La Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria dio a conocer una propuesta alternativa a los informes realizados por la Comisión Asesora Presidencial sobre las modificaciones que requiere el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El grupo, integrado por veinte organizaciones ciudadanas y siete parlamentarios, inició el trabajo en marzo de 2015. Se trata de un documento que detalla las bases y criterios que deberían incluirse en las cinco etapas que integran este proceso de evaluación y que destaca principios como el derecho a la participación ciudadana, la justicia ambiental, la sustentabilidad del territorio y el principio contaminador-pagador.
Al respecto la diputada PPD e integrante de la comisión de medio ambiente de la Cámara, Cristina Girardi, sostuvo que se están reforzando los criterios técnicos comprometidos en las evaluaciones de estos proyectos. “Se están reforzando los principios de prevención y precautorios, principalmente para evitar la contaminación. Hay informes, por ejemplo, el de Pelambres, que en algún minuto para mitigar tenía que hacer un determinado proyecto y una vez aprobado modifica ese plan de mitigación”, comentó la parlamentaria.
Según explicó la subdirectora de proyectos de Chile Sustentable, Colombina Shaeffer, la propuesta busca garantizar la completa independencia institucional de esta medición, eliminando las Comisiones de Evaluación y el Comité de Ministros. “Esto no puede ser porque las decisiones deben ser técnicas y muy reglamentadas para evitar la arbitrariedad”, señaló.
El abogado y director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Ezio Costa, aseguró que la normativa ambiental no puede ser vista como un obstáculo para el desarrollo económico como, a su juicio, estaría considerando la propuesta del Ejecutivo. “Se interpreta del informe de la OCDE, presentado hace poco tiempo, que esta es claramente una cuestión de la que hay que hacerse cargo para tener una sociedad más igualitaria, es decir, avanzar hacia la justicia ambiental”, recalcó el ambientalista.
De esta manera, la propuesta define las competencias que deben tener los órganos de la Administración del Estado sobre materia ambiental en la evaluación de todas y cada una de las normas vigentes en el país, como los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).
En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), Francisco Cabrera, insistió en la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial en estas mediciones.“La idea es darle más autonomía al Servicio de Evaluación Ambiental, y por otro lado, avanzar en ordenamiento territorial porque si existiera no serían las empresas que definieran dónde instalar proyectos y serían las comunidades que tendrían participación en este tipo de decisiones”, precisó.
En julio pasado el ministro de Medio ambiente, Pablo Badenier, entregó a la presidenta Michelle Bachelet una propuesta con 25 puntos para modificar el mecanismo de evaluación ambiental vigente y que, en su momento, contó con la participación de representantes del mundo público y privado, además de académicos y parlamentarios. Dentro de sus planteamientos se encuentra mantener el Comité de Ministros como una instancia superior al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que todo proyecto se someta a dos etapas: una fase temprana estratégica en relación al estudio y análisis del entorno y los componentes ambientales eventualmente afectados; y, una fase posterior que corresponde a la evaluación ambiental propiamente tal.