quedó en nada y el estudiante nunca fue notificado del resultado de las acciones.

Ṕaralelamente, Felipe tuvo que enfrentar cierto hostigamiento de parte de algunos profesores, quienes incluso se negaron a permitirle rendir pruebas y evaluaciones argumentando que el estudiante no cumplía con los requisitos de asistencia, pese a que tenía fuero académico porque además de todo, trabaja para costear sus gastos.

Estas prohibiciones, sumadas al complejo escenario que estaba enfrentando, llevaron a Felipe a reprobar varias asignaturas, lo que supuso para él la expulsión por motivos académicos de la Universidad.

Pese al llamado de la Vicaría, y pese a todos los intentos, la UAH inició nueve sumarios en contra de algunos de los estudiantes que participaron en manifestaciones en apoyo a Felipe Sánchez. De los nueve casos, sólo uno fue absuelto y los demás fueron dejados condicionales. A pesar de que la condicionalidad era una sanción para faltas leves y no graves o gravísimas como los acusaron inicialmente.

Prácticas de la dictadura

Al igual que en el caso de Miguel, los sumarios a los que se enfrentó Felipe también implicaron vulneraciones graves al debido proceso, al de igualdad ante la ley y al de presunción de inocencia. Antes de la conformación del tribunal, autoridades administrativas juzgan los hechos y asignan un estatuto determinado. Faltas leves, graves y gravísimas tienen procedimientos diferentes y sanciones preestablecidas de distinta lesividad.

Además, se repite la variable de que de un grupo de estudiantes, sólo uno o dos son perseguidos y son justamente, quienes tienen cargos de representatividad o liderazgo entre sus compañeros, además de ideas políticas de izquierda consideradas “no institucionales”.

En el caso de Felipe existieron, además, otras faltas al debido proceso. La última audiencia que tuvo durante su sumario se realizó por videoconferencia. Felipe pudo ver a las tres personas que eran parte de la comisión designada para juzgarlo, y pudo escuchar las voces de otras personas que estaban en la sala y que no mostraron en ningún momento su rostro. También, el denunciante y representante en este caso de la Universidad, estuvo sentado frente al acusado en la misma mesa que quienes juzgaban, restando, a juicio de Felipe, la imparcialidad e independencia que un tribunal debería tener.

“No se pueden entender como casos aislados. Siempre que hay momentos de paralización se realizan sumarios, desde el 2010 en adelante no ha habido un año que no haya sumarios a dirigentes políticos. Yo estoy consciente de que existe un aparato de represión en la Universidad que es Servicios Generales, presidido por Tomás Fuenzalida. Se que es una política de la Universidad en contra de quienes se movilizan”, señala Felipe Sanchez.

“Si bien es una persecución personal, el mayor objetivo es el movimiento. Buscan amedrentar a los estudiantes, infundir temor a movilizarse. Y también desarticular a las movilizaciones de las carreras. Es una práctica heredada de la Dictadura para desarticular el movimiento estudiantil y social”, declara el ex estudiante de Ciencias Políticas.

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Cada uno es dueño de su propio feudo”

Marta Matamala, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) explica que han recibido denuncias por persecuciones a estudiantes de base e incluso hacia las Federaciones y Centros de Estudiantes.

“Es bastante preocupante, no se trata sólo de enfrentarse al exceso de fuerza de Carabineros, sino que además tiene consecuencias en las universidades, dentro de las cuales además nosotros no podemos participar porque no tenemos parte de la administración universitaria. Muchas veces incluso los estudiantes no pueden ni siquiera levantar defensas”, explica la dirigente.

“Hemos conversado directamente con los rectores implicados y hasta hemos pedido la mediación de otros rectores que son más progresistas, por decirlo de alguna manera, y no ha pasado nada. El problema es que las Universidades como están administradas hoy en día cada uno es dueño de su propio feudo. Cada uno hace lo que quiere a menos que el Mineduc intervenga, lo que por supuesto no ocurre en este tipo de casos”, declara enfática.

Dentro de las denuncias que ha podido recoger la Confech, se mencionan casos similares en la Universidad del Bio-Bio, Católica de Temuco, Católica de Valparaiso y la Universidad de Santiago. En las instituciones privadas existen denuncias por sumarios y persecuciones en la Universidad Central, Católica Silva Henríquez y, por cierto, la Alberto Hurtado,

“Lo único que le falta hacer a la Confech es interponer recursos legales en contra de los rectores por estos casos. Pero es una situación complicada, porque si bien hay rectores que tienen políticas persecutorias, hay otros que hasta han mediado para frenar estas actitudes. Es complejo también para la Confech, porque los esfuerzos han estado puestos en avanzar en conjunto con el Cruch”, afirma Marta Matamala.

Tanto Felipe como Miguel esperan que los casos como los que ellos han tenido que enfrentar no permanezcan como hechos aislados y que se pueda enfrentar el asunto desde un punto de vista político.

“Hago un llamado a que seamos nosotros quienes marquemos un precedente, un precedente de solidaridad, un llamado a que dejemos en claro que no nos dejaremos amedrentar y que seguiremos esta lucha con más organización y convicción que nunca sin dejar a ningún compañero o compañera en el camino”, concluye Miguel.

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