Luego del consejo de gabinete que se realizó este lunes, donde la presidenta Michelle Bachelet convocó a sus 23 ministros, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz se refirió al mecanismo que utilizaría el Ejecutivo para dar curso a la Reforma Laboral, luego que el Tribunal Constitucional rechazara uno de sus puntos esenciales: La titularidad sindical.
Si bien la ministra del Trabajo Ximena Rincón insiste en recurrir al veto presidencial antes de conocer el fallo completo, el vocero Marcelo Díaz insistió en esperar los detalles del documento y, a partir de esto, tomar una decisión respecto del tema.
Esto, a pesar de que podría generarse un alcance de fechas considerando que el plazo máximo para presentar el veto presidencial es el próximo sábado 7 de mayo, mientras que el Tribunal dará a conocer el documento el próximo lunes 9 de mayo, situación que planteó el mismo Marcelo Díaz.
“Estamos teniendo que tomar decisiones sin el contenido del fallo. El plazo de presentación del veto vence el 7 de mayo y según lo que se nos ha señalado el fallo se presentará el 9 de mayo. Entonces, lo que nos ha encargado la presidenta Bachelet al comité político y a la ministra Rincón, es que veamos opciones alternativas para que ella pueda tomar una decisión al respecto”, indicó.
El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, por su parte, tampoco quiso adelantarse a dar una respuesta definitiva sobre optar por un veto presidencial del proyecto.
Mientras, en el marco de la firma del proyecto de ley que creó el Fondo de Infraestructura, y consultado sobre si una nueva discusión de la Reforma Laboral aplazaría este y otros programas de la agenda del gobierno, Valdés aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional “le quita tiempo y energía al Gobierno” pero no postergará su programa.
“Sin duda nos quita tiempo y energías, va a generar más discusiones como las que hemos tenido esta semana, pero podemos hacer más de una cosa a la vez y seguir en la línea que nos ha encargado la presidenta Bachelet en materia de aumentar la productividad”, recalcó el secretario de Estado.
Para el senador socialista y miembro de la comisión del trabajo, Juan Pablo Letelier, la indefinición del Gobierno respecto del veto presidencial no significa quitarle el piso a la cartera de Trabajo. Más bien, reconoció que más allá de la presentación del veto se deben efectuar perfeccionamientos a través de otros mecanismos a normas que habían sido aprobadas en el Congreso.
Además, el parlamentario sostuvo que si la reforma no cuenta con titularidad sindical el veto debería eliminar los pactos de adaptabilidad, los servicios mínimos en caso de huelga y revisar los quórums sindicales para no generar “desequilibrios” a las materias aprobadas.
Recordemos que el plazo máximo para que el Tribunal Constitucional entregue el fallo completa es el próximo lunes 9 de mayo.
Luego del consejo de gabinete que se realizó este lunes, donde la presidenta Michelle Bachelet convocó a sus 23 ministros, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz se refirió al mecanismo que utilizaría el Ejecutivo para dar curso a la Reforma Laboral, luego que el Tribunal Constitucional rechazara uno de sus puntos esenciales: La titularidad sindical.
Si bien la ministra del Trabajo Ximena Rincón insiste en recurrir al veto presidencial antes de conocer el fallo completo, el vocero Marcelo Díaz insistió en esperar los detalles del documento y, a partir de esto, tomar una decisión respecto del tema.
Esto, a pesar de que podría generarse un alcance de fechas considerando que el plazo máximo para presentar el veto presidencial es el próximo sábado 7 de mayo, mientras que el Tribunal dará a conocer el documento el próximo lunes 9 de mayo, situación que planteó el mismo Marcelo Díaz.
“Estamos teniendo que tomar decisiones sin el contenido del fallo. El plazo de presentación del veto vence el 7 de mayo y según lo que se nos ha señalado el fallo se presentará el 9 de mayo. Entonces, lo que nos ha encargado la presidenta Bachelet al comité político y a la ministra Rincón, es que veamos opciones alternativas para que ella pueda tomar una decisión al respecto”, indicó.
El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, por su parte, tampoco quiso adelantarse a dar una respuesta definitiva sobre optar por un veto presidencial del proyecto.
Mientras, en el marco de la firma del proyecto de ley que creó el Fondo de Infraestructura, y consultado sobre si una nueva discusión de la Reforma Laboral aplazaría este y otros programas de la agenda del gobierno, Valdés aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional “le quita tiempo y energía al Gobierno” pero no postergará su programa.
“Sin duda nos quita tiempo y energías, va a generar más discusiones como las que hemos tenido esta semana, pero podemos hacer más de una cosa a la vez y seguir en la línea que nos ha encargado la presidenta Bachelet en materia de aumentar la productividad”, recalcó el secretario de Estado.
Para el senador socialista y miembro de la comisión del trabajo, Juan Pablo Letelier, la indefinición del Gobierno respecto del veto presidencial no significa quitarle el piso a la cartera de Trabajo. Más bien, reconoció que más allá de la presentación del veto se deben efectuar perfeccionamientos a través de otros mecanismos a normas que habían sido aprobadas en el Congreso.
Además, el parlamentario sostuvo que si la reforma no cuenta con titularidad sindical el veto debería eliminar los pactos de adaptabilidad, los servicios mínimos en caso de huelga y revisar los quórums sindicales para no generar “desequilibrios” a las materias aprobadas.
Recordemos que el plazo máximo para que el Tribunal Constitucional entregue el fallo completa es el próximo lunes 9 de mayo.
Luego del consejo de gabinete que se realizó este lunes, donde la presidenta Michelle Bachelet convocó a sus 23 ministros, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz se refirió al mecanismo que utilizaría el Ejecutivo para dar curso a la Reforma Laboral, luego que el Tribunal Constitucional rechazara uno de sus puntos esenciales: La titularidad sindical.
Si bien la ministra del Trabajo Ximena Rincón insiste en recurrir al veto presidencial antes de conocer el fallo completo, el vocero Marcelo Díaz insistió en esperar los detalles del documento y, a partir de esto, tomar una decisión respecto del tema.
Esto, a pesar de que podría generarse un alcance de fechas considerando que el plazo máximo para presentar el veto presidencial es el próximo sábado 7 de mayo, mientras que el Tribunal dará a conocer el documento el próximo lunes 9 de mayo, situación que planteó el mismo Marcelo Díaz.
“Estamos teniendo que tomar decisiones sin el contenido del fallo. El plazo de presentación del veto vence el 7 de mayo y según lo que se nos ha señalado el fallo se presentará el 9 de mayo. Entonces, lo que nos ha encargado la presidenta Bachelet al comité político y a la ministra Rincón, es que veamos opciones alternativas para que ella pueda tomar una decisión al respecto”, indicó.
El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, por su parte, tampoco quiso adelantarse a dar una respuesta definitiva sobre optar por un veto presidencial del proyecto.
Mientras, en el marco de la firma del proyecto de ley que creó el Fondo de Infraestructura, y consultado sobre si una nueva discusión de la Reforma Laboral aplazaría este y otros programas de la agenda del gobierno, Valdés aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional “le quita tiempo y energía al Gobierno” pero no postergará su programa.
“Sin duda nos quita tiempo y energías, va a generar más discusiones como las que hemos tenido esta semana, pero podemos hacer más de una cosa a la vez y seguir en la línea que nos ha encargado la presidenta Bachelet en materia de aumentar la productividad”, recalcó el secretario de Estado.
Para el senador socialista y miembro de la comisión del trabajo, Juan Pablo Letelier, la indefinición del Gobierno respecto del veto presidencial no significa quitarle el piso a la cartera de Trabajo. Más bien, reconoció que más allá de la presentación del veto se deben efectuar perfeccionamientos a través de otros mecanismos a normas que habían sido aprobadas en el Congreso.
Además, el parlamentario sostuvo que si la reforma no cuenta con titularidad sindical el veto debería eliminar los pactos de adaptabilidad, los servicios mínimos en caso de huelga y revisar los quórums sindicales para no generar “desequilibrios” a las materias aprobadas.
Recordemos que el plazo máximo para que el Tribunal Constitucional entregue el fallo completa es el próximo lunes 9 de mayo.
