Dentro de las muchas debilidades que tiene nuestro Estado es la de no contar fuera de él con organismos que sean su contraparte y que puedan hacer la labor de vigilancia y retroalimentación sobre las tareas que desarrolla. Es el ámbito de las políticas públicas, las que desde el Estado son ampliamente publicitadas una vez que entran en vigor, pero que a partir de entonces se sumergen en un espacio oscuro e indeterminado, del que la opinión pública queda relegada. Hay quienes podrían decir que esa es tarea del Poder Legislativo, ese brazo estatal que tiene a su cargo la labor fiscalizadora, sin embargo, su rol está más vinculado con resolver problemas que evaluar lo que está marchando bien. No es tarea de las comisiones legislativos de la Cámara de Diputados, ojalá así fuera, emitir informes permanentes que entreguen un balance de las políticas públicas que se han implementado a partir de las leyes que allí se discuten. Lo que de allí surge son iniciativas que buscan mejorar ciertas legislaciones y para ser realistas, resolver directamente los múltiples conflictos que surgen con la legalidad e implementación de ésta en las más diversas áreas del quehacer y desarrollo de nuestro país.
Por eso es que en el área del libro y la lectura fue tan importante que la Política Nacional que surgió el año pasado, después de un trabajo inéditamente colaborativo entre distintas instancias públicas y privadas, haya contemplado un sistema de seguimiento y de evaluación permanente. Es decir, el mismo Estado dispuso de un mecanismo que “permitirá verificar en el período en que se proyecta la política, la implementación y cumplimiento de las medidas asociadas”. Un trabajo que costó se entendiera dentro del mismo Consejo del Libro y la Lectura al comienzo, pero que, al parecer, se estaría comprendiendo cuando se están creando los cargos y equipos que se encargarán de una tarea nada fácil como indispensable. ¿Quién puede hoy verificar en el ámbito del libro y la lectura que lo que nos diga el Estado es efectivo? Con ese objetivo, el ex presidente de la Cámara del Libro junto a la ex vicerrectora de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Arturo Infante y Sonia Montecino, respectivamente, crearon una instancia al alero de la universidad estatal llamada Observatorio del Libro y la Lectura, un órgano que hoy es más representativo del mundo editorial luego de la inclusión de otras instancias gremiales, pero que, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos aunque sí humanos necesarios para desarrollar la labor fiscalizadora a la que está llamado a realizar. Por esto los resultados que emanen desde el mismo Estado son los únicos con los que contaremos, por ahora, para tener un diagnóstico sobre la marcha e implementación de este Plan de Lectura tan ambicioso como necesario.
Lo que sí estamos seguros es que desde esta instancia evaluativa nada se dirá sobre el gravoso impuesto al que está sometido el libro en Chile. Ese 19 por ciento de IVA que encarece al libro y que le da un tratamiento desde el Estado como si se tratara de cualquier otra mercancía, como un zapato o un vestido. Peor aún cuando es el mismo Estado el que ha librado del pago del IVA a quienes pagan entradas para asistir a partido de fútbol o un concierto de música. Que no se diga que disminuirle el IVA a los libros significaría una diferencia que se haría irresistible frente a las demandas de otros productos básicos más necesarios, como el pan o el agua, porque como ya vemos, la política de fomento de fútbol ha sido bastante exitosa.
Como ya sabemos que el Estado ha hecho oídos sordos frente a las constantes peticiones para que considere al libro como un bien cultural indispensable para el cultivo de nuestros habitantes, es posible que en poco tiempo deba, sin embargo, ceder a la petición debido a una exigencia que vendrá desde el exterior. Hay una iniciativa para que durante la realización de la próxima feria del Libro que se desarrolla en Barcelona, llamada Liber, se produzca un documento que solicite a los gobiernos que serán parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse en dos años, para que el libro se libere de aranceles en nuestro continente.
En estos momentos y hasta el 12 de junio se estará desarrollando la Feria del Libro de Madrid y las conversaciones entre los diferentes gremios va en el sentido de fortificar una industria que necesita de políticas públicas que vayan en ese sentido, dentro y fuera de España. Ya sabemos que el mercado editorial español ha tenido siete años de pérdidas seguidos, sin embargo, la exportación de libros hacia nuestro continente les ha permitido “amortiguar” los golpes de la economía. Al Estado chileno pareciera afectarle poco esto de que nuestras bibliotecas se alimenten en demasía de libros extranjeros antes que de los producidos en Chile. No es cuestión de chovinismo sino que de bibliodiversidad.
Pero lo más probable es que el Estado de Chile ceda a esta solicitud de rebajar el IVA a los libros cuando sea prácticamente conminado a ello por la comunidad internacional. Y es que el problema es que al Estado también le falta mucha lectura.
Dentro de las muchas debilidades que tiene nuestro Estado es la de no contar fuera de él con organismos que sean su contraparte y que puedan hacer la labor de vigilancia y retroalimentación sobre las tareas que desarrolla. Es el ámbito de las políticas públicas, las que desde el Estado son ampliamente publicitadas una vez que entran en vigor, pero que a partir de entonces se sumergen en un espacio oscuro e indeterminado, del que la opinión pública queda relegada. Hay quienes podrían decir que esa es tarea del Poder Legislativo, ese brazo estatal que tiene a su cargo la labor fiscalizadora, sin embargo, su rol está más vinculado con resolver problemas que evaluar lo que está marchando bien. No es tarea de las comisiones legislativos de la Cámara de Diputados, ojalá así fuera, emitir informes permanentes que entreguen un balance de las políticas públicas que se han implementado a partir de las leyes que allí se discuten. Lo que de allí surge son iniciativas que buscan mejorar ciertas legislaciones y para ser realistas, resolver directamente los múltiples conflictos que surgen con la legalidad e implementación de ésta en las más diversas áreas del quehacer y desarrollo de nuestro país.
Por eso es que en el área del libro y la lectura fue tan importante que la Política Nacional que surgió el año pasado, después de un trabajo inéditamente colaborativo entre distintas instancias públicas y privadas, haya contemplado un sistema de seguimiento y de evaluación permanente. Es decir, el mismo Estado dispuso de un mecanismo que “permitirá verificar en el período en que se proyecta la política, la implementación y cumplimiento de las medidas asociadas”. Un trabajo que costó se entendiera dentro del mismo Consejo del Libro y la Lectura al comienzo, pero que, al parecer, se estaría comprendiendo cuando se están creando los cargos y equipos que se encargarán de una tarea nada fácil como indispensable. ¿Quién puede hoy verificar en el ámbito del libro y la lectura que lo que nos diga el Estado es efectivo? Con ese objetivo, el ex presidente de la Cámara del Libro junto a la ex vicerrectora de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Arturo Infante y Sonia Montecino, respectivamente, crearon una instancia al alero de la universidad estatal llamada Observatorio del Libro y la Lectura, un órgano que hoy es más representativo del mundo editorial luego de la inclusión de otras instancias gremiales, pero que, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos aunque sí humanos necesarios para desarrollar la labor fiscalizadora a la que está llamado a realizar. Por esto los resultados que emanen desde el mismo Estado son los únicos con los que contaremos, por ahora, para tener un diagnóstico sobre la marcha e implementación de este Plan de Lectura tan ambicioso como necesario.
Lo que sí estamos seguros es que desde esta instancia evaluativa nada se dirá sobre el gravoso impuesto al que está sometido el libro en Chile. Ese 19 por ciento de IVA que encarece al libro y que le da un tratamiento desde el Estado como si se tratara de cualquier otra mercancía, como un zapato o un vestido. Peor aún cuando es el mismo Estado el que ha librado del pago del IVA a quienes pagan entradas para asistir a partido de fútbol o un concierto de música. Que no se diga que disminuirle el IVA a los libros significaría una diferencia que se haría irresistible frente a las demandas de otros productos básicos más necesarios, como el pan o el agua, porque como ya vemos, la política de fomento de fútbol ha sido bastante exitosa.
Como ya sabemos que el Estado ha hecho oídos sordos frente a las constantes peticiones para que considere al libro como un bien cultural indispensable para el cultivo de nuestros habitantes, es posible que en poco tiempo deba, sin embargo, ceder a la petición debido a una exigencia que vendrá desde el exterior. Hay una iniciativa para que durante la realización de la próxima feria del Libro que se desarrolla en Barcelona, llamada Liber, se produzca un documento que solicite a los gobiernos que serán parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse en dos años, para que el libro se libere de aranceles en nuestro continente.
En estos momentos y hasta el 12 de junio se estará desarrollando la Feria del Libro de Madrid y las conversaciones entre los diferentes gremios va en el sentido de fortificar una industria que necesita de políticas públicas que vayan en ese sentido, dentro y fuera de España. Ya sabemos que el mercado editorial español ha tenido siete años de pérdidas seguidos, sin embargo, la exportación de libros hacia nuestro continente les ha permitido “amortiguar” los golpes de la economía. Al Estado chileno pareciera afectarle poco esto de que nuestras bibliotecas se alimenten en demasía de libros extranjeros antes que de los producidos en Chile. No es cuestión de chovinismo sino que de bibliodiversidad.
Pero lo más probable es que el Estado de Chile ceda a esta solicitud de rebajar el IVA a los libros cuando sea prácticamente conminado a ello por la comunidad internacional. Y es que el problema es que al Estado también le falta mucha lectura.
Dentro de las muchas debilidades que tiene nuestro Estado es la de no contar fuera de él con organismos que sean su contraparte y que puedan hacer la labor de vigilancia y retroalimentación sobre las tareas que desarrolla. Es el ámbito de las políticas públicas, las que desde el Estado son ampliamente publicitadas una vez que entran en vigor, pero que a partir de entonces se sumergen en un espacio oscuro e indeterminado, del que la opinión pública queda relegada. Hay quienes podrían decir que esa es tarea del Poder Legislativo, ese brazo estatal que tiene a su cargo la labor fiscalizadora, sin embargo, su rol está más vinculado con resolver problemas que evaluar lo que está marchando bien. No es tarea de las comisiones legislativos de la Cámara de Diputados, ojalá así fuera, emitir informes permanentes que entreguen un balance de las políticas públicas que se han implementado a partir de las leyes que allí se discuten. Lo que de allí surge son iniciativas que buscan mejorar ciertas legislaciones y para ser realistas, resolver directamente los múltiples conflictos que surgen con la legalidad e implementación de ésta en las más diversas áreas del quehacer y desarrollo de nuestro país.
Por eso es que en el área del libro y la lectura fue tan importante que la Política Nacional que surgió el año pasado, después de un trabajo inéditamente colaborativo entre distintas instancias públicas y privadas, haya contemplado un sistema de seguimiento y de evaluación permanente. Es decir, el mismo Estado dispuso de un mecanismo que “permitirá verificar en el período en que se proyecta la política, la implementación y cumplimiento de las medidas asociadas”. Un trabajo que costó se entendiera dentro del mismo Consejo del Libro y la Lectura al comienzo, pero que, al parecer, se estaría comprendiendo cuando se están creando los cargos y equipos que se encargarán de una tarea nada fácil como indispensable. ¿Quién puede hoy verificar en el ámbito del libro y la lectura que lo que nos diga el Estado es efectivo? Con ese objetivo, el ex presidente de la Cámara del Libro junto a la ex vicerrectora de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Arturo Infante y Sonia Montecino, respectivamente, crearon una instancia al alero de la universidad estatal llamada Observatorio del Libro y la Lectura, un órgano que hoy es más representativo del mundo editorial luego de la inclusión de otras instancias gremiales, pero que, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos aunque sí humanos necesarios para desarrollar la labor fiscalizadora a la que está llamado a realizar. Por esto los resultados que emanen desde el mismo Estado son los únicos con los que contaremos, por ahora, para tener un diagnóstico sobre la marcha e implementación de este Plan de Lectura tan ambicioso como necesario.
Lo que sí estamos seguros es que desde esta instancia evaluativa nada se dirá sobre el gravoso impuesto al que está sometido el libro en Chile. Ese 19 por ciento de IVA que encarece al libro y que le da un tratamiento desde el Estado como si se tratara de cualquier otra mercancía, como un zapato o un vestido. Peor aún cuando es el mismo Estado el que ha librado del pago del IVA a quienes pagan entradas para asistir a partido de fútbol o un concierto de música. Que no se diga que disminuirle el IVA a los libros significaría una diferencia que se haría irresistible frente a las demandas de otros productos básicos más necesarios, como el pan o el agua, porque como ya vemos, la política de fomento de fútbol ha sido bastante exitosa.
Como ya sabemos que el Estado ha hecho oídos sordos frente a las constantes peticiones para que considere al libro como un bien cultural indispensable para el cultivo de nuestros habitantes, es posible que en poco tiempo deba, sin embargo, ceder a la petición debido a una exigencia que vendrá desde el exterior. Hay una iniciativa para que durante la realización de la próxima feria del Libro que se desarrolla en Barcelona, llamada Liber, se produzca un documento que solicite a los gobiernos que serán parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse en dos años, para que el libro se libere de aranceles en nuestro continente.
En estos momentos y hasta el 12 de junio se estará desarrollando la Feria del Libro de Madrid y las conversaciones entre los diferentes gremios va en el sentido de fortificar una industria que necesita de políticas públicas que vayan en ese sentido, dentro y fuera de España. Ya sabemos que el mercado editorial español ha tenido siete años de pérdidas seguidos, sin embargo, la exportación de libros hacia nuestro continente les ha permitido “amortiguar” los golpes de la economía. Al Estado chileno pareciera afectarle poco esto de que nuestras bibliotecas se alimenten en demasía de libros extranjeros antes que de los producidos en Chile. No es cuestión de chovinismo sino que de bibliodiversidad.
Pero lo más probable es que el Estado de Chile ceda a esta solicitud de rebajar el IVA a los libros cuando sea prácticamente conminado a ello por la comunidad internacional. Y es que el problema es que al Estado también le falta mucha lectura.
