En la antesala de la cuenta pública, el director ejecutivo de la ONG FIMA destacó algunas medidas como la firma del Acuerdo Escazú y al mismo tiempo cuestionó la falta de acción del Gobierno frente a la crisis hídrica.
El Presidente Gabriel Boric anunció que el tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe será ratificado durante este mes, luego del rechazo de la administración anterior debido a supuestas vulneraciones a la legislación interna. “Es un acuerdo que complementa y no restringe la soberanía de los estados”, señaló el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros.
En conversación con el programa Radioanálisis, el abogado y académico de la Universidad de Chile analizó el proyecto que modifica el Código de Aguas, iniciativa que se encuentra en el Senado y que podría ver la luz a fines de 2021. “Es evidente que hay muchos intereses en juego”, dijo.
En conversación con nuestro medio, la vocera de Alianza Humboldt, Nancy Duman, aseguró que la arremetida de la empresa es un nuevo proyecto y que tendría que pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El Ejecutivo anunció el envío de una prenormativa que tipificaría nuevas infracciones y establecería sanciones penales por hechos calificados como graves. Abogados del sector y ONGs nos dieron a conocer su parecer sobre el eventual nuevo reglamento.
Si bien la idea de entregar a privados algunos sectores de Áreas Silvestres Protegidas surgió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, no fue hasta hace un par de días que la idea se concretó, causando por un lado la alegría del Gobierno que asegura está fomentando el turismo, pero por otro, la decepción de quienes afirman que se vulnera el medio ambiente.
Organizaciones medioambientales como integrantes del Congreso, valoraron el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que ratificó el rechazo al proyecto hidroeléctrico. De todas maneras, llamaron a estar atentos frente a los próximos pasos de la empresa para intentar reflotar la iniciativa.
Desde la agrupación señalaron que el diseño aún no está aprobado. Además, recalcaron que la empresa brasileña OAS aún se mantiene a la cabeza del proyecto.
El documento será presentado al Ejecutivo para que evalúe los criterios que deben ser integrados en los informes ya realizados por la Comisión Asesora Presidencial sobre esta materia.
Luego que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara el proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, organizaciones de Aysén, políticos y abogados afinan detalles para una respuesta judicial que permita detener la construcción de las represas. Los opositores argumentan en la grave amenaza que esta inversión significa para los habitantes, con amplia crítica a la institucionalidad ambiental.
